Patronal, sindicatos y juristas reclaman a PP y PSOE que apoyen el derecho civil valenciano en la reforma constitucional: “Una sociedad democrática debe dar respuesta”

Patronal, sindicatos y juristas reclaman a los diputados en el Congreso que apoyen la recuperación del derecho civil valenciano en la reforma constitucional exprés que se abrirá en las próximas semanas. A pocos días de que se registre la propuesta de modificación de la Constitución pactada entre PP y PSOE, que implica suprimir el término “disminuido” del artículo 49, los agentes sociales valencianos insisten en la necesidad de aprovechar esta vía para blindar las competencias ya recogidas en el Estatut d'Autonomia. Los agentes sociales han convocado una protesta este domingo en la Plaça dels Furs de València para redoblar la presión de cara a la votación.

Los representantes de la sociedad civil insisten en la necesidad de que los parlamentarios aprueben la enmienda que presentará Compromís, que fue redactada por la asociación Juristes Valencians y recoge una demanda que apoyaron en las Corts todos los partidos salvo Vox. Los valencianistas presentarán el texto a partir del próximo martes, cuando PP y PSOE registren la propuesta de reforma de la Constitución y se abra el periodo de enmiendas. La propuesta de reforma constitucional para blindar la competencia valenciana, que recoge el Estatut d'Autonomia pero que a efectos prácticos derogó el Tribunal Constitucional con tres sentencias contra tres leyes, lleva paralizada desde 2020. Hace cuatro años que el Parlamento valenciano presentó la propuesta y nunca ha llegado a ser debatida, pese a los compromisos asumidos por los partidos. Para el presidente de Juristes Valencians, impulsores del proyecto, la situación es una anomalía: “Una sociedad democrática debe dar respuesta”.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO PV) y UGT País Valencià, Ana García e Ismael Sáez; la presidenta de la CEV Valencia, Eva Blasco, el decano del ICAV, José Soriano; y el presidente de Juristes Valencians, José Ramon Chirivella, han comparecido este jueves en una rueda de prensa conjunta, donde han querido ratificar la unidad en cuanto a una cuestión que implica ganar o perder autonomía. “Denunciamos que hay una propuesta de reforma constitucional antes de la pandemia que todavía no se ha atendido”. “Ahora que se habla de lealtad institucional, ¿Dónde está la lealtad con los valencianos si hace cuatro años que aprobamos esta reforma?”, ha insistido Chirivella, apoyado por el resto de agentes.

A juicio de los comparecientes, si no se aprobara la reforma planteada, se estarían recortando de facto competencias estatutarias. “Está en juego el autogobierno”, ha insistido el decano del Colegio de Abogados. La justificación de Juristes para presentar el texto detalla que la reforma del Estatuto aprobada por les Corts y las Cortes Generales en el año 2006 hizo posible la recuperación del Derecho Civil Foral como uno de los ejes del autogobierno valenciano. “La reforma del Estatut d'Autonomía del año 2006 hizo posible, tras 300 años de reivindicación, que les Corts volvieran a dictar leyes civiles como hacen también por motivos históricos otras seis comunidades autónomas”, han señalado los presentes, considerando una “discriminación” que no se permita a la Comunitat Valenciana legislar como otras nacionalidades históricas.

La enmienda que presentará Compromís-Sumar, redactada por la plataforma jurídica, dice así: “La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida en sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales”.

¿Para qué sirve el derecho civil?

Además de ser una competencia recogida en el Estatut d'Autonomia a través de su reforma en 2006 y que otras nacionalidades históricas como Catalunya, País Vasco, Navarra, Aragón y Galicia sí desarrollan, la capacidad legislativa tiene impacto en la vida de los ciudadanos. “Es importante tener normas que regulen el conflicto, que nos puedan amparar y eviten un perjuicio posterior”, apuntaba la representante de CCOO.

Las leyes derogadas por el Tribunal Constitucional entre 2016 y 2018 fueron la las leyes de régimen económico matrimonial valenciano (aprobada en 2007), de relaciones familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven (2011) y de uniones de hecho (2012). El Derecho Civil valenciano incluye en cuanto a derecho de familia la separación de bienes por defecto como régimen económico matrimonial -ahora lo es en gananciales-; por otra parte, la ley de custodia compartida establece la preferencia por este sistema en caso de separación, siempre que no se dé perjuicio para el menor y que exista acuerdo entre los progenitores; la ley de parejas de hecho, que da a estas uniones ventajas similares a las matrimoniales, como la posibilidad del uso del domicilio familiar o de una pensión si una de las partes de la pareja fallece, y la ley de contratos agrarios, que regula las transacciones de productos del campo y el arrendamiento de tierras. Respecto a las sucesiones, si se aprobara la propuesta, se recuperaría la la Ley Valenciana de Sucesiones del año 2009, que da mayor margen a las herencias, libertad para no otorgar la “legítima” de la herencia y la posibilidad de desheredar en casos de maltrato psicológico, además de permite redactar un testamento “por apoderado”. Estas dos últimas son especialmente relevantes para el empresariado valenciano y el sector agrícola.

Pero especialmente, los agentes sociales y los juristas insisten en que se trata de una cuestión de no discriminación a la Comunitat Valenciana, que tuvo en sus orígenes históricos el régimen de fueros y es una de sus “señas de identidad”, y lo contrario implicaría una discriminación respecto a otras nacionalidades históricas en el Estado español. Aprobar la reforma constitucional implicaría devolver a las Corts Valencianes la capacidad legislativa en materia civil y acercar los derechos a los ciudadanos.