El portazo del ministro

Una puerta “antivandálica” (sic) separa el rellano de la que había sido la casa de Juana y sus dos hijos los últimos 17 años. La han instalado a toda prisa sin permitirles retirar sus pertenencias.

No es cierto que el derecho a la propiedad se vea cuestionado de manera sistemática en España. Al contrario, día tras día el drama de familias obligadas a abandonar sus casas aumenta. En el imaginario de mucha gente ha calado que la dimensión del fenómeno okupa es alarmante. Y no. Juana recibió un día una carta donde se le informaba de que su anterior casero había dejado de serlo y que ello, unido a que su contrato de alquiler estaba próximo al vencimiento, le otorgaba apenas unas semanas para abandonar su hogar. Todo ello pese a que en ningún momento había dejado de pagar los 480 €/mes con un salario de apenas 800 €. El nuevo propietario le da opción a quedarse, sí, si acepta la subida de la mensualidad hasta los 750 €. Esta es la situación más repetida con la que nos encontramos cuando nos llegan a la Conselleria los casos de emergencia habitacional. Es el derecho a la vivienda digna el que está en jaque.

Esa fría puerta metálica es la materialización física cotidiana de los mecanismos especulativos que el PSOE quiere renunciar a regular en la redacción de la futura Ley de Vivienda estatal. El pasado lunes, el ministro José Luis Ábalos daba literalmente un portazo a las expectativas que la sociedad española tiene puestas en una ley emanada de un gobierno progresista de coalición. Quienes han estado luchando y elevando propuestas para facilitar el acceso a la vivienda han recibido con enorme dolor e indignación esta noticia. Esa puerta cerraba estrepitosamente dándoles un golpe en las narices, por mucho que algunos nos advertían con este mismo órgano olfativo que cada cierto tiempo el PSOE provoca este tipo de decepciones colectivas.

Con mucho dolor también hemos recibido la noticia entre quienes trabajamos cada día dando soluciones a las emergencias que lamentablemente siguen sucediéndose en la Comunitat Valenciana. Ver a un ministro valenciano poner voz al posicionamiento de su partido, cuando el nuestro es uno de los territorios más sensibles a las tensiones del mercado inmobiliario dice mucho de la desconexión de la cúpula del PSOE con la realidad cotidiana de las familias que sufren estos procesos especulativos. También, comprobar cómo se renuncia, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la batería de sugerencias elevada en la propuesta valenciana al anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda resulta sangrante. Pero, sobre todo, contrastar esta renuncia del ministro Ábalos con la apuesta decidida del Consell del Botànic por hacer efectivo el derecho a la vivienda y ampliar el abanico de alternativas para responder a las emergencias habitacionales resulta del todo incomprensible.

¿Por qué cuando recibe presiones el PSOE siempre elige el dolor de otros? Las justificaciones escogidas por el ministro Ábalos (“...pero también es un bien de mercado...”), las relativas a las posibles afecciones a las expectativas de negocio inmobiliario, van perdiendo fuerza ante las evidencias. Cuando en el primer semestre de 2020 encarrilábamos la recta final para la aprobación del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, recibimos también muchas presiones y con diferente gradación. Y es cierto que hubo un portazo, el que dimos a quienes anteponían las rentabilidades económicas a las situaciones de pérdida de vivienda de las familias. Un portazo a la especulación.

Los argumentos economicistas ante la entrada en vigor del citado decreto ley deslizaban que “iba a suponer la paralización del mercado de compraventa de inmuebles”, supuesto desmentido rotundamente por el informe “Estadística Registral Inmobiliaria 4t 2020” del Colegio de Registradores de España, donde la Comunitat figura como la primera en compraventas por población. Pero incluso en el caso de que la predicción de Ábalos tuviera algún viso de acabar cumpliéndose, ¿por qué el PSOE se olvida de “la actividad económica” o de “la seguridad jurídica de las inversiones” de las unidades familiares que se verán afectadas por la falta de regulación?

Un análisis de la distribución generacional de la propiedad nos podría dar pistas acerca de qué intereses se están tratando de perpetuar. “Queremos un país de propietarios y no de proletarios”, son palabras del ministro de la Vivienda franquista, José Luis Arrese, pronunciadas en 1957 y que desencadenaron medidas para el fomento de la propiedad como relación prioritaria entre las viviendas y las familias que tenían que habitarlas, medidas que han mantenido una inercia continuista hasta nuestros días. En la práctica, el apoyo a la fórmula de propiedad en detrimento de la del alquiler, propició la aparición de una “clase rentista” conformada por un enjambre de propietarios que se valió del contexto idóneo para la adquisición de inmuebles con los que luego ha podido generar ingresos para seguir ampliando su patrimonio a cambio de poco esfuerzo. Aun así, ¿son estas personas las que deberían estar preocupadas por la nueva regulación? Rotundamente no. Si se dispone en propiedad de 5 casas o menos los efectos de la propuesta impulsada por Unidas Podemos iban a ser limitados, si se tienen más de 5 casas, tal vez sus propietarios no comparten las mismas preocupaciones de las familias vulnerables a quienes urge proteger.

De fondo, la ausencia de regulación ambiciosa va a consolidar las diferencias entre los que han tenido acceso a la propiedad y quienes, carentes de buenas perspectivas laborales, ven además cómo el precio de los alquileres sigue creciendo. En un momento, el actual, en que los analistas se esfuerzan en encontrar motivos al latente descontento de población más joven, tal vez una mirada a este choque generacional promovido desde las administraciones públicas podría ofrecer algunas respuestas. ¿Le interesa al PSOE poner remedio a este conflicto? Aquí la distribución del voto por edades cobra un peso sustancial. Si las soluciones no se abordan ahora, quizás el ministro Ábalos esté ahondando en el desarraigo de la juventud con la clase política y abonando el terreno a las opciones políticas que basan su crecimiento en enfrentar al último con el penúltimo. Un camino que no conviene tomar.