El Gobierno valenciano propone a los municipios sancionar a los demandantes de prostitución con multas de hasta 3.000 euros

El PSPV intensifica su agenda abolicionista de la prostitución a través del Ejecutivo autonómico. La Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, ha elaborado un modelo de ordenanza para que los municipios sancionen a los demandantes de prostitución con multas de hasta 3.000 euros.

El modelo que defiende la rama socialista en el Gobierno autonómico, donde las competencias están divididas y las formas de combatir la explotación sexual son diversas, se presenta como la contraposición a la ordenanza aprobada por al Ayuntamiento de Alicante por PP, Ciudadanos y Vox. El consistorio que dirige el popular Luis Barcala sanciona a las mujeres que ejercen la prostitución por conductas consideradas incívicas, sin tener en cuenta las condiciones de explotación sexual o vulnerabilidad y produciendo una “revictimización”, según denuncian colectivos feministas.

Bravo defiende un modelo que sancione a prostituidores –proxenetas y demandantes de prostitución–, que sigue las líneas marcadas por el Foro Abolicionista que la conselleria presentó el pasado enero. La ordenanza, presentada este jueves junto al alcalde de Mislata y secretario provincial del PSPV en Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, pone el foco en la demanda de sexo como piedra central en esta forma de violencia contra las mujeres. Este marco, a disposición de los ayuntamientos valencianos, recoge la prohibición de la demanda de prostitución, a la que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros, que pueden incrementarse hasta los 3.000 si se realiza cerca de un centro educativo o lugar con afluencia infantil. También serán sancionados los proxenetas, señalados en la norma como “quienes colaboren con los demandantes de sexo pagado como intermediadores”.

La ordenanza prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750 euros. En este caso, será responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad como el anunciante. Desde la conselleria remarcan que en ningún caso serán susceptibles de ser sancionadas las personas prostituidas y se impulsarán planes municipales que faciliten el acceso a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional.

La consellera considera que una “sociedad decente” pasa por abolir la prostitución, “una forma de violencia de género”. “Se trata de construir un proyecto integral para que las víctimas puedan salir adelante dentro de un marco de dignidad”, remarca la titular de Justicia. Durante su intervención, Bravo ha defendido que las corporaciones locales tienen “competencias y capacidades suficientes para estar en la primera línea de la erradicación de la prostitución a través de las ordenanzas municipales, que son un instrumento muy potente para marcar la diferencia entre aquellos municipios que protegen la dignidad de todas las personas y los que, para su vergüenza y la nuestra, abdican de ella”.

La ordenanza se mueve en la línea de los documentos aprobados por el PSPV y el PSOE en sus últimos congresos, con un compromiso firme por abolir la prostitución. Los ayuntamientos socialistas incorporarán la ordenanza abolicionista, según lo comunicaba la vicesecretaria general y Secretaria de Igualdad del PSPV, Ana Domínguez. Sin embargo, la postura no es unánime ni en el movimiento feminista ni en la coalición de izquierdas que suscribe el Pacto del Botànico, donde no hay consenso sobre cómo debe abordarse la explotación sexual. Algunas voces de Compromís reclaman abordar la prostitución con las mujeres afectadas y en Unidas Podemos el debate sigue abierto. Las medidas impulsadas por la Conselleria de Igualdad se centran en itinerarios de inserción sociolaborales para víctimas de trata, a través de la renta valenciana de inclusión.