Las siete irregularidades del informe de la Intervención del Estado que ponen en jaque la ampliación del Puerto de València y a su presidente

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, dio cuenta este martes de la aprobación del inicio de un procedimiento de lesividad, cuyo objetivo es anular un acuerdo del propio consejo de administración que preside adoptado en 2019.

Ese año se aprobó rescatar la concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia, propiedad del naviero y presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), Vicente Boluda, a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítima para construir un edificio de oficinas de 13 alturas. Una causa por la que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apreció posible responsabilidad contable.

La anulación de esta permuta de concesiones viene como consecuencia de sendos informes de la Intervención del Estado primero y de la Abogacía del Estado después, que ponen de relieve presuntas irregularidades, tal y como avanzó elDiario.es.

Pese a todo, Martínez descarta dimitir al asegurar que “todas las decisiones que se toman están avaladas por informes técnicos y jurídicos”, aunque aseguró que está a disposición de lo que decida el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, si existiera una pérdida de confianza hacia su gestión. “El presidente Ximo Puig desde el primer día que me nombró ya le dije que fuera buscando un sustituto y por lo tanto tiene mi nombramiento a su disposición desde el primer día, como es razonable porque son nombramientos de confianza. Si él piensa que hay que sustituirme, ningún problema”, afirmó el responsable de la APV.

Martínez no ocultó su preocupación por “la dureza” de ambos documentos. En concreto, el de la Intervención del Estado, pone de relieve hasta ocho posibles irregularidades que dejan la terminal de cruceros y, por tanto, la ampliación del Puerto de València, a expensas de lo que decida en primera instancia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige el socialista valenciano José Luis Ábalos, quien debe decidir en un plazo no superior a seis meses si se puede adjudicar dicha terminal a Baleària.

Y en segundo término, del Tribunal Superior de Justicia, que debe determinar si la permuta de concesiones es lesiva para los intereses públicos y si se debía haber optado por la vía de la caducidad de la concesión de Unión Naval, sin coste para el patrimonio público, como sostienen la Intervención y la Abogacía del Estado.

Estos son los principales reparos que pone de relieve el informe de la Intervención al que ha tenido acceso elDiario.es.

Conflicto de intereses con Vicente Boluda, miembro del consejo de la APV. “El vocal en representación de la Asociación Valenciana de Empresarios debía haberse ausentado en la junta de fecha 22 de junio de 2018 del punto por conflicto de intereses, como lo hizo en otras ocasiones, y si no lo hizo de motu propio, se le debía haber exigido”.

No se estudió debidamente la caducidad de la concesión de la Unión Naval. “No se exploró lo suficiente la extinción por incumplimiento de la concesión, o en su caso, el rescate parcial”.

Tasación indebida. “Por esta vía, el edificio de oficinas rescatado con un periodo ya relativamente corto de concesión, se han vuelto a otorgar por un periodo mucho más amplio de 35 años”.

Valoración incorrecta. “La operación no ha sido correctamente valorada: las tasaciones realizadas no tienen en cuenta, para valorar el rescate, el hecho de la caducidad de la concesión en 2027”.

Nueva concesión otorgada sin concurso público. “La nueva concesión se destina a oficinas con la posibilidad de cesión a empresas del grupo o terceros, se ha concedido sin concurrencia pública, y podría vulnerar el artículo 84.2 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPMM) al constituir una situación de dominio que podría afectar a la competencia, al ser la única en el recinto portuario”.

Incumple las condiciones técnicas exigidas por la propia APV. “En el año 2011 se formuló un Plan Director de Cruceros con el objetivo de dimensionar adecuadamente las instalaciones de ese tráfico. Se decidió ubicar el Muelle de Cruceros en la zona de la ampliación norte, las condiciones técnicas de la obra del Muelle de Cruceros de la Ampliación Norte de 2012 exigían poder albergar hasta cuatro buques con esloras superiores a 300 metros y con un calado de 14 metros. Estas condiciones no se cumplen en la concesión que ocupa Unión Naval Valencia”.

Negociación en desigualdad de condiciones, aparentemente sin defender debidamente los intereses de la APV. “En los acuerdos de negociación de 3 de septiembre y de 15 de octubre del 2018, en los que se fijan las condiciones del rescate, los representantes de las partes no han sido paritarias. Por parte de la entidad a rescatar han asistido dos negociadores, mientras que por parte de la APV solo su director general (...). Parece que el objetivo es la aceptación y no la continuidad de las negociaciones en función de los intereses de la APV, en ningún caso en dichas negociaciones se hace referencias a ninguna valoración económica. Al día siguiente de esta última negociación y dentro del procedimiento de tramitación interna de la APV, el departamento económico financiero de la misma emite un informe el 16 de octubre de 2018 indicando que no encuentra impedimento para que se efectúe el pago del valor del rescate mediante el otorgamiento de otra concesión”.

Protesta de los colectivos vecinales y ecologistas

Este martes, 29 de junio, tuvo lugar la reunión fundacional del Consejo Ciudadano de Administración del Puerto de València, órgano impulsado por Fridays For Future, Extinction Rebellion y la Comissió Ciutat-Port, entidad formada por Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, la plataforma El Litoral Per al Poble, València Saludable y otros colectivos de la capital valenciana.

Fuentes de la plataforma informaron de que “la toma de posesión de este órgano, abierto a toda la ciudadanía y que tiene como objetivo decidir qué puerto y ciudad queremos, se ha producido a las 10.00 horas ante el Edificio del Reloj, coincidiendo con el Consejo de Administración del Puerto de València”.

De hecho, “la sociedad civil pone en marcha este órgano por la carencia de sostenibilidad, transparencia y representatividad del actual Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València”, afirmaron.