Las alianzas de Pablo Iglesias y los tres estados del Congreso

La aprobación de los presupuestos ha reabierto el debate de las alianzas del Gobierno. Mientras el PSOE afirma que cualquier alianza que permita aprobar las cuentas es válida, Pablo Iglesias rechaza una alianza con Ciudadanos y la pide con los partidos de izquierdas. Pero, ¿qué tipo de alianza quiere Iglesias? ¿Es un tipo de alianza útil para democratizar el régimen del 78? La idea que defiendo es que no lo es, y que solo mediante una reconfiguración del actual tipo de alianza entre UP con el resto de fuerzas de izquierdas del Congreso puede servir para democratizarlo.

Para explicar a qué me refiero con ello debemos diferenciar entre alianzas coyunturales y estructurales. La alianza coyuntural es un acuerdo débil para la aprobación de una medida parcial concreta que se agota en sí mismo. Por el contrario, una alianza estructural es el compromiso común fuerte para la implementación de un proyecto global de Estado determinado, en lo material y lo superestructural. Podemos decir que, en el Congreso de la legislatura actual, existen, por un lado, alianzas coyunturales entre partidos que cambian en cada votación. Pero, por otro lado, hay tres grandes alianzas estructurales entre partidos que conforman los tres proyectos de Estado en disputa, hoy, en la cámara. 

En primer lugar, la alianza PP-Vox es portadora de un proyecto de Estado de régimen político pre-capitalista con relaciones interterritoriales y sociales, en su interior, de violencia salvaje. ¿Por qué pre-capitalista? No basta con percibir plusvalía para ser una efectiva burguesía. Históricamente, ha correspondido también a la burguesía para ser tal cumplir unas determinadas funciones de construcción liberal-burguesa de la sociedad, del Estado, del espacio y de la ciudadanía, sin las cuales el Estado capitalista no hubiera podido reproducirse. La supervivencia de este exige la superación de la sociedad civil por el Estado o, lo que es lo mismo, la superación del individuo privado por la del ciudadano con determinadas cuotas de libertad, igualdad formal y derechos sociales. Sin embargo, esta es una tarea a la que han renunciado el bloque PP-Vox y los sectores patrimonialistas vinculados a ellos. Su proyecto ya no pasa por la voluntad de crear ningún “pegamento” entre los pueblos, clases, grupos o diversidad del Estado capaz de crear una ciudadanía común que articule un nexo orgánico entre sociedad y régimen del 78, sino simplemente de reprimir, expulsar y eliminar del mismo la diferencia, generando niveles de contradicción y violencia que hacen tambalear el sistema cuando ellos gobiernan. A la vez que tampoco pasa por entender el Estado como un espacio de articulación del interés general sino, simplemente, de saqueo de lo público para el enriquecimiento personal (sobres, comisiones, tarjetas black, etc.) y el de sus amigos empresarios (contratos públicos, etc.). Más que un proyecto de burguesía capitalista, estos conforman, actualmente, un proyecto de burguesía feudal pre-capitalista portadora de un Estado donde el conflicto nacional y social solo puede expresarse en forma de violencia salvaje.

En segundo lugar, la alianza PSOE-UP es portadora de un proyecto de Estado nacional-de libre mercado con un régimen interior de anticonflicto conservador. Su proyecto de gobierno se articula alrededor de una concepción unificadora de la nación o la “patria” donde las diferencias territoriales y de clase, en momentos difíciles como los actuales, deben dejarse atrás y superarse en un momento superior de pacto y concordia para la obra conjunta de la recuperación económica de la nación, a partir de un supuesto sacrificio común donde el bienestar social de los sectores populares se podrá hacer efectivo de manera compatible y sin mermar el negocio de los grandes capitales y empresas privadas (como si esto fuera posible). 

Este discurso de sacrificio común y razón (“Este virus lo paramos juntos”) en favor de la recuperación económica de la patria genera dos consecuencias: una, es actuar como nuevo tótem social disciplinante que ejerce de categoría anticonflicto, sirviendo para deslegitimar y acusar a los que se movilizan de contrarios al interés colectivo. Y otra, la construcción de un sentido común de unidad que obliga a tener que dejar en un segundo plano el cuestionamiento de los pilares del régimen del 78 (la monarquía, la unidad nacional, etc.), desperdiciando la oportunidad de crisis de legitimidad en que se encuentran, para presentar estas lucha como batallas culturales que nos dividen en momentos donde lo que hace falta es unidad para salvar lo material (como si los pilares del régimen no tuvieran nada que ver con lo material). Estas dos consecuencias convierten a la alianza estructural PSOE-UP en la encargada de ejercer la función que, históricamente, debía haber sido propia de una burguesía moderna: hacer de pegamento entre sociedad y régimen del 78. 

Y, en tercer lugar, la alianza ERC-EH Bildu-BNG-CUP-Más País-Compromís… Es portadora de un proyecto de Estado plurinacional-democratizador con voluntad de abrir el debate sobre los fundamentos del régimen y permitir que las nuevas generaciones post-78 y los pueblos del Estado puedan opinar sobre lo que la generación del 78 petrificó en la Constitución. También de revertir, mediante su derogación integral, las principales leyes regresivas de derechos (reforma laboral, ley mordaza, etc.) y plantear un programa de choque social ante la crisis no basado en un falso sacrifico común sesgado en favor de los capitales, sino de trasvase redistributivo de los ricos hacia la mayoría.

En una legislatura con estas tres alianzas estructurales en el Congreso, la relación de UP con el resto de fuerzas políticas de izquierdas se da en régimen de alianza coyuntural pero no estructural, pues esta última la tiene con el PSOE. La alianza coyuntural se rige por la premisa: “Si me dan sus votos debemos darles algo a cambio” pero ello siempre entendido como pasajero y funcional al proyecto de Estado de la alianza estructural que permanece en posición jerárquica superior. De manera que planteada en términos contingentes, la alianza entre UP y el resto de fuerzas de izquierdas no sirve para democratizar el régimen del 78, sino para reforzar un proyecto de reproducción del mismo hegemonizado por el PSOE. 

Sin embargo, ¿qué pasaría si UP hubiera invertido o invirtiera los sujetos de sus tipos de alianzas? ¿Si hubiera dejado o dejara al PSOE solo en el gobierno y se integrara en una alianza estructural al bloque de las fuerzas plurinacionales de izquierda para hacer, desde la oposición, alianzas coyunturales con el ejecutivo?

Ello mejoraría, a mi entender, la posición de la izquierda en el sistema estatal relacional y le otorgaría mayor capacidad de democratización del régimen. El Estado no es solo instituciones centrales de regulación desvinculadas institucional y operacionalmente de la sociedad. Este está íntimamente relacionado con otros órdenes institucionales y sociales y sus respectivos actores, lo que hace que las decisiones o normas que se aprueban en su interior sean el resultado de la lucha  y las presiones horizontales y verticales entre toda esta red de agentes en el interior del sistema estatal relacional. Una alianza estructural de al menos 85 diputados de la izquierda, desde la oposición,  reforzada con una fuerte movilización popular en la calle como la de 2010-2012, que incrementara su capacidad de presión, ubicaría a la izquierda en su conjunto en una mayor correlación de fuerzas que la actual en el interior del sistema relacional estatal. 

Ello podría obligar a un gobierno del PSOE, en minoría incluso con Ciudadanos, a tener que abrir melones que aún en la legislatura actual mantiene como tabús cerrados. No hubiera sido ni sería lo mismo para un gobierno socialista, en minoría, estar obligado a negociar alianzas coyunturales con un bloque estructural de toda la izquierda político-social ubicada en una lógica de conflicto y transformación, que tener integrada, en régimen de subalternidad, a la parte más significativa de esta izquierda en el interior de su proyecto de Estado y arrastrarla hacia la lógica del anticonflicto y la conservación de los pilares del régimen. Si el escenario fuera el primero, seguramente, las perspectivas de conflicto y transformación, en el contexto actual, serían más esperanzadoras de lo que son.