Venezuela, del proceso democrático a la desestabilización

En 1998, Venezuela –un país petrolero por excelencia, aliado natural de Estados Unidos, cuyos gobernantes respondían a un acuerdo bipartidista entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, liderados por figuras carismáticas desde 1958– sufría un terremoto político. Entraba en escena un militar cuya popularidad devenía del frustrado golpe militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992.

Se trataba del comandante Hugo Chávez Frías, detenido, juzgado, encarcelado y amnistiado el 26 de marzo de 1994. Desde su puesta en libertad, fue gestando una alternativa popular en los extramuros del sistema: el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Aunó voluntades y luchó –hasta conseguirlo– por cambiar la imagen de ser un “golpista-gorila”.

Sus actos venían precedidos de un gran apoyo popular y, sobre todo, de un liderazgo carismático. El 2 de febrero de 1999 prestó por primera vez juramento como presidente ante el Congreso Pleno, y sus palabras fueron contundentes: “Juro ante Dios, ante la patria y ante mi pueblo, sobre esta moribunda Constitución, que haré cumplir e impulsaré las reformas democráticas necesarias para que la república nueva haga una Carta Magna adecuada a los tiempos”.

Y así fue hasta su muerte. Sin embargo, desde ese mismo instante el Gobierno sufrirá los embates de una oposición que no acepta la derrota ni las reglas del juego democrático cuando pierde en unas elecciones limpias, trasparentes y sin pucherazo. Desde 1999, la oposición pierde todas las presidenciales, más un referéndum revocatorio, y tan sólo obtiene triunfos parciales, sin quebrar la voluntad popular de hacer de la República Bolivariana de Venezuela un proyecto de nación incluyente, democrática, participativa, generadora de justicia e igualdad social.

Durante 14 años, la derecha, los viejos partidos hegemónicos y sus aliados internacionales han centrado sus esfuerzos políticos en una dirección: acabar con la experiencia bolivariana, sea al precio que sea, sin importar las vidas humanas ni el coste económico de la operación.

Derrocar Gobiernos democráticos, al menos en América latina, requiere un elaborado plan en el que se busca deslegitimar las políticas populares bajo el argumento de ser portadoras de odio social e ideologías ajenas a la idiosincrasia nacional, identificándolas con el marxismo, el comunismo o el socialismo.

Dichas ideologías atentarían contra la propiedad privada, la paz, la familia cristiana, la religión católica o la libertad individual, poniendo el peligro la unidad de la patria. Los responsables serían los partidos de izquierda al querer instaurar un orden totalitario cuyo propósito sería aniquilar la oposición y amordazar a la prensa. Así, se desarrolla el lenguaje de la desestabilización y urde la trama del golpe de Estado.

El postulado es maniqueo. La patria está secuestrada en manos de revolucionarios, sin principios ni moral. Es necesario su rescate. Por consiguiente, se llama a movilizarse, tomar la calle, protestar y rebelarse contra el Gobierno legítimo. Invirtiendo las tornas, los conspiradores se apropian del discurso democrático y comienzan a practicar la violencia callejera, la descalificación política y la provocación.

No se trata de defender derechos que han sido recortados, eliminados o censurados y ejercer la legítima protesta. Se trata de tensar la cuerda y obligar al Gobierno a tomar decisiones antidemocráticas que puedan presentarse ante la opinión pública como parte de la intolerancia y la negativa al diálogo. Buscan cabezas de turco caídas en defensa de la libertad, víctimas de las hordas “chavistas”. Hay que provocar y para ello nada mejor que convocar manifestaciones no autorizadas, desconocer el poder legítimo, practicar el sabotaje, asaltar locales públicos, bloquear calles, paralizar el transporte, poner bombas en centros neurálgicos, etc. Es una técnica cuyo efecto es proyectar una imagen de país violento, ingobernable y a las puertas de una guerra civil.

En este contexto, la oposición proclama salvaguardar los valores nacionales, ser defensora de la paz, la familia, la libertad individual, la propiedad privada, la libre empresa y la economía de mercado; y sus dirigentes, la avanzadilla de una cruzada contra el “chavismo” y el comunismo marxista, que derrocará al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se presentan como héroes vilipendiados y mártires redentores. Es el precio a pagar para recuperar la ansiada libertad.

Revertir el proceso democrático bolivariano conlleva una hoja de ruta en el frente interno e internacional. En el plano exterior, se organizan simposios, conferencias y debates proyectando una imagen de Venezuela sumida en el caos económico, el odio de clases y la ingobernabilidad. Asimismo, se recaudan fondos para la desestabilización. Los opositores realizan visitas a sus aliados, presidentes de Gobierno, congresistas, líderes conservadores o representantes de las internacionales.

Se busca complicidad, restar apoyos al Gobierno constitucional, frenar inversiones, romper acuerdos o torpedear las relaciones institucionales. Nada se deja al azar. Por ejemplo, el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, recibió a Henrique Capriles, y la entrante, Michelle Bachelet, se fotografía con Leopoldo López. Mientras tanto, el expresidente colombiano Uribe se muestra solidario con la oposición.

La prensa y los medios de comunicación también juegan su papel. Desvirtuar al máximo la realidad con el fin de crear una opinión internacional favorable al golpe de Estado, haciéndose eco del discurso desestabilizador. En esta ocasión, como en otras, no importa manipular la información, mostrando material fotográfico o vídeos de archivo correspondientes a la represión en Chile, Grecia o Egipto y ponerlos como aconteciendo en Venezuela. Ya se hizo en 2002, y con las fotos de “un moribundo presidente Chávez que no era”.

En esta coyuntura, no falta la intervención de los Estados Unidos, gendarme de la zona. Su vicepresidente, Joe Biden, señala su preocupación por los acontecimientos en Venezuela y el secretario de Estado, John Kerry, asiente al concretar que “hacemos un llamado al Gobierno de Venezuela para que proporciones espacio político necesario para un diálogo y para que libere a los manifestantes detenidos”.

Como en los años ochenta del siglo XX, a quienes desestabilizan los adjetivan de “luchadores por la libertad”, término acuñado por la administración Reagan para nombrar a los mercenarios y a la contra nicaragüense. Asimismo, su embajada alienta y promueve la intervención en asuntos internos, para lo que se vale de sus agregados culturales, militares, etc.

En el plano interno, políticos, académicos, periodistas, empresarios, comunicadores, instituciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos gremialistas constituyen la avanzada. Ellos se convierten en la mano que mece la cuna. Son portavoces y sujetos de la conspiración. Su función es paralizar las actividades productivas, desgastar al Gobierno y boicotear las políticas sociales. Deben crear una imagen sobrecargada de violencia e inseguridad ciudadana.

En esta labor, fabrican rumores que favorecen el acaparamiento de bienes de primera necesidad, fomentando el mercado negro, la desinversión y la especulación. Todo suma en esta campaña destinada a desacreditar al Gobierno del presidente Maduro y provocar la repulsa de la comunidad internacional.

Profesionales de la comunicación, políticos e intelectuales son la guinda del pastel. Se consideran “disidentes”, víctimas del socialismo del siglo XXI. Hablan de totalitarismo, corrupción y nepotismo. Bien retribuidos, se les da voz y se les pasea por las cadenas de televisión privadas, las radios y los periódicos de todo el mundo. Sus palabras consiguen caricaturizar la realidad y ridiculizar a sus dirigentes, calificándolos de megalómanos, locos o iluminados.

El siguiente paso de esta estrategia es pedir el retorno al pasado, al capitalismo de usura, y recuperar sus privilegios. Para ello llamarán a la unidad nacional en pro de un golpe de Estado que los legitime y se cubrirán su cuerpo con la bandera bolivariana.