La gestión urbanística del PP amenaza con hipotecar la viabilidad financiera de Vila-real
El legado del Partido Popular amenaza con dejar al Ayuntamiento de Vila-real al borde del precipicio económico. La posibilidad de hablar de bloqueo financiero se deriva de las operaciones urbanísticas de los últimos años, antes de la llegada de un gobierno progresista. Las expropiaciones descontroladas del PP, sin criterios técnicos ni objetivos, tienen visos de convertirse en un lastre de 21,5 millones de euros. Esa es la cantidad que reclaman 18 propietarios y que están a la espera de conocer la resolución del Jurado de Expropiaciones de Castellón. Sin embargo, la herencia puede ser mucho más asfixiante para la viabilidad del consistorio, casi una estocada de muerte, según los datos de la auditoría encargadaen 2011 y que revelan una cifra desorbitante: 80 millones de euros.
La nueva “bomba urbanística”, como define el alcalde, José Benlloch (PSPV-PSOE),supone un inesperado y peligroso contratiempo. Tanto que el ayuntamiento, anticipándose a una posible sentencia condenatoria, pretende reducir las cantidades negociando directamente con los afectados, siempre en el marco que ofrece la nueva ley urbanística valenciana (LOTUV).
“El PP se dedicó a malgastar y despilfarrar, sin gestionar el plan general y haciendo que los vecinos aceptaran reservas de aprovechamiento por sus tierras en lugar de pagarles lo que tocaba y a pesar de saber que era absolutamente inviable”, denuncia el primer edil. Con el tiempo, silos propietarios no veían materializada esa reserva, tenían derecho a reclamar su indemnización en dinero, que es lo que han hecho ahora.
Lamentada auditoría desvela que existe en el Ayuntamiento de Vila-real una contingencia de 80 millones de euros, cantidad que podrían solicitar los damnificados por las expropiaciones. No obstante, en la actualidad existen reclamaciones por valor de 21.491.079 euros y que se resolverán en el plazo de un mes, aproximadamente.
Entre los expedientesque manejael Jurado de Expropiaciones, se encuentran operaciones como la del jardín de Jaume I, “por el que el PP no pagó ni euro”, tal cual precisa Benlloch. En este caso, las reivindicaciones crematísticas ascienden a unos 4,8 millones de euros, si bien la estimación de la cantidad total alcanzaría los 7 millones, dependiendo de la voluntad de los propios afectados.
Otro de los ejemplos es la ocupación de terrenos para la prolongación de la avenida Francia, algo que el alcalde socialista califica como “la ilegalidad más gorda que se ha hecho en Vila-real”. Aquí, los propietariosexigen el pago de 990.000 euros. También la urbanización de la carretera de Onda, con 629.000 euros reclamados, forma parte del paquete que estudia el Jurado de Expropiaciones de Castellón. “Intentaremos llegar a acuerdos con los instrumentos que tenemos. Es la única solución por el momento, aunque debemos advertir también que puede que no sea definitiva”, advierte el alcalde.
