La condena a Zaplana o por qué los valencianos han pagado las ITV más caras de España hasta que las revirtió el Pacto del Botánico

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana con el PP entre los años 1995 y 2002, fue el precursor de multitud de externalizaciones de servicios públicos para la gestión privada. De todas ellas, destacan tres casos que han proporcionado negocios millonarios a las diferentes empresas adjudicatarias, siempre cercanas al partido. Es el caso de los departamentos de salud de Alzira y Torrevieja en primer término, de la inspección técnica de vehículos (ITV) y de las resonancias magnéticas.

Todos estos servicios se han recuperado para la gestión pública en los últimos ocho años, una vez han ido finalizando los contratos de cada concesión, por parte del Gobierno de izquierdas del Pacto del Botánico presidido por Ximo Puig.

En el caso de las ITV, fue el 23 de febrero cuando la Sociedad Valenciana de ITV SA (Sitval), empresa pública creada por el ejecutivo de Puig, asumió la gestión del servicio 25 años después de la externalización impulsada por Zaplana. Un proceso por el que, junto con el Plan Eólico, ha sido condenado a 10 años y cinco meses de prisión como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil en el marco del 'caso Erial'. Además, se le impone una multa de 25 millones de euros.

La Audiencia Provincia de València considera probado que el expresidente y su entonces jefe de gabinete percibieron comisiones ilícitas tras intervenir en el proceso e adjudicación de la privatización de las ITV. Y considera, en su apartado de hechos probados, que el expolítico del PP era el “titular real o último beneficiario” de los fondos en Luxemburgo y Andorra a nombre de su testaferro.

La privatización de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos que autorizó Zaplana provocó un aumento de tarifas que situó a la Comunitat Valenciana como líder de España en cuanto al precio de la inspección durante más de una década.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional investigada en el caso Erial. Sedesa, propiedad de la familia de los Cotino, vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los investigados.

La privatización del servicio, en 1998, llegó a triplicar el precio a pagar por una inspección obligatoria, que pasó de una media de 18 euros hasta los 46, siempre en función de las características del turismo. Según informes internos de Consell, las ITV facturaron entre 1998, año de la privatización, y 2009 cerca de 317 millones de euros más de los previsto en los cálculos iniciales, entre otras cosas, por la inclusión de la prueba de la sonometría que hizo que los valencianos pagaran un 146% más que otros conductores españoles. Según varios informes de Facua, la Comunitat Valenciana tuvo la ITV más cara de España al menos hasta el año 2012.

El procedimiento administrativo para el reparto de los diferentes lotes a empresarios afines también fue llamativo, como se acreditó en las diferentes declaraciones judiciales. El expediente de la mesa de contratación fue “inaudito en una administración pública”, según afirmó una de las peritos de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) que analizó el proceso en funciones de auxilio judicial a la instrucción del 'caso Erial'.

La fecha clave que denota la singularidad de la mesa de adjudicación fue el 5 de noviembre de 1997. El mismo día se produjo el informe de propuesta de la adjudicación y la resolución. “Administrativamente es materialmente imposible”, dijo uno de los peritos de la AVA. Los peritos de la AVA también explicaron que no figuraba en el expediente el anteproyecto de explotación, “un documento importantísimo porque marca legalmente el régimen económico financiero”.

Nueve millones de beneficios para las arcas públicas en un año

Sitval asumió la gestión de las diferentes estaciones de la ITV desde el 26 de febrero de 2023. Desde entonces hasta el 30 de noviembre, según informaron a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige ahora la popular Nuria Montes, habían pasado inspecciones a 1,6 millones de vehículos, un 5% menos que en 2022, un descenso motivado por la eliminación de algunas líneas que se habían implementado de forma provisional en diferentes estaciones para aumentar su capacidad y que con la reversión desaparecieron.

Pese a todo, las mismas fuentes aseguraron que la previsión era obtener 9 millones de euros de beneficios a finales de 2023, a los que se sumarían otros 8 por inversiones no ejecutadas.

La web de Sitval para lograr cita previa para pasar la ITV sufrió un pico de colapso debido a las reservas masivas por parte de talleres que ofrecían a los clientes pasarles la inspección. Sin embargo, la instauración del pago previo para lograr cita ha mejorado la situación en las últimas semanas. De hecho, a finales de agosto la nueva plataforma web de gestión de reservas y pago de citas previas había gestionado 92.933 citas e ingresado 4.543.156 euros desde su puesta en funcionamiento el pasado 15 de julio.