¿Hubo una cloaca valenciana en la Transición?

A mediados de diciembre de 1980, el rey Juan Carlos concedía a María Consuelo Reyna el Lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil. En la ceremonia, José María Fernández del Río, el gobernador civil de Valencia de UCD, expresó así su admiración por Reyna: ‘‘Valencia es más Valencia porque te tiene a ti en la página 5 de Las Provincias’’. Para quien no lo sepa, María Consuelo Reyna era entonces la directora de facto del referido diario, el más leído en Valencia junto con el Levante, además de la periodista más influyente de la ciudad.

Un mes antes, don Juan Carlos había recibido en el Palacio de Oriente de Madrid a una representación de entidades valencianas entre las cuales figuraban la asociación Ballesters del Centenar de la Ploma (BCP) o el Grup d’Acció Valencianista (GAV). Los acompañó el gobernador civil de Valencia. El GAV, promovido desde ambientes conservadores y asistido por residuos del sindicalismo vertical franquista, había sido fundado en el verano de 1977 tras el arrollador triunfo de la izquierda valenciana en las primeras elecciones tras la muerte de Franco. A la altura de finales de 1980, miembros y simpatizantes del GAV ya habían sido repetidamente señalados por diversos medios como participantes en altercados violentos, algunos muy graves y que habían afectado a autoridades democráticas. La asociación BCP, de orígenes más inciertos, era conocida sobre todo por firmar pintadas amenazantes contra dirigentes y organizaciones de izquierda.

Si bien no es concluyente, lo expuesto hasta ahora sugiere un tejido de relaciones y complicidades un tanto singular. Pero la cosa va más allá. Existen documentos que demuestran que la UCD valenciana selló una alianza con el GAV de cara a las elecciones de 1979. En virtud del pacto, militantes del GAV fueron incluidos en las listas de los centristas para las elecciones generales y municipales de aquel año. De este modo, dos miembros del GAV, entre ellos Rafael Orellano, su primer presidente, fueron concejales de la oposición del primer ayuntamiento democrático de la capital valenciana. En ambos comicios las candidaturas centristas recibieron el apoyo entusiasta de María Consuelo Reyna: ‘‘Valencia merece tener como alcalde a un hombre de la talla humana, intelectual y profesional del candidato de UCD’’, decía en una de sus columnas.

Algunos meses después de aquellas elecciones, en las que UCD fracasó, tenía lugar uno de los sucesos más determinantes de la Transición valenciana. Era 9 de octubre. Un ayuntamiento democrático y de izquierdas organizaba por primera vez los actos centrales del entonces llamado Día del País Valenciano. Cabe anotar que País Valenciano fue la denominación oficial de la actual Comunidad Valenciana entre 1978 y 1982. Pues bien, aquel 9 de octubre de 1979 hubo repetidas agresiones contra ciudadanos y autoridades de izquierda, entre ellas el alcalde socialista de Valencia, Ricard Pérez Casado. También fueron golpeados periodistas y policías municipales. La casa consistorial, además intentos de asalto, recibió el impacto de varios objetos y proyectiles, llegando uno de ellos a incendiar las banderas del balcón. Todo ello ocurrió ante la clamorosa inacción de la Policía Nacional. Solo la actuación de los guardias municipales y del servicio de orden del PCE logró evitar que las cosas fueran más lejos. Ante la violencia desatada, el alcalde amagó con cancelar los actos, pero fue disuadido por el gobernador civil, quien le garantizó personalmente la seguridad. Después de aquello, continuaron produciéndose incidentes gravísimos ante la actitud negligente de la fuerza pública. Tanto es así que el primer edil fue asaltado y agredido varias veces, siendo golpeado en la cabeza y amenazado con una navaja.

Hoy sabemos que detrás de al menos una parte de aquellos incidentes estuvieron UCD y el GAV. Rafael Orellano, el concejal de UCD vinculado al GAV, reconoció en una entrevista publicada por El Mundo en 2010 ser el autor intelectual de la quema de las banderas: ‘‘Yo di todos los medios […] Yo lo ideé pero lo dejé en manos del GAV’’. Orellano reveló, además, que el gobernador militar, Luis Caruana, estaba enterado de la acción, lo mismo que un mando policial, a quien avisó ‘‘de que podrían producirse altercados’’. Esto encaja con la versión que el entonces alcalde de Valencia ofrece en sus memorias, según la cual otro concejal de UCD había recibido el visto bueno de Caruana para que se disparara contra ‘‘la enseña de la preautonomía democrática’’. Aunque no hay ninguna evidencia que lo demuestre, es muy probable que el gobernador civil también supiera lo que iba a ocurrir, de ahí que su insistencia en que no se cancelaran los actos resulte particularmente significativa. Huelga decir que esta pasividad policial contrasta con las duras actuaciones ante manifestaciones obreras o estudiantiles, las cuales dejaron en Valencia algunos muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos a lo largo de la Transición.

El impacto de aquellos sucesos fue inmenso. Al día siguiente, María Consuelo Reyna responsabilizó a José Luis Albiñana, presidente socialista del Consell preautonómico, de lo ocurrido: ‘‘por defender su puesto, humilla, crispa e insulta al pueblo que lo votó’’. Reyna pretendía hacer ver que los perpetradores de los incidentes -algunos centenares de personas- eran representativos del pueblo valenciano, cuando en realidad eran en su mayoría militantes y simpatizantes del GAV y otras organizaciones ultras. En los días previos, se habían celebrado en Valencia dos manifestaciones casi consecutivas, una convocada por la derecha y otra por la izquierda, siendo la segunda mucho más exitosa. Así, la revista La Calle describió lo sucedido el día 9 como una ‘‘respuesta rabiosa frente a la masiva asistencia a la convocatoria’’ de la izquierda. Como se ha visto, hay indicios suficientes como para pensar en una encerrona.

La animadversión de UCD y su entorno hacia Albiñana, enmascarada en cuestiones simbólicas, radicaba en la insistencia de éste por encauzar la autonomía valenciana por la vía del artículo 151 de la Constitución, la llamada ‘‘vía rápida de acceso a la autonomía’’, la cual Rodolfo Martín Villa condenó como contraria a ‘‘la funcionalidad del Estado’’. Transcurridos dos meses, en medio de una enorme presión, el PSOE abandonó el Consell, forzando así la dimisión de Albiñana y dejando el ente preautonómico en manos de UCD. La decisión fue recibida con alborozo por Reyna, quien afirmó que ‘‘el simple hecho de quitar a Albiñana’’ despejaba ‘‘el camino hacia la autonomía’’. Aunque la autonomía aún tardaría más de dos años en aprobarse, no cabe duda de que todo aquello benefició a la sucursal valenciana de UCD, la cual se hizo con las riendas del Consell y del proceso autonómico a pesar de no haber ganado ningunas elecciones. Finalmente, los centristas lograrían introducir casi todas sus exigencias en el Estatuto de Autonomía. Según Pérez Casado: ‘‘Con la revuelta del 9 de octubre la derecha fijó los límites y marcó la pauta’’.

Este es uno de los episodios turbios y turbulentos más notorios de la Transición valenciana, pero no es, ni mucho menos, el único. A lo largo de aquellos años hubo en territorio valenciano centenares de acciones violentas y terroristas, la inmensa mayoría protagonizadas por la extrema derecha y grupos afines. Casi todas permanecen hoy sin resolver. Todavía queda mucho por desmadejar de la maraña tejida por la UCD, ciertas instituciones del Estado, medios como Las Provincias y organizaciones radicales como el GAV, aunque cada vez sabemos más. Y así, para responder a la pregunta que da título a este artículo, les digo, parafraseando a una conocida presentadora de televisión: estos son los datos y solo suyas son las conclusiones.

Borja Ribera es doctor en Historia Contemporánea