El PSOE acusa a la Diputación de Castellón de privilegiar a los ayuntamientos del PP en los presupuestos
“Han dejado al señor Carlos Fabra de aprendiz”. Esta fue la frase que José Benlloch, portavoz socialista en la Diputación de Castellón, utilizó para definir los presupuestos de la institución. El también alcalde de Vila Real acusó al gobierno provincial, del PP, de utilizar las partidas de dinero público cuyo reparto entre los pueblos no está sujeto a criterios objetivos para beneficiar a los alcaldes de su mismo partido: “Están maltratando a los territorios que no les han votado”. Las cuentas se aprobaron en el Pleno del martes gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, con el voto en contra de todos los grupos políticos que forman la oposición: Ciudadanos, Castelló en Moviment, Compromís y PSOE.
Desde el equipo de gobierno, el encargado de defender el presupuesto fue el vicepresidente, Miguel Barrachina. Explicó que asciende a 130,4 millones de euros (139 si se suma el presupuesto de entidades dependientes de la institución, como el Consorcio de Bomberos). El presupuesto suma siete millones de euros más que en 2015 gracias al aumento de la aportación del Estado. Barrachina explicó que en esta última legislatura -la primera con Javier Moliner al frente de la Diputación-, se ha aumentado la eficacia en la gestión y disminuido la deuda, de forma que el próximo año se podrán dedicar 95 millones de euros a inversiones en municipios, “un 40% más que en 2012”.
“Ciudadanos de primera y de segunda”
La crítica fundamental de Benlloch fue la de considerar “arbitrarios” los presupuestos, que establecen “ciudadanos de primera, de los pueblos gobernados por el PP, y de segunda, los del resto”. El portavoz socialista se refirió a los llamados convenios singulares, cuya partida asciende a 2,4 millones de euros: “El 80% de los recursos van al 5% de la población de la provincia, es decir, a pueblos gobernados por el Partido Popular”. Por su parte, Barrachina negó esta acusación y reprochó a Benlloch su “descaro”. Como prueba, argumentó que el 50% de lo presupuestado para mejora de carreteras se gastará en “el único partido judicial de la provincia en el que no ganó el PP”.
La oposición criticó también la falta de participación de los alcaldes y concejales a la hora de confeccionar las cuentas. Fue la queja fundamental de Compromís. El PSOE se quejó que no se hubiera convocado ni al Foro de Alcaldes ni al Consejo de Participación para canalizar las ideas ciudadanas y municipales en torno a las cuentas. Por su parte, Castelló en Moviment basó su voto en contra en su desacuerdo con que la mayor parte del presupuesto se dedique a actuaciones propias de la Diputación.
La portavoz, Anna Peñalver, explicó que 74 millones de euros se dedican a tareas que son necesarias, y que, de no existir la institución, “deberían ser asumidas por otras administraciones”. Sin embargo, los otros 65 millones “se reparte en convenios singulares o en convocatorias regladas a los pueblos, o se utilizan para actuaciones propias de la Diputación, en desarrollo rural, cultura etc.”. A juicio de Peñalver, ese dinero debería ser repartido equitativamente entre los ayuntamientos, “instituciones democráticas”, para que fueran ellos, y no la Diputación, “una institución poco democrática”, los que decidieran a qué dedicarlo.
Finalmente, Ciudadanos apostó por eliminar las Diputaciones, que se han convertido “en un nido de gente que trabaja para los partidos políticos”. “La mayor parte del gasto se dedica a mantener la institución”, criticó la portavoz, Cristina Gabarda, en referencia a los presupuestos de 2016. “Se aumenta el gasto corriente”, de forma que “los recursos de la Generalitat y el Estado se destinan a mantener una institución obsoleta y sobredimensionada”, lamentó.
