La sentencia sobre la estafa de Autisa, pieza separada del caso Brugal, valida parte de las escuchas

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ha dado por buenas una parte de los pinchazos telefónicos relativa a la estafa de Autisa por alzamiento de bienes, una de las ramas del llamado caso Brugal, cuyas pruebas policiales originaron la investigación del contrato de basuras de Orihuela por presuntas irregularidades, cuyo juicio comenzó la semana pasada en Elche, así como el supuesto amaño del Plan de General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), entre otras piezas separadas.

La sentencia concluye que las intervenciones telefónicas, en cuanto al primer auto habilitante de las escuchas, “estaban absolutamente motivadas y basadas en indicios de delitos que superan las fuertes presunciones o sospechas fundadas exigidas para acordar tal medida, no siendo objetable la resolución judicial desde la perspectiva constitucional por lo que la intromisión es legal y válida”.

Los entonces acusados, los empresarios Rafael y José Vicente Gregory, se acogieron el año pasado, en el inicio del juicio por alzamiento de bienes de la mercantil Autisa, dedicada a la venta y alquiler de camiones, al principio de vulnerabilidad para asegurar que el tiempo de las escuchas había sido “excesivo e indefinido” y que una parte de las mismas carecían de control judicial.

Si bien la magistrada María Cristina Costa Hernández recuerda que los delitos indiciarios por los que se investigó a 15 acusados, entre ellos el industrial Ángel Fenoll, -estafa, falsedad documental, delito continuado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales- “justifica las intervenciones y las hacen proporcionadas a la gravedad de los hechos y a la finalidad de averiguar los mismos o evitar su comisión”, falla absolver de los delitos de blanqueo y alzamiento de bienes a todos ellos por entender que no estaban justificados esos pinchazos concretos. Con todo, la sala ha acordado tres años y medio de cárcel para los hermanos Gregory por los delitos de apropiación indebida y estafa, después de apreciar la atenuante de dilaciones indebidas.

No obstante, Fenoll todavía tiene que hacer frente, como principal encausado de la pieza de las presuntas irregularidades del contrato de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, a 37 años y 8 meses de prisión solicitados por la fiscalía en un juicio en el que entre las 34 personas investigadas se encuentran los exalcaldes del PP oriolano José Manuel Medina y Mónica Lorente. Todos ellos pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas al entender que “la causa está viciada de nulidad en su totalidad”.

A la espera de que la Fiscalía delibere y se pronuncia sobre esta solicitud demandada durante las cuestiones previas, de momento la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ya ha confirmado la validez de una parte de las mismas para el caso Autisa, fallo que aunque no es vinculante, podría dar pistas de cara no solo al macrojuicio de las basuras, sino también al del PGOU donde el promotor Enrique Ortiz y los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi se enfrentan a ocho el primero y diez años de cárcel los exregidores populares.