Igualdad adjudica las 7.100 plazas de residencias públicas de mayores y entierra el modelo Blasco-Cotino

El Gobierno valenciano adjudica 7.100 plazas de residencias públicas de mayores con los nuevos criterios que entierran el modelo Blasco-Cotino, acuñado por los consellers del PP en la pasada década. El contrato, de casi mil millones de euros, aumenta la oferta de plazas residenciales públicas en 1.500 y unifica el servicio de prestación directa y el concertado, integrando en el sistema público todas las plazas que se sostienen con los fondos de la Generalitat.

Siguiendo el criterio que marca la nueva ley de Servicios Sociales, que elabora un mapa de necesidades con distribución mancomunitaria -similar a los departamentos de salud que organiza Sanidad- el macrocontrato contempla 21 lotes y 31 empresas adjudicatarias. Los grandes grupos residenciales tradicionalmente beneficiados por el anterior modelo -Savia, La Saleta, Sacova (ahora, Domus Vi), Gerocleop y Solimar- siguen encabezando la prestación del servicio, pero pierden peso al entrar nuevas empresas en la gestión de las plazas residenciales. Las seis mercantiles que copaban la gestión pierden un 20% de cuota en favor de otras empresas de menor tamaño. Igualdad destaca que, frente a un modelo que no permitía la libre concurrencia, se llega a un récord de empresas y centros adjudicados: de 35 centros gestionados por 6 grandes empresas a 91 centros gestionados por 31 mercantiles.

La plataforma de contratación del Estado publica este martes la adjudicación de los nuevos lotes, que para el departamento dirigido por Aitana Mas marca un punto de inflexión en la gestión de la atención a la tercera edad. Se corrigen algunos déficits territoriales, incrementando las plazas en la Vega Baja, el área metropolitana de Valencia y Alicante y en la Ribera Alta; a la par, se redistribuyen las plazas sobrantes de un departamento para que estén a disposición del que se encuentre más cerca. El modelo de gestión que impulsó Rafael Blasco y continuó Juan Cotino otorgaba la exclusividad de la gestión de dos tercios de las plazas a un pequeño grupo de mercantiles, algunas de ellas vinculadas a la familia del entonces conseller popular, fue anulado en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia, ratificado por el Tribunal Supremo en 2019, y obligó al Gobierno autonómico a rehacer el concurso.

La ley que aprobó en 2018 Mónica Oltra cambió los criterios de acceso de las empresas a la gestión, reduciendo el peso del coste económico en la fórmula de ponderación al 30% del total. De esta forma se pretendía evitar las bajas temerarias -ofertas con un montante total bajo que trastocaban la contratación- y, según apunta este departamento, no ha habido ninguna baja por primera vez.

Los nuevos pliegos daban más peso a cláusulas sociales que incentiven buenas prácticas como la mejora salarial de los trabajadores, tener ratios por encima del mínimo legal y ofrecían una mejora de la financiación para primar la calidad del servicio sobre el coste total para la empresa. Además, las empresas que tributen en paraísos fiscales quedan excluidas del pliego de contratación y este será motivo de rescisión de contrato. Según fuentes de este departamento, las empresas han ofrecido la compra de proximidad de verduras y frutas o de panadería en un 95% de los centros, mejoras salariales para los trabajadores en el 58% de los centros, revisiones dentales anuales gratuitas en el 95% de los centros, enfermería 24h en el 71% o servicio de esteticien en el 65% de las residencias adjudicadas.