En España no se evalúan las políticas fiscales, industriales o energéticas, de donde salen grandes inversiones

El Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas de Las Naves, Avalua·lab, ha presentado este miércoles el Barómetro de la Evaluación de las políticas públicas, una innovadora herramienta que ha sido ideada con el objetivo de clarificar y poner de manifiesto la situación de la evaluación en España.

Los resultados de los 318 cuestionarios realizados revelan la escasa aplicación de la evaluación, y determinan que 9 de cada 10 personas preguntadas piensan que en España se evalúa poco o muy poco, tanto a nivel nacional, como autonómico y local, y que la evaluación “tiene un papel claramente secundario en los procesos de toma de decisiones de los diferentes gobiernos y administraciones públicas”, concluye el documento.

El barómetro determina que en España se evalúa menos que en el resto de Europa, y que la mayoría de las evaluaciones son principalmente a posteriori de la ejecución de una política pública. Casi todas se producen en una última fase -en los resultados- y no como una herramienta que tiene que acompañar todo el proceso: la planificación, la ejecución, la gestión y finalmente los resultados e impactos. Solo 1 de cada 5 evaluaciones tiene este carácter integral.

El informe destaca que las evaluaciones principalmente se realizan de manera externa, y las políticas que más se evalúan son las de cooperación internacional al desarrollo, proyectos financiados por la UE, políticas educativas, de salud, ocupación y, en general de gasto y protección social. En menor escala, o directamente no se evalúan: las políticas fiscales, energéticas, de defensa, innovación, cultura e industria.

La técnica de Evaluación de Políticas Públicas de Las Naves, Empar Soriano, ha explicado que el hecho de que se evalúen mayoritariamente las políticas sociales y no otro tipo de políticas, como las fiscales o las industriales, “significa que hay una intención clara de querer evitar hablar de esas otras políticas de donde salen grandes inversiones. No evaluarlas pretende hacer creer que éstas no impactan tan directamente en la ciudadanía como las sociales, cuando obviamente las iniciativas en el sector industrial, o en la fiscalidad, sí afectan a la calidad de vida de las personas”.

Baja formación y cultura de la evaluación

El barómetro observa una baja formación en evaluación dentro de las administraciones públicas y una suficiente en el sector privado. En el apartado de recursos y capacidades para la evaluación, 9 de cada 10 personas preguntadas coinciden, además, en que no se cuenta con recursos financieros, humanos y de tiempo suficiente para evaluar.

“La evaluación es más concebida por la administración pública como un instrumento para validar el cumplimiento de las políticas públicas y como una vía de control financiero y legal, que como una herramienta de mejora continua y aprendizaje institucional. Se le otorga más el papel de una auditoría, y no el que tendría que ser: un medio transformador de las intervenciones públicas”, subraya el barómetro, que además remarca que los resultados de las evaluaciones se difunden y socializan poco tanto dentro como fuera de la administración pública.

El estudio, que irá actualizándose en posteriores ediciones, ha sido ejecutado a partir de 318 encuestas a personas expertas y profesionales de la evaluación de políticas públicas, tanto del ámbito público como privado, a los quienes se les ha preguntado sobre el estado de la evaluación en España. Para el concejal valenciano de Innovación y Gestión del Conocimiento, Carlos Galiana, “es necesario que la ciudadanía conozca cómo de fundamental es esta herramienta para la transparencia en los gobiernos, y necesitamos, además, legislación, formación y compromiso político”.