La Fiscalía pide cinco años de prisión para dos responsables de una entidad pública que restauró incunables privados sin cobrar

La restauración en una entidad pública de libros antiguos pertenecientes a Luis Caruana Font de Mora, primo hermano del exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, e hijo del teniente general Luis Caruana, gobernador militar de Valencia durante el Golpe de Estado del 1981, llega a juicio este martes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. En el banquillo de los acusados se sientan Carmen Pérez, ex directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (Ivacor) y su actual directora, Gemma Contreras. La Fiscalía solicita para ambas penas de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta por los presuntos delitos de prevaricación y fraude y malversación de caudales públicos.

Entre 2011 y 2013, durante los últimos años del Gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, Luis Caruana solicitó al Ivacor, un organismo creado por Francisco Camps, la restauración de 12 libros antiguos, “procedentes de su colección particular y con un valor considerable”, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal.

Si bien una parte de los lotes fueron presupuestados y cobrados por la entidad pública, otros dos fueron facturados a Dicarta SC, una sociedad constituida por dos restauradoras, “siguiendo las instrucciones” de Gemma Contreras y “con el conocimiento pleno” de la entonces directora y gerente, Carmen Pérez.

El propietario de los incunables abonó a la empresa 11.452 euros por estos trabajos, a pesar de que se hicieron “en las dependencias y con las herramientas” del Ivacor, según indica la Fiscalía. Un segundo lote de cuatro libros restaurados también fue abonado a Dicarta SC, por un importe total de 4.960 euros y con facturas que incluían el “concepto genérico de servicios profesionales prestados”.

El primer lote de libros “siguió el procedimiento correcto” (facturado y pagado a la entidad pública) pero el resto de restauraciones fueron realizados por la firma privada, a pesar de haber sido entregadas al Ivacor y restauradas en sus dependencias, para “favorecer” a Caruana eludiendo así el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, según la Fiscalía. “No se cuantificó la restauración conjunta de todas las obras para evitar la licitación si superaba los 18.000 euros”, agrega el escrito del Ministerio Público.

Además, también “se eludió” el procedimiento previsto para los contratos menores. Todo ello con el fin de que la restauración fuera realizada por las dos profesionales, con contratos temporales en la entidad, “a quienes convencieron para la constitución” de la firma Dicarta SC “si querían seguir trabajando en el instituto”.

Carmen Pérez firmó un contrato menor de servicios de restauración con la empresa de las dos profesionales “con un objeto indeterminado” que, en ningún caso, incluía los libros de Caruana. La exdirectora del Ivacor, recuerda la Fiscalía, ostentaba “directamente” las facultades para la contratación, gestión económica o la disposición de gastos y ordenación de pagos.

En definitiva, las obras “entraron, se presupuestaron, se restauraron y se devolvieron por el Ivacor”, sostiene la Fiscalía. Así, los trabajos “carecían de la preceptiva cobertura jurídica y, pese a haberse desarrollado los trabajos en el Ivacor, esta entidad no ha obtenido las cantidades acordadas y abonadas por el propietario de las obras”.

Las acusadas, según el Ministerio Público, causaron un perjuicio económico al Ivacor de 12.630 euros, ya que “pese a realizarse los trabajos en el instituto, esta entidad no obtuvo contraprestación económica alguna”.

La causa, nacida tras una denuncia del sindicato CGT, fue archivada por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Sin embargo, tras sendos recursos de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce CGT, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia revocó el archivo.