Los vecinos del bloque de Portuarios del Cabanyal ven inviable la rehabilitación de 14 millones que plantea el PSPV

“Las soluciones que nos propone el Ayuntamiento de València desde la Concejalía de Urbanismo nos obliga a hipotecarnos de por vida, a asumir el coste casi de comprar una vivienda nueva, algo que nadie aquí se puede permitir”.

Así se ha pronunciado el portavoz de la Plataforma Bloque Portuarios, Diego Linares, tras la reunión que ha mantenido con el edil de Urbanismo, el socialista Vicent Sarrià, quien les ha explicado los informes realizados por la empresa municipal Aumsa sobre el estado estructural del edificio y las alternativas que maneja como posibles soluciones.

En concreto, las opciones sobre las que el Gobierno municipal deberá de tomar una decisión en las próximas semanas pasan por derribar el inmueble y volverlo a construir con posibles variantes (menos alturas y más superficie) o por proceder a una rehabilitación integral.

El problema, tal y como ha explicado Linares, es el alto coste en ambos casos. Y es que, según los estudios de Aumsa, la rehabilitación tendría un coste de 14,3 millones de euros, mientras el derribo y reconstrucción, opción preferida por el PSPV, alcanzaría los 13,7 millones.

Otro estudio realizado por la Concejalía de Vivienda que dirige María Oliver (València en Comú) estima la rehabilitación en 2,3 millones de euros.

En este sentido, Linares ha cuestionado de la necesidad de una rehabilitación tan importante, cuando el propio estudio de Aumsa establece que “las condiciones de estabilidad del edificio parecen aseguradas a corto plazo”. Además, ha añadido que se han hecho pruebas y se establecen requisitos que no se exigen a otros edificios con la misma antigüedad.

Según Linares, los vecinos pretendían acometer “una rehabilitación parcial de elementos comunes acorde a las posibilidades de cada familia valorada en total en unos 500.000 euros a repartir entre cada propietario, sin contar las viviendas, las cuales se reformaría cada uno por su cuenta”.

Linares ha criticado además que “en el caso del derribo y reedificación, tan solo tendrían en cuenta el valor del suelo de cada propietario, que debería abonar el derribo, el realojo y la reconstrucción, alg inasumible”.

Además, ha denunciado que “Sarrià no ha tenido en cuenta el problema social existente en el edificio” y que “tampoco se compensará la falta de mantenimiento provocada por los años de abondono y degradación inducida por los anteriores gobiernos que han llevado al edificio a la actual situación”.

Por último, Linares ha comentado que llevarán los informes a técnicos independientes para que valoren qué riesgos reales hay y a partir de ahí tomarán decisiones.

Por su parte, Sarrià ha explicado que están “ante un problema complejo”. Junto a los profesionales que han redactado el estudio de alternativas, han argumentado a los representantes vecinales “los fundamentos técnicos y económicos del estudio que estamos utilizando. De esta manera, pueden constatar que no se trata únicamente de una decisión política, sino que las soluciones propuestas se basan en un estudio serio y riguroso de las distintas alternativas disponibles”.

Ruina legal

Aumsa maneja dos informes sobre la situación del inmueble. Un análisis jurídico-urbanístico y otro de daños y evaluación estructural.

Ambos van en la misma y vienen a reseñar que aunque a corto plazo no existe riesgo estructural, el edificio necesita mejoras urgentes en estructuras, fachadas y cubiertas.

En concreto, el primer estudio concluye que el bloque está en situación de de ruina legal, puesto que la normativa (artículo 181 de la LOTUP) otorga esta consideración cuando “el coste (de las obras) supere la mitad del valor de una construcción de nueva planta”.

El documento establece además que la vida útil de la estructura se encuentra completamente agotada. Aún así, añade que a corto plazo la estabilidad del edificio parece asegurada, pero urge a realizar una intervención de refuerzo en vigas y forjado.

El segundo de los informes valora tan solo los trabajos de consolidación del edificio en estructuras, fachadas y cubiertas en 5,9 millones de euros.

Según el documento, “la intervención de refuerzo generalizada en la totalidad de soportes y gran parte de las vigas que forman el esqueleto resistente del edifico, se considera imprescindible”.