Castilla-La Mancha, primera región que garantiza por ley los planes de futuro de personas con discapacidad  

Por unanimidad y con una amplia presencia de las fundaciones tutelares se ha aprobado en el pleno de Castilla-La Mancha la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad. La nueva norma, que entrará en vigor a finales de junio, es un “empeño y deseo personal” del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien la ha defendido desde su discurso de investidura hace casi tres años. Supone garantizar de forma normativa los sueños y metas de las personas que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones, cuando sus familiares ya no estén. Desde el Gobierno regional, siempre la han calificado como la ley “más social” y destacan que con ello Castilla-La Mancha se convierte en la primera región europea que aprueba una norma de estas características. Para su puesta en marcha en el presente año, cuenta con un presupuesto de ejecución de 5 millones de euros, y está destinada a una población objetivo de 36.000 personas.

El pleno de las Cortes regionales ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley que ya vio la luz en la Comisión de Bienestar Social dando luz verde definitiva al texto. Básicamente, supone otorgar tutela administrativa para que estas personas puedan llevar a cabo planes de futuro personalizados cuando sus familiares, cuidadores o tutores hayan fallecido o no puedan, dentro de un sistema de garantías regulado.

Desde la tribuna de invitados, han seguido el debate representantes del CERMI, Plena Inclusión, la ONCE, Asprona, AMIAB, Apanas, Apace Toledo y Talavera, Asprodeta, Asprodiq, Apromis, Adace, Aspadec, Amafi, Fórum de la Discapacidad, Manos Artesanas, CLM Inclusiva, Fundación Familia, Futucam, Fundace, Fundación Mayores, Fundación Sociosanitaria, Fundación Madre de la Esperanza, Fundación Madre y Fundación Afanias.

Esta nueva legislación nace para dar una oportunidad a personas con discapacidad de decidir sobre su vida y asegurarse de que los encargados de prestar los apoyos cuando ellos no puedan, van a tener en cuenta sus “gustos, sueños, metas, preferencias e intereses”, puesto que ya se habrá elaborado de manera anticipada una planificación. Se incorporan así los denominados Planes Personales de Futuro realizados con el asesoramiento, orientación y mediación de un profesional de referencia -agente mediador-, quien también establecerá un acompañamiento en el proceso de inclusión de la persona y en la mejora de su calidad de vida.

De esta forma, los planes personales de futuro se convierten en “declaraciones de voluntad” de las personas con discapacidad intelectual y sus familias para garantizar que serán tenidos en cuenta en la medida de lo posible por los profesionales que elaboren el grupo de apoyo. Además, se establece una importante garantía adicional de apoyo de carácter residencial que necesite la persona con discapacidad en el supuesto de carencia de apoyos familiares, y para la que no es necesaria la elaboración previa del plan personal de futuro.

Durante el trámite de enmiendas se incorporó a la norma, por consenso, la creación de unidades provinciales de orientación. También se han incluido las propuestas que realizó Podemos. Entre las mismas destacan todas aquellas que modificarán la ley para adecuarla a una concepción “más actual de la discapacidad”: por ejemplo, que el agente de mediación desarrolle también la labor de asesoramiento, orientación, mediación, acompañamiento y apoyo en el diseño del mencionado plan personal de futuro de la persona con discapacidad.

El PP ha retirado finalmente todas las enmiendas “en aras del consenso”. Entre ellas, proponía que las personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía personal para la toma de decisiones manifiesten sus preferencias sobre la atención integral “sin la necesidad de contar con el apoyo de su familia”, extremo que rechazaron tanto Podemos como PSOE. Tampoco prosperó en comisión la propuesta ‘popular’ de que el Gobierno regional destinara a la financiación de esta ley el 1 por ciento del PIB regional, pues tanto Podemos como PSOE han considerado que los fondos irán en función de las necesidades.

Al final del debate ha tomado la palabra el presidente regional, Emiliano García-Page, para volver a incidir en su importancia. Cuando se cumplen tres años de las últimas elecciones autonómicas, ha dicho que no se le ocurre “una forma más hermosa” de celebrarlo que con la aprobación de esta norma. Ha insistido en que marca “un antes y un después”, confiando en que en el resto de España se siga esta misma estrategia.

También ha dirigido elogios a los colectivos y asociaciones como “la parte más noble, más constructiva y optimista” de la comunidad autónoma, pidiéndoles ayuda para desarrollar la ley y para poder profundizar y avanzar en ella. “Debemos garantizar incertidumbres, eliminar inseguridades, evitar miedos”, ha enfatizado, garantizando a las familias, padres y madres de las personas con discapacidad que cuando ellos no estén, “estará Castilla-La Mancha”. Con ello, ha añadido, se “evitará que una ventolera política o una coyuntura económica tire por la borda los derechos fundamentales”. “Hoy estamos dignificando la vida pública y esto justifica toda una legislatura y toda una trayectoria política”.

En la defensa la ley, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, también ha reiterado el “alma y sentimiento” de la nueva norma, agradeciendo la colaboración del movimiento asociativo de la discapacidad, que ha participado de manera activa y que ha asistido al pleno desde la tribuna de invitados. También ha elogiado el trabajo de la directora general de Dependencia, del director general de Mayores, de los directores provinciales, empleados públicos, así como de la Universidad de Castilla-La Mancha, entidades del Tercer Sector, Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia (TSJCM).

De la “incapacitación” a la un “modelo de apoyo”

“Ponernos en el lugar de estas familias, en su angustia y desvelos, ha sido la fuerza de esta ley, un cambio importante para construir un mundo de igualdad con la equidad, la tolerancia y el compromiso social como principios fundamentales”, ha subrayado la consejera. “Se pasa de la incapacitación a un modelo de apoyo para el cumplimiento de sus metas, ya que hasta ahora solo podían recurrir a la tutela judicial”, ha concluido, agradeciendo también la voluntad y compromiso de los tres grupos parlamentarios.

Por su parte, el diputado socialista José Luis Escudero, quien ha defendido el dictamen, ha remarcado que por primera vez haya una “absoluta garantía” de que estas personas van a ser atendidas a través de un sistema de apoyos de la Administtración regional. Según ha aseverado, la ley sitúa a Castilla-La Mancha como “referencia en políticas de discapacidad”, y se ha dirigido a los colectivos asistentes para decirles: “Vuestras discapacidades se han convertido en nuestras capacidades, con las que nos habéis contagiado a los tres grupos parlamentarios para priorizar el interés colectivo por encima del individual”. “Sois los quijotes de Castilla-La Mancha en versión actual y nos sentimos orgullosos de vosotros”.

Pese a que la norma se ha aprobado por unanimidad, desde el PP, la diputada Cortes Valentín, tras agradecer también la labor de las asociaciones por “enseñarnos que hay muchas formas de ser capaz”, ha afirmado que no se trata de la ley más social ya que las normas lo son o no “cuando se cumplen y se trabajan”. Ha recordado en este sentido que la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad que aprobó el anterior Gobierno lleva “tres años durmiendo solo porque la aprobó el PP, y con ello no hacen daño a este partido, sino a estos colectivos”. Ha apuntado que ahora es cuando habrá que trabajar en que la norma aprobada hoy tenga desarrollo reglamentario y ha lamentado que en la misma no se aclare la capacidad económica para su implementación. “Nace con falta de recursos, y el Gobierno no tiene capacidad para llevarla a cabo”.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, María Díaz, ha querido señalar que la importancia de la ley “no está ni en la voluntad ni en el alma de un gobierno”, ya que está “obligado a garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía”. “La virtualidad de la ley se encuentra en la lucha que año tras año han realizado las personas con discapacidad, las familias y las asociaciones (…) A ellos y a ellas es a quien debemos que en Castilla-La Mancha se dé un paso más en el reconocimiento de estos derechos. No ganamos ninguno de los partidos, no se trata de esto; quien gana, como debe ser, es la sociedad castellano-mancheta”.