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La Pompeu Fabra investigará el cobro irregular de remuneraciones en empresas privadas de dos de sus catedráticos

Los catedráticos de Economía Teresa Garcia-Milà y José García Montalvo.

Pol Pareja

Barcelona —

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La Universitat Pompeu Fabra (UPF) investigará el cobro de grandes salarios durante años por parte de dos de sus catedráticos de Economía, José García Montalvo y Teresa García-Milà, mientras trabajaban en la universidad con un régimen de funcionarios en dedicación exclusiva.

La decisión de la universidad llega después de que el lunes este periódico desvelara que ambos han estado cobrando remuneraciones de casi 300.000 euros anuales por participar en los consejos de administración de Abanca y Repsol respectivamente.

La información de elDiario.es explicaba que la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) había considerado una “irregularidad” la compaginación de ambas tareas y apuntaba “indicios de fraude o corrupción” en la actuación de estos catedráticos, un hecho compatible con “responsabilidades muy graves”.

Inicialmente la Pompeu Fabra aseguró que “debían valorar” si correspondía iniciar algún procedimiento ya que ambos habían regularizado su situación y habían pasado a un régimen de dedicación parcial. Fuentes del centro sostenían la semana pasada que para ellos el caso estaba ya cerrado. Apenas tres días después, sin embargo, la UPF ha decidido abrir este “procedimiento informativo”. Desde la universidad precisan que este procedimiento servirá para “esclarecer los hechos” y poder “determinar” si se debe abrir “algún otro tipo de procedimiento”.

Precisamente Antifrau, en una resolución a la que tuvo acceso esta redacción, preguntó a la Pompeu Fabra qué medidas pretendía tomar respecto a ambos docentes, ya que consideraba que los catedráticos habían podido cometer una infracción disciplinaria que podría dar lugar a la incoación de un expediente sancionador.

Los dos economistas explicaron que ellos preguntaron “de manera informal” si podían compatibilizar su régimen de dedicación completa con las tareas en sendos consejos de administración. Siempre según su relato, los dos contaron con la aprobación de la UPF aunque ninguno de ellos tramitó la solicitud por los cauces requeridos. Ni la universidad ni los catedráticos han precisado cuándo, a quién y de qué manera se pidieron esas autorizaciones.

La Oficina Antifrau también investiga los cobros que recibió el exrector de la universidad, Jaume Casals, que compaginó durante décadas su dedicación exclusiva a la universidad con la remuneración por dirigir una fundación privada, en una investigación que todavía sigue abierta.

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