La preservación del coto de Doñana no puede ser siquiera sometida a discusión

Tras la indignación que se ha producido con la aprobación de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios de PP y Vox con la finalidad de dar cobertura a los pozos ilegales en la corona del Parque de Doñana, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha reaccionado con verdades a medias, que, como el lector sabe, es una de las formas más arteras de decir una mentira.

No es verdad, como se ha dicho por el presidente de la Junta de Andalucía, que se trata de una proposición para posibilitar un debate sosegado sobre la estrategia que se debe seguir para garantizar la preservación del Parque. Se ha hecho uso de la proposición en lugar del proyecto de ley con la finalidad, de entrada, de no tener que solicitar el dictamen del Consejo Consultivo, que no hay que haber estudiado en ninguna Facultad de Derecho para saber que iba a ser un mensaje negativo para la tramitación del mismo.

Pero es que, además, los dos grupos que han aprobado la tramitación de la proposición de ley han acordado que se haga por el procedimiento de urgencia, que es la forma menos idónea para que pueda producirse un debate sosegado.  

Por si no fuera suficiente, la aprobación de la proposición se ha producido en el momento en que se va a iniciar la campaña de las elecciones municipales, que no es la ocasión más propicia para debatir sosegadamente, sino todo lo contrario.

La respuesta a este atropello por parte de PP y Vox no puede ser otra por parte de los demás grupos parlamentarios que el rechazo a entrar siquiera en el debate parlamentario de la proposición. Ni presentación de enmiendas, ni debate en el pleno, ni participación en la votación. Lo único que, en mi opinión, deberían hacer es dirigirse al Defensor del Pueblo, para que este hiciera una gestión ante el presidente de la Junta de Andalucía a fin de que este ordenara al grupo parlamentario del PP la retirada de la proposición. En el caso de que la gestión no fuera atendida, el Defensor del Pueblo Andaluz debería dirigirse al Defensor del Pueblo del Estado para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la proposición.

Este es un asunto que debe resolverse en España y a través de la intervención de órganos constitucionales, como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que están en la Constitución para reaccionar contra las arbitrariedades en el ejercicio del poder. Debemos y podemos demostrar que somos capaces de resolver este asunto dentro de país y que disponemos de instituciones para poder hacerlo. El prestigio en política cuenta mucho. Y pocos casos hay como este en el que nuestro sistema político puede prestigiarse, poniendo fin al atropello sobre el Parque Nacional de Doñana.

El problema se soluciona aquí y después se da traslado de la solución a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE. No hace falta nada más.