El fiscal pide 7 años de prisión para la concejala procesada en Benitatxell que participó en la moción de censura

El juicio que va a sentar en el banquillo a la concejala Nieves García, una de las firmantes de la moción de censura que el pasado jueves propició el cambio de gobierno en El Poble Nou de Benitatxell, está cada vez más cercano. La regidora de Independientes de la Marina Alta (I-MA), el grupo que permitió, junto a un tránsfuga del PP, que los tres concejales de Compromís sacaran adelante la censura el pasado viernes y convirtieran en alcalde a Miquel Garcia, está procesada por la presunta comisión de un delito continuado de falsedad en documento público y otro de estafa. El fiscal acaba de calificar los hechos y pide para ella 7 años de prisión. Igualmente, solicita seis años de cárcel para el otro procesado, el empresario de la construcción Francisco Bolufer.

Los hechos que se juzgan se remontan al periodo entre 2009 y 2011, cuando Nieves García era primera teniente de Alcaldía del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell, entonces por el Partido Popular.

Según el escrito del fiscal, los dos acusados, la concejala García y el empresario Bolufer, “puestos de común acuerdo presentaron documentos manipulados previamente a fin de conseguir un beneficio ilícito”. En concreto, “dicha manipulación consistía en emitir escritos por la teniente alcalde, ahora acusada, la cual no tenía competencia para ello, y simular la firma del interventor, en su beneficio, elaborando documentos bajo la apariencia de legalidad pese a carecer de todos los requisitos previstos en la legislación administrativa”.

Lo que se investiga, por tanto, es si Nieves García falsificó endosos que validó con su rúbrica como teniente de alcalde. El pasado 31 de agosto, el juez que lleva el caso dictó el auto de apertura de procedimiento abreviado, con lo que abría la fase de preparación del juicio oral. Ahora el fiscal le pide ya que fije fecha para el mismo, junto con el escrito de acusación.

Con la apertura del juicio oral, el magistrado instructor consideraba que García y el constructor que se benefició de certificaciones y pagos amañados por más de medio millón de euros pudieron falsear la firma del interventor municipal. En las diligencias previas, la propia concejala reconoció que su rúbrica figuraba en los aplazamientos de pagos y endosos bancarios. El constructor Bolufer Llobell, que fue el contratista de todas las obras públicas, también estampó su firma en los documentos.

El magistrado dejaba claro que el constructor fue el beneficiario de los pagos fraudulentos y que la concejala “podría convertirse en cooperadora necesaria” de la falsedad continuada. Además, incide en que la edila declaró que los documentos se los pasaron a firmar administrativos del ayuntamiento, pero luego se negó a desvelar quiénes exactamente.

Lo cierto es que el dinero voló. De hecho, el Banco de Sabadell, que en su día reclamó al ayuntamiento que incluyera la deuda del contratista en el Plan de Pago a Proveedores, reclama al empresario un descubierto de 474.899 euros de los endosos que adelantó al constructor, todo ello según el auto.