Puigdemont se juega su inmunidad y desencallar la partida con Llarena a las puertas del 23J

Carles Puigdemont afronta una semana clave para su futuro judicial. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) publicará este miércoles la sentencia sobre la inmunidad del expresident como eurodiputado. La decisión judicial, de importancia para la reactivación del proceso de extradición del ahora europarlamentario de Junts, se emitirá en un contexto político de alto voltaje: España acaba de estrenar la presidencia del Consejo de la UE y la campaña electoral del 23J arrancará un día después del fallo europeo.

El entorno del expresident viene alentando desde hace meses la posibilidad de que la sentencia del TGUE abra la puerta al retorno a Catalunya este mismo año. Más allá de las expectativas, la decisión final recae sobre Puigdemont y sus circunstancias personales. El expresident ya sabe lo que es pisar la cárcel –pasó 12 días en la prisión alemana de Neumünster–, pero hasta ahora ha salido airoso de todos los intentos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de traerle a España esposado.

Es muy difícil que una sentencia del TGUE imponga a una autoridad de un estado miembro un veto tan concreto como el arresto de un ciudadano en cuyo país pesa una orden de detención. En otras palabras, es improbable que los jueces europeos prohíban al juez Llarena detener a Puigdemont si vuelve a España.

Saber si Puigdemont puede mantener la inmunidad sí es importante de cara a su eventual extradición, toda vez que este derecho es el principal escudo del expresident contra su entrega a España. Perder la inmunidad no equivale a una extradición automática (Bélgica deberá volver a analizarla en cualquier caso), pero sí supone quedarse sin una protección clave.

La sentencia de este miércoles es la otra decisión europea que el juez Llarena espera para reactivar las peticiones de entrega de los dirigentes independentistas después de que los magistrados de Luxemburgo ya resolvieran sus cuestiones prejudiciales y redujeran (aunque no eliminaran) el margen de Bélgica para rechazarlas. Cabe recordar, no obstante, que Llarena podría haber reactivado desde hace meses la euroorden contra el exconseller Lluís Puig, que no es eurodiputado, pero no lo ha hecho.

A día de hoy, Puigdemont, Comín y Ponsatí tienen inmunidad porque así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de forma cautelar. El fallo de este miércoles del TGUE no es definitivo y se puede recurrir ante el TJUE. En caso de perder, el expresident volvería a solicitar al TJUE que le mantuviera la inmunidad de forma cautelar mientras tramita su recurso. En las próximas semanas se volverán a producir movimientos de ajedrez en la partida entre Puigdemont y el juez Llarena que dura ya casi seis años.

Inmunidad y suplicatorio

Este miércoles, los jueces europeos emitirán dos sentencias: además de la inmunidad, los magistrados decidirán si el procedimiento por el que el Parlamento Europeo aceptó el suplicatorio del Tribunal Supremo y retiró este derecho a Puigdemont y los otros eurodiputados de Junts –Toni Comín y Clara Ponsatí– se ajustó a la legalidad.

Este segundo fallo puede resultar clave. En caso de que los jueces anulen el suplicatorio, tendría que volverse a tramitar desde cero, lo que en la práctica implicaría que Puigdemont podría conservar la inmunidad hasta el final de la legislatura (inicios de 2024).

Puigdemont y el Parlament Europeo mantienen posiciones opuestas: el expresident defiende que sufre “persecución política” y que se debe anular el suplicatorio por la falta de imparcialidad del presidente del comité que lo tramitó, Adrián Vázquez (Ciudadanos) y del ponente, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox), quien acompañó en marzo de 2019 a la primera visita de dirigentes de la extrema derecha española al Parlamento Europeo. Fue el día en que el dirigente de Vox Javier Ortega Smith gritó en sede parlamentaria: “Puigdemont, a prisión”.

Por contra, los letrados del Parlamento Europeo sostienen que el comportamiento de Vázquez y Dzhambazki fue “extremadamente correcto”, y han llegado a cuestionar la decisión de la propia institución de abrir las puertas a Puigdemont en enero de 2020. “Se le permitió tomar asiento en el Europarlamento probablemente de manera ilegal”, afirmó el abogado del legislativo comunitario.

Interpretaciones opuestas sobre la inmunidad 

A la espera de si el fallo del TGUE da alguna pista interpretativa sobre la inmunidad, hasta ahora el juez Llarena y Puigdemont han mantenido versiones opuestas sobre el alcance de este privilegio.

El juez Llarena ya ha dejado por escrito en repetidas ocasiones que Puigdemont será detenido si pone un pie en España por mucha inmunidad que tenga. De los tres tipos de inmunidad de las que goza un eurodiputado, el magistrado entiende que el expresident sigue disfrutando de dos: la que impide ser detenido en cualquier país de la UE y la llamada “inmunidad de desplazamiento” para garantizar su presencia en los plenos y comisiones del Europarlamento.

En cambio, el juez Llarena rechaza que Puigdemont tenga inmunidad en España. El motivo es que, a criterio del magistrado, como el expresident adquirió su acta de eurodiputado más de un año después de ser procesado, la inmunidad ya no lo protege en nuestro país. 

Puigdemont, por contra, argumenta que la inmunidad debe entenderse de forma expansiva y que si está protegido como eurodiputado en todo el continente también lo tendría que estar en España.

La tesis del expresident, según el juez Llarena, implica “olvidar” la esencia de la inmunidad, esta es, proteger a los electos frente a procesos penales concebidos para “perturbar el normal funcionamiento” de los parlamentos. Puigdemont, insiste el magistrado, fue elegido eurodiputado más de un año después de ser procesado, por lo que la inmunidad no debería emplearse para “impedir” que sea juzgado en España.

Por si no hubiera suficiente, aunque el resultado del pleito europeo sea contrario a sus intereses, la defensa de Puigdemont cree que todo el proceso para retirarle la inmunidad debería empezar otra vez después de que, con la reforma del Código Penal, el juez Llarena ya no reclame al expresident por sedición sino tan solo por malversación y desobediencia. Son precisamente los delitos por los que Alemania aceptó entregar a Puigdemont en 2018, pero el Supremo lo rechazó al no poder juzgar a Puigdemont por rebelión ni sedición. El caso Puigdemont empezará a resolverse este miércoles, pero su final todavía está lejos.