La Comissió Ciutat-Port llevará a Puertos del Estado y al Puerto de València a los tribunales por autorizar la ampliación sin un nuevo informe ambiental

La Comissió Ciutat-Port, entidad integrada por asociaciones vecinales y ecologistas, ha anunciado que, una vez conocido el contenido del informe de Puertos del Estado spbre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 y a la vista de las decisiones que adopte la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), acudirá a los tribunales, frente a uno y otro organismo “en defensa del derecho a la salud y al medioambiente que la Constitución reconoce” y exigirá responsabilidades “hasta sus últimas consecuencias”. 

Desde la Comissió han comentado que según se ha anunciado en los medios de comunicación, Puertos del Estado cedería a la Autoridad Portuaria de Valencia la última palabra sobre la necesidad o no de tramitar una nueva evaluación ambiental para poder llevar a cabo “una macroampliación del Puerto de Valencia que ha sido cuestionada por la Comissió Ciutat Port, con el apoyo de más de un centenar de colectivos ciudadanos, y el aval de informes técnicos y jurídicos emitidos por diversos expertos”.

Para Ciutat Port, la Declaración de Impacto Ambiental realizada hace quince años, ha perdido la vigencia: “Las circunstancias ambientales de hace quince años no son las de 2021, en plena situación de emergencia climática reconocida por todos los organismos internacionales y por las mismas autoridades que ahora dan el visto bueno a una ampliación que ni siquiera se ajusta a la documentación aportada cuando se realizó la evaluación que consideran obsoleta y no adecuada a la realidad actual”.

Además, han afirmado que según la nota difundida desde Puertos del Estado y las declaraciones de su presidente, Francisco Toledo, sería a la propia APV a la que correspondería ahora pronunciarse sobre la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental, con lo que no solo el organismo estatal “elude sus responsabilidades” sino que convierte a la APV, promotora de la macroampliación, en juez y parte interesada de la resolución final a adoptar.

“Esta decisión aboca a la ciudadanía a una situación de absoluta inseguridad jurídica al convertir a la Autoridad Portuaria de Valencia en juez y parte”, han lamentado.

La Comissió ha dclarado estar “harta” de declaraciones y comparecencias de los responsables de la APV, mientras siguen sin contestarse individual y razonadamente las alegaciones ciudadanas presentadas hace más de un año y ni siquiera se ha hecho público el proyecto definitivo de la macroampliación. Además, han exigido que se hagan públicos los informes en que se base el posicionamiento hecho público por Puertos del Estado para poder estudiar su contenido y rebatirlo públicamente y recurrirlo ante los tribunales.

“Resulta indignante que el organismo estatal al que según la ley corresponde llevar a cabo la aprobación del proyecto de la actuación, a la vista de las circunstancias ambientales actuales y o las de hace quince años, eluda sus responsabilidades para volver a dejar en la puerta de la APV una decisión que arrastra casi año y medio de retrasos”, han denunciado

Por otra parte, han recordado que esta “extraña fórmula” de no pronunciarse elegida por Puertos del Estado, no despeja las dudas acerca de la eventual adjudicación de la concesión para la explotación de la ampliación norte a la naviera MSC, no solo por el tiempo transcurrido sino por el hecho de que la empresa de transportes hizo su oferta en base a un anteproyecto que ha experimentado numerosos cambios y aún debe ser adaptado a las nuevas recomendaciones técnicas incluidas en el informe de Puertos del Estado.

La Comissió Ciutat-Port se ha ratificado en los informes técnicos y jurídicos aportados que razonan, tanto los efectos perversos para las playas del sur y la Albufera que tendría la ampliación proyectada, así como los perjuicios para la salud de la población al incrementarse el tráfico marítimo y de vehículos pesados alrededor de las instalaciones portuarias, además de la pérdida de vigencia de una DIA de 2007 cuyos datos y evaluación tienen ya quince años de antigüedad.

Por este motivo, han rechazado “la concepción anacrónica de la realidad de que hacen gala tanto Puertos del Estado como la APV que siguen apostando por grandes infraestructuras y desarrollos basados en el cemento en vez trabajar en la lógica de la transición ecológica y la defensa del territorio y la salud de las personas”.