8 años contra el CIE: “No queremos que tengan mejores instalaciones, queremos que desaparezcan”

En 1986 se pusieron en marcha en España los primeros centros de internamiento de extranjeros (CIE). Actualmente están en funcionamiento siete, entre ellos el de Zapadores en Valencia, con 152 plazas, una ocupación media próxima al centenar de inmigrantes que permanecen en las instalaciones una estancia media que ronda los 40 días.

En 2010, a raíz de la publicación del informe Devos, nacía en Valencia la campaña por el cierre de estas instalaciones, el movimiento CIEs No (vertebrado a nivel estatal), del que forman parte diversos colectivos valencianos. Su razón de ser, exigir la clausura de estas dependencias en las que denuncian la “reiterada y brutal vulneración de los derechos humanos” (cada último martes de mes se concentran frente a las puertas de Zapadores, a las 19 horas, para exigir el cierre).

“No queremos un cambio en las condiciones de los internos ni un CIE fantástico con traductores y unos servicios excelentes, lo que exigimos es su desaparición, porque no tiene ningún sentido y su propia existencia es opaca”, explican Gema Síscar, coportavoz de la campaña en Valencia, y Ana Pérez, presidenta autonómica de Médicos del Mundo en la Comunitat Valenciana, quienes sostienen que no hay alternativa que no pase por el cierre. Sí que reconocen que al menos ahora -a raíz de una resolución judicial de abril de 2011- pueden acceder al interior de las dependencias y comprobar in situ las condiciones en las que se encuentran los migrantes allí retenidos. “Sigue habiendo las mismas carencias que había hace una década, en menos cantidad, pero se dan”, apunta Pérez y explica que lo que sí que se ha logrado en este tiempo es visibilidad.

No obstante, lamentan que, a pesar de la labor informativa que desarrollan, continúa existiendo una gran desinformación social que provoca una falta de sensibilización porque las denuncias “no han calado” entre la ciudadanía, “incluso en el ámbito judicial con la excepción de algunos casos puntuales, como el de la jueza Victoria Rosell en Canarias”. Este dato es importante, advierten, porque al final, los pequeños logros que se pueden conseguir, se encuentran a merced de la “arbitrariedad” del juez que aborde cada caso o cada situación en concreto, aunque sus resoluciones no son vinculantes sino meras recomendaciones.

“Estamos hablando de gente que se encuentra lejos de su país y que no ha hecho absolutamente nada, más allá de intentar mejorar sus condiciones de vida, para estar en la situación en la que se encuentran, encerrados en lo más parecido a una cárcel que pueda haber por una mera cuestión administrativa”, insiste Gema Síscar, y añade, “estamos hablando de personas para quienes el final de su viaje acaba siendo un centro de internamiento porque se les aplica un sistema represivo y de castigo para que vean que no tienen derecho a entrar en Europa”.

De toda la gente que pasa por un CIE, tan sólo se deporta a un 30 por ciento -un 61 por ciento en el caso de Zapadores-, “¿qué pasa con el setenta por ciento restante?”. El 70 por ciento de las personas que pasan por los centros de internamientos de extranjeros “no son deportables”, por lo que se convierte en gente que vive en un limbo irregular atemorizada y sin derechos “que evita salir a la calle y se siente más vulnerable”. En 2016 entraron en España 14.550 personas en situación irregular de las que fueron expulsadas un total de 5.051, más de 2.000 procedentes de los CIEs.

Un negocio detrás del proceso

Desde CIEs No denuncian también el negocio que existe detrás de todo este proceso con temas como la asistencia sanitaria, la asistencia social, las deportaciones... Lamentan que existan contratos de confidencialidad con quienes prestan la asistencia socio-sanitaria, Cruz Roja o Clínica Madrid: “Es insuficiente y no ha mejorado de forma notable desde 2010”, denuncia Pérez, quien insiste en que no se trata como debiera a quienes padecen enfermedades graves, mentales o a las embarazadas. En estos casos, la decisión depende de la “arbitrariedad” del director del centro de turno, que es la persona encargada de decidir que un interno sea atendido o no.

De igual modo, reclaman unas leyes más humanas y solidarias, “aunque para eso hace falta voluntad política”, que señalan que sí que se da en las administraciones local y autonómica pero no en la estatal, “que es quien al final tiene la competencia”.

Así las cosas, se muestran escépticos sobre la posibilidad de que en un futuro próximo se tome la determinación de cerrarlos: “A pesar de no creer que esto vaya a suceder, nosotros no podemos dejar de denunciar su existencia”.

Las denuncias

Por lo que respecta a las denuncias por parte de los inmigrantes recluidos en los CIE, desde la campaña comentan que es muy complicado poder comprobarlas: “muchos de quienes denuncian maltratos acaban siendo deportados, por lo que no se puede hablar con ellos para ver la veracidad de sus testimonios”. Además, explican que en los últimos años se han documentado una serie de muertes en toda España (5 ó 6) que no están aclaradas.

También llaman la atención sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en estos centros, “mucho más desvalidas”. “Muchas de ellas son víctimas de trata, por lo que resulta muy complicado que puedan denunciar”, explican, y ponen como ejemplo lo sucedido en Aluche, donde de trece denuncias por trata “sólo se vio una”. “Por ejemplo, el ministerio prioriza su condición de inmigrantes en situación irregular a la de víctimas de trata”, concluyen desde la campaña.