Será infracción muy grave impedir el acceso a personas con perros de asistencia en espacios públicos y privados

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido el primer trámite parlamentario del proyecto de Ley de Acceso al Entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia, un texto al que se han incorporado importantes novedades con respecto al original. Entre ellas, destaca el hecho de que haya pasado a ser infracción muy grave impedir el acceso o estancia de estas personas tanto en espacios públicos como privados. En el articulado inicial, se distinguían las infracciones en función de si el espacio era público o privado. Ahora se ha modificado en virtud de una enmienda del Grupo Parlamentario de Podemos, que considera esta equiparación “ejemplarizante”. En estos casos, y según el texto, la Administración regional podrá imponer multas de 3.000 a 10.000 euros.

La Comisión de Bienestar Social ha sido la encargada de votar el dictamen del proyecto de ley, en el que también se ha incorporado la enmienda transaccional que pactaron PSOE y Podemos mediante la que se incluye una disposición adicional para establecer ayudas a los usuarios de estos perros en cuanto a los costes de control veterinario y también para las vacunas anuales. Se trata de una propuesta que la ONCE hizo llegar a todos los grupos parlamentarios.

La diputada de la formación morada María Díaz ha sido la encargada de defender otras enmiendas de su partido como reducir de 72 a 48 horas el tiempo de espera para comunicar la pérdida de un perro de asistencia, al igual que está establecido en normativas como la de la Comunidad de Madrid. Este grupo parlamentario también ha pedido que dentro de las obligaciones que impone la ley se garantice el buen trato y bienestar de los perros de asistencia, suponiendo una infracción muy grave su maltrato.

Regulación en transportes

Desde el PP, una de sus enmiendas pedía que se garantizara a las personas con perros de asistencia ocupar la litera de abajo en los medios de transporte. Pero tanto PSOE como Podemos, aunque han valorado la medida defendida por la parlamentaria Cortes Valentin, han recordado que esa regulación de los transportes es una competencia de ámbito estatal que no puede imponer el Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que ha sido rechazada.

Tampoco ha salido adelante la enmienda del PP que pedía mayor concreción en el proyecto de ley respecto a la póliza de responsabilidad civil por posibles daños causados por los perros de asistencia. También en este caso, la han rechazado PSOE y Podemos por considerar que se trata de contenidos que ya se fijan al firmar cada póliza particular y que incluirlo en la ley resultaría “redundante”.

Sí se ha aprobado por unanimidad la enmienda de los ‘populares’ en la que se modifica del derecho de acceso al entorno de las personas adiestradoras y educadoras de perros de asistencia, de forma que pueda extenderse a todas aquellas reconocidas u homologadas en cualquiera de las comunidades autónomas, o procedentes de otro país. En este apartado también se establece que estas personas deben acreditar su condición mediante la documentación expedida al efecto por la entidad de adiestramiento para la que presten servicios o con la que colaboren.

Se reduce el plazo para desarrollo reglamentario

El diputado del PSOE José Luis Escudero, que será el ponente del dictamen cuando el proyecto de ley se debata en sesión plenaria, ha defendido un conjunto de enmiendas encaminadas a clarificar el texto en cuanto a la compatibilidad de la legislación en accesibilidad de personas con perros de asistencia que pertenezcan a otras comunidades autónomas y a otros países; así como reducir de 18 a 12 meses el desarrollo reglamentario de la nueva norma.

Entre otras novedades, esta ley extiende de los invidentes a enfermos de diabetes, epilepsia o trastorno del espectro autista el derecho poder entrar en determinados establecimientos públicos y privados acompañados de estos animales. “Esta nueva ley no es solo para las personas que tienen discapacidad visual, también auditiva, psíquica o física”, destacó en su momento la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Actualmente, hay cerca de 13.700 personas valoradas en Castilla-La Mancha con algún tipo de discapacidad visual, casi un millar con ceguera total y 46 con sordoceguera.

La nueva norma nace de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente del objetivo de que estas últimas puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.