De lo regional a lo global: así intenta Castilla-La Mancha liderar la transición ecológica

No es la primera vez que un gobierno autonómico tiene un departamento de gobierno autónomo para las tareas de medio ambiente. Castilla-La Mancha ya lo tuvo también en el pasado. Pero sí que es novedoso que esa nueva Consejería sea de Desarrollo Sostenible asumiendo los retos de objetivos mundiales que llevan ese mismo nombre: los ODS. Desde ahí también se ha asumido la Agenda 2030, el calendario para la implantación de esas metas, junto con otras muchas áreas compartimentadas que están desarrollando el objetivo del Gobierno de Emiliano García-Page de liderar la transición ecológica desde todos los frentes en los que tiene competencias.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan en esta comunidad autónoma con su propio órgano de seguimiento y aunque no todos son de carácter medioambiental, desde la Consejería han recalcado la necesidad de tener presente el carácter transversal de todas estas políticas. El último informe ‘SOS 17 x 17’ del Observatorio de la Sostenibilidad no dejó en muy buen lugar a esta región, motivo por el que se ha puesto manos a la obra bajo el paraguas de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030.

Este nuevo órgano registra las acciones que ya se están llevando a cabo en la materia y tiene como tarea impulsar todas las que se deban articular a fin de cumplir con los compromisos de los ODS. Este mismo año, la comisión aprobó el informe “Objetivos para transformar nuestro mundo: Castilla-La Mancha comprometida con la Agenda 2030” Fue un primer análisis de la situación que buscará su renovación con acciones concretas enmarcadas en las medidas ya llevadas a cabo.

La estructura orgánica y de actuación es muy similar a la Estrategia de Cambio Climático con la que la Junta de Castilla-La Mancha lleva unos años trabajando bajo los parámetros de adaptación y mitigación. Al tratarse de una comunidad autónoma no especialmente contaminante salvo en los focos colindantes con Madrid y en la comarca de Puertollano, sus compromisos con el descenso de la emisión de gases contaminantes se ha ido cumpliendo. No obstante, la calidad del aire sigue siendo una asignatura pendiente en este sentido.

Los retos, uno a uno

¿Con qué vectores quiere entonces el Ejecutivo regional liderar ese camino? Hace apenas unas semanas, el pleno de las Cortes castellanomanchegos aprobó la primera Ley de Economía Circular de España y, aunque debe desarrollarse posteriormente conforme una futura estrategia, esta cuestión se ha convertido en bandera ambiental de la comunidad autónoma. La nueva normativa regula la máxima principal de optimizar el valor de productos, materiales, recursos y servicios. El objetivo es una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente y, además competitiva.

Es todo un revulsivo en el modelo de producción. Implica alargar el ciclo de vida de los productos mediante su reciclaje, reutilización o recuperación. Se trata de un escenario totalmente novedoso, motivo por el que se incentivará la implantación de empresas y actividades de economía circular, así como el cálculo de la huella hídrica o de carbono. La Administración autonómica quiere fomentarlo con ayudas procedentes de fondos propios y/o europeos. De igual forma, se regulará un impuesto para vertidos y una fianza para empresas contaminantes.

Así las cosas, se trata básicamente un objetivo a medio-largo plazo pero que en la presente legislatura debe dar sus primeros frutos, sobre todo en la consecución de un nuevo modelo productivo que durante años ha estado enfocado a la industria convencional. En ese espacio, por ejemplo, han sabido hacerse un hueco las energías renovables: Castilla-La Mancha es la primera región del país en producción de fotovoltaica, la segunda en eólica y la tercera en termosolar. Su desarrollo es y sigue siendo imparable, con nuevas concesiones cada pocos días y con la creación de puestos de trabajo muy apegados al terreno.

Pero en este ámbito, el reto ahora es evitar la especulación en el sector y promover una ordenación de solicitudes que prime los objetivos ambientales y evite en conglomerado de grandes empresas que al final terminen actuando como monopolio, como han pedido desde colectivos como ANPIER. Es en estos casos cuando se puede hablar no solo de transición ecológica, sino de transición ecológica “justa”.

Por otra parte, otro modelo estratégico de Castilla-La Mancha es de la recogida selectiva de biorresiduos: un sistema que también quiere llevar a la vanguardia. Justo dentro de un año los municipios mayores de 5.000 habitantes e industrias agroalimentarias de la comunidad autónoma deberán tener implantado este modelo: el del contenedor marrón. El resto de localidades tendrán tres años más de plazo, aunque ya hay desde grandes ciudades y diputaciones hasta pedanías que lo han llevado a cabo tanto en experiencias piloto como en desarrollo.

El biorresiduo (la fracción orgánica biodegradable de origen vegetal y/o animal generada en el ámbito domiciliario y comercial) es un componente fundamental del tratamiento de la basura y forma parte también de la emergencia climática y de la economía circular. La materia orgánica que iría al contenedor marrón puede ser reutilizada, entre otros objetivos, para la creación de compostaje para el campo, una fuente de recursos muy relevante en Castilla-La Mancha.

Y mientras estas medidas avanzan a mayor o menor velocidad, esta región mantiene dos retos muy importantes que pueden lastrar su camino hacia la transición ecológica. En primer lugar, buscar el “carpetazo definitivo” al proyecto de basurero nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), un problema que lleva años sin solucionarse y cuya decisión irrevocable debe llegar desde el Gobierno de España tras paralizar su construcción.

En segundo lugar, ¿qué ocurrirá con la proliferación de macrogranjas de cerdos y aves que se ha producido en los últimos dos años? Continúa la contestación social desde los pueblos afectados debido a la contaminación, los nitratos y el tratamiento de purines, entre otros problemas, y aunque los permisos han descendido, la instalación de las ya previstas puede seguir provocando descontento. Mientras, está pendiente la aprobación de una nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que también puede marcar el camino a seguir en estos y otros aspectos, como las proyecciones mineras en la provincia de Ciudad Real, la protección de la Red Natura 2000 y la necesaria convivencia de los intereses agrícolas con los espacios protegidos.