La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para la Sindicatura Electoral del 1-O
El primer escrito de acusación de la Fiscalía en relación a los participantes en el referéndum del 1-O está lejos de poder considerarse benévolo. El ministerio público pide dos años y nueve meses de cárcel para los cinco académicos y juristas que conformaron la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la votación pero que fue disuelto antes del referéndum ante la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional a sus miembros.
En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía califica las dos semanas que pasaron en el cargo los síndicos Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Marta Alsina, Josep Pagès como un delito de desobediencia grave a la autoridad y otro de usurpación de funciones, que castiga el ejercicio “ilegítimo” de actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial.
De forma alternativa, el ministerio público solicita que los síndicos sean condenados a un año de inhabilitación y a una multa de 5.400 euros por desobediencia, pero en su vertiente menos grave –el delito por el que fue inhabilitado dos años Artur Mas por el 9-N.
“Los acusados, manteniendo inquebrantable su voluntad de ignorar los acuerdos y requerimientos del Tribunal Constitucional, aprobaron resoluciones constituidos como Sindicatura Electoral, que fueron difundidas en las páginas web oficiales de la Generalitat de Catalunya”, reza el escrito de acusación de la Fiscalía.
Entre las resoluciones que aprobaron los síndicos pese a que la ley del reférendum por la que se creó el ente fue suspendida por el Constitucional, destacan la designación de los síndicos territoriales, la validación de las acreditaciones de organizaciones e interventores interesados en participar en el referéndum, la supervisión de la campaña institucional del 1-O y un acuerdo por el que se daba publicidad sobre los plazos de la campaña, la jornada de reflexión y el día de votación.
Cabe recordar que la instrucción de la causa contra los síndicos se alargó porque la Fiscalía insistió en investigarlos por malversación, pero finalmente este delito se descartó después de que la Guardia Civil descartara el empleo de fondos públicos. Los exmiembros de la Sindicatura han reaccionado a través de Twitter a la acusación de la Fiscalía con el hashtag “#PosarUrnesNoÉsDelicte”, esto es, “poner urnas no es delito”.
