Ecuador del primer mandato de la Agencia Valenciana Antifraude: 1,7 millones recuperados y 21 denunciantes protegidos

El director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), Joan Llinares, ha comparecido este martes en las Cortes Valencianas para presentar la memoria anual de la entidad correspondiente al 2019 y hacer un balance de los tres años de existencia del organismo, en el ecuador de su mandato y en plena crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. El director de AVA ha celebrado que, desde sus inicios, Antifraude ha conseguido recuperar 1,7 millones de euros de dinero público.

Llinares también se ha referido a los resultados “intangibles de difícil cálculo”: la mera existencia de la Agencia Antifraude genera un “efecto disuasorio” ante el riesgo de comisión de actos de fraude y corrupción. En sus tres años de existencia, el organismo ha designado seis peritos en procedimientos judiciales y ha realizado cinco informes periciales, entre los que destaca el que aportó Antifraude a la compleja instrucción del caso Erial.

En 2019, se presentaron 168 denuncias que, sumadas a las de los dos ejercicios anteriores, han supuesto la apertura de un total de 384 expedientes. El pasado año se iniciaron 21 investigaciones y se finalizaron otras 14. La mayoría de las denuncias corresponden a presuntas actuaciones irregulares en el seno de la Administración local y su sector público y a cuestiones relacionadas con la contratación y la gestión de los recursos humanos. Un 5% de los expediente abiertos por la AVA se han visto interrumpidos cuando se han observado indicios de conductas delictivas y la agencia ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, convirtiéndose a partir de ese momento en institución colaboradora de la autoridad judicial.

“Hemos observado no obstante que en las denuncias presentadas durante el año 2020 ha variado el motivo, pasando del ámbito de los recursos humanos, como principal causa de denuncia, a ser la contratación pública”, afirma Llinares. El cambio puede deberse a la paralización de gran parte de los procesos selectivos y de contratación de personal en las administraciones públicas a raíz de la pandemia y al hecho de que que se haya disparado la contratación por necesidades de emergencia “sin que se hayan establecido o reforzado los controles de intervención y fiscalización de forma suficiente”.

Llinares ha apelado a reforzar los controles preventivos sobre los fondos públicos: “Es precisamente en estos momentos de alta presión por emergencia comunitaria cuando impera la confusión y más riesgo existe de que se produzcan actuaciones corruptas y fraudulentas”, ha dicho ante los diputados de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de la cámara autonómica.

El Buzón de Denuncias puesto en marcha por Antifraude, que asegura la confidencialidad, se ha convertido en el principal canal para recibir los soplos de los whistleblower (alertadores) de los que se nutre el organismo para llevar a cabo sus investigaciones. El porcentaje de denuncias presentadas a través de este canal ha pasado del 54% en 2018 al 81% en 2020.

La provincia de Valencia sigue liderando el origen del mayor número de denuncias (49%), seguida de Alicante (24%) y Castelló (10%), lo cual se explicaría por la “tradicional centralización de las instituciones administrativas, sobre todo en su capital”, según el director de la AVA.

Protección de personas denunciantes

Antifraude mantiene a 21 denunciantes protegidos (en otros ocho casos se ha denegado el Estatuto de protección de la persona denunciante, en dos casos se ha inadmitido por falta de competencia y cuatro solicitudes se encuentran en fase de tramitación). En ocasiones, ha destacado Llinares, las medidas de protección se extienden a familiares y personas del entorno laboral del denunciante que sufren amenazas o intimidaciones. De los 21 denunciantes protegidos, 14 son hombres y siete mujeres. En algunos casos, ha sido el Ministerio Fiscal quien ha solicitado que se conceda la protección.

El director de Antifraude ha destacado las tres causas principales que impiden que afloren los casos de corrupción: el miedo a denunciar por el alto riesgo profesional y personal que supone, la inexistencia de canales seguros y confidenciales y la desconfianza de que se lleve a cabo una adecuada y rigurosa investigación. “El denunciante no es un héroe sino una persona normal que cumple con su deber y actúa en aras del bien común”, declara el director de la AVA. Llinares lamenta que los trabajos de transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de los whistleblower, que prevé reforzar la protección, “están siendo más lentos de lo deseable, más aún de lo que incluso podría justificar la actual situación de crisis sanitaria”.