La Federación Vecinal de València propone que los apartamentos turísticos que no se legalicen en un año pasen a residencial

Este jueves ha tenido lugar una reunión entre el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, y representantes de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), que han reclamado al Gobierno municipal medidas urgentes y mayor concreción para empezar a paliar desde ya el enorme problema con el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad. “Además de la planificación necesaria para que haya más vivienda en València a precios asequibles hay medidas que se podrían tomar ya, empezando por el cierre inmediato de los apartamentos turísticos ilegales que hay en la actualidad y su conversión a alquiler residencial”, ha destacado María José Broseta, presidenta de la FAAVV. 

La presidenta de la Federación vecinal ha calificado esta reunión como positiva, en la que el concejal de Urbanismo ha compartido algunas líneas de actuación que coincidirían con algunas reivindicaciones y planteamientos del movimiento vecinal. “Ahora lo que es necesario es que se concrete con datos y actuaciones, a través de la regulación y con un régimen sancionador que permita la conversión de vivienda turística en vivienda residencial, por ejemplo”, ha destacado Broseta.

Como ya comunicó la Federación vecinal de València, que el Ayuntamiento haya asumido la necesidad de impulsar una moratoria de licencias de nuevas viviendas de uso turístico tal y como venía reclamando el movimiento vecinal es, de entrada, una buena noticia, pues significa que el equipo de Gobierno municipal asume que existe un grave problema social con el crecimiento descontrolado del alojamiento turístico. Asimismo, es muy importante que la moratoria suspenda también los cambios de uso de residencial a terciario, y esto debe vincularse a edificios completos también.

Tal y como han destacado los y las representantes del movimiento vecinal, este crecimiento descontrolado está provocando en la ciudad una auténtica burbuja inmobiliaria, con un encarecimiento anormal de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Con contratos de arrendamiento que no se renuevan, subidas desorbitadas de los alquileres –la ciudad de València es el lugar de España donde más crece el precio del alquiler–, compra de edificios residenciales para uso hotelero, acoso inmobiliario, desahucios, transformación de bajos comerciales en infraviviendas turísticas, obras en elementos comunes sin autorización de la comunidad, residencias incrustadas dentro de patios de vecinos, ciudadanos de países más ricos como principales compradores de viviendas en subastas como las del Cabanyal, o fondos de inversión en el PAI de Patraix.

Todo esto está pasando en la ciudad y a una velocidad de vértigo como consecuencia de una actividad turística desbocada. Por ejemplo, estas Fallas se han ofertado un 24% más de apartamentos turísticos que el año anterior.

Ante toda esta situación, la FAAVV ha pedido al Gobierno municipal más comunicación y más concreción sobre los cambios y acciones que se vayan planteando, así como más participación, sobre lo cuál el propio concejal se ha comprometido para que así sea en adelante. Asimismo, la Federación vecinal incide en la activación de las mesas de diálogo con las que se comprometió la alcaldesa María José Catalá, para concretar la hoja de ruta municipal en materia de ocio y turismo. Así lo ha trasladado en la reunión de hoy María José Broseta, presidenta de la Federación vecinal, quien ha cuestionado también qué virtualidad puede tener una moratoria si la inmensa mayoría de apartamentos ya funcionan sin licencia y los que comienzan las obras lo hacen al margen de las normas urbanísticas.

También, desde la Federación vecinal se ha incidido en la necesidad de una regulación que fije, entre otras cosas, un periodo transitorio de un año para que todos los apartamentos cuenten con el certificado de compatibilidad urbanística para poder continuar en el registro público, especialmente los anteriores a 2018.

Procedimiento sancionador y límites de carga turística

Respecto al procedimiento sancionador, los representantes de la Federació d’Associacions Veïnals han destacado que, mientras no se aporten otros datos, se está demostrando incapaz para contener el tsunami de apartamentos turísticos que está provocando la desaparición del mercado del alquiler residencial, los desahucios o el encarecimiento de la vivienda.

Al respecto, la concejalía ha trasmitido que irá aportando actualización de datos respecto a los avances que se vayan dando en esta materia, con una periodicidad que se ha establecido en entre dos y tres meses. En ese sentido, desde la FAAVV se han solicitado datos respecto a cuántas de las denuncias que se han tramitado últimamente ha supuesto un cese efectivo de la actividad hotelera, o cuántas de esas denuncias se han comunicado a la Dirección General de Turismo para que actúe con un procedimiento sancionador real. “La moratoria será papel mojado si el Ayuntamiento no mejora los procedimientos de inspección y sanción”, ha dicho María José Broseta, quien ha añadido además que, de los más de ocho mil apartamentos que se ofertan en las plataformas, al menos 4.500 estarían fuera de ordenación según datos de informes municipales, por lo que “un objetivo alcanzable sería conseguir en un año el pase de 2.000 viviendas de uso turístico al arrendamiento residencial, ofreciendo a cambio la suspensión del procedimiento sancionador”.

Asimismo, la representante del movimiento vecinal organizado en València ha destacado la necesidad de la regulación sobre la que el Gobierno municipal trasmite que está trabajando, destacando que será importante incluir cómo se tramitan las licencias para este tipo de alojamiento, cómo se regula su actividad y cómo se sancionan los abusos. Pero, sobre todo, que esta regulación aborde los límites, la capacidad de carga turística. Saber cuántas plazas caben en un barrio o en una manzana en función del número de residentes y de viviendas.

A este respecto, el concejal de Urbanismo y Vivienda ha trasmitido también que desde el Ayuntamiento se está trabajando en el análisis de datos para establecer limitaciones por áreas funcionales. Además, Giner ha insistido también en que cuenta con la participación del movimiento vecinal y de las asociaciones vecinales para la elaboración de la reglamentación.