Vicente Cotino, el sobrino que financió ilegalmente al PP
Financió ilegalmente al PP valenciano. El empresario Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la Policía, exconseller del gobierno de Francisco Camps y expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, es uno de los empresarios que confesó en el juicio de Gürtel que quedó visto para sentencia hace unas semanas haber financiado a través de la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez las campañas del PP local y autonómica de 2007 y general de 2008 en la Comunidad Valenciana.
Situado al frente de Sedesa, el grupo empresarial de la familia, un grupo del que, en teoría, se desvinculó su tío al asumir cargos políticos, Vicente Cotino es como el perejil de todas las salsas. Aparece, por ejemplo, en la investigación de la Fórmula 1 como socio de Jorge Martínez Aspar en Worldwide Circuit Management, la sociedad que poseía acciones de la empresa Valmor Sports, creada por Francisco Camps para aparentar que organizaba la prueba en el circuito urbano de Valencia. Aunque en este caso no está imputado.
De la obra pública a las residencias de la tercera edad, la empresa de Cotino ha sido, y todavía es, una de las grandes contratistas de la Administración valenciana. El amplio abanico de sectores alcanzó en su momento el ámbito de las energías renovables. El hecho de que, la misma mañana que Vicente Cotino era detenido, así como su hermano José, en la operación de la UCO, la Guardia Civil haya acudido a la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana a recabar documentos relacionados con el plan eólico, apunta en una dirección: Proyectos Eólicos Valencianos.
Se trata de una sociedad mayoritariamente participada por Endesa en la que Sedesa era accionista junto a Bancaja y que obtuvo la adjudicación de una de las zonas del plan eólico, la número 6, en la comarca del Alto Palancia. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló en 2010 el plan especial de esa zona porque troceaba la distribución de aerogeneradores para plantear la existencia de diversos parques, lo que permitía que fuera la Generalitat Valenciana la competente en su autorización. La sentencia, en respuesta a un recurso de Acció Ecologista-Agró, estableció que se trataba de un solo parque y su autorización y regulación correspondía a la Administración central.
