Salvados por el 'Aquarius', rechazados por el Gobierno de Sánchez, abocados a subsistir

Abdelali y Meryem y la pequeña Miral pasan estos días, como todo el país, confinados en casa. El coronavirus les ha obligado a no poder salir de un domicilio que, sin embargo, tendrán que dejar a final de mes por no poder hacer frente al pago del alquiler. A este matrimonio marroquí se le ha adelantado la crisis económica derivada de la epidemia y se han quedado sin empleo semanas antes de que el Covid-19 haya disparado la tasa de desempleo. El motivo: la denegación de asilo del Ministerio del Interior el pasado 20 de febrero. El mismo Gobierno que les autorizó la entrada a España tras ser rescatados por el buque Aquarius, en junio de 2018, junto con otros 625 migrantes más -otorgándoles prioridad en el sistema de acogida- les deniega ahora la autorización a vivir legalmente y les rechaza el permiso de trabajo que venían disfrutando pese a estar integrados.

“No entendemos por qué nos han hecho esto”, se lamenta Abdelali, de 31 años, en español, idioma que como su esposa Meryem, de 23, han venido estudiando desde que pisaron suelo valenciano. Su integración en España es evidente, explica Joaquina Agulló, miembro de la plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas Sirias de Elche, ONG local que les está donando alimentos a ellos y su hija de solo 2 años.

La decisión ahora del Gobierno de Pedro Sánchez choca con la adoptada en aquel verano de 2018, cuando optaron por abrir el puerto de Valencia al barco de salvamento ante la negativa de la Italia de Salvini. El giro político, acompañado del foco mediático, ha acabado dejando a la mayoría de las personas rescatadas que acabaron viviendo en España en situación de indocumentación. Según El País, el 94% de las solicitudes de asilo del Aquarius han sido rechazadas, una cifra que ni confirman ni desmienten fuentes del Ministerio del Interior.

Con las tarjetas rojas que acreditaban la condición de esta familia como solicitantes de asilo tenían autorización para trabajar mientras se resolvía el expediente. La negativa del Gobierno ha hecho que Abdelali pierda su trabajo en una fábrica de ropa de Elche donde accedió tras formarse como conductor de carretilla de transporte y también ha dejado sin empleo a Meryem como ayudante de cocina en un restaurante de la ciudad. “Ahora tendremos que buscar un piso mucho más económico y buscar trabajo sin contrato, pero con esto del coronavirus me temo que ni en el campo vamos a encontrar”, afirma con preocupación. “¿Y qué vamos a hacer?”, se pregunta.

Las opciones de esta pareja nacida en Casablanca y de su hija a la que tuvieron en Libia pasan por lograr la residencia a través del arraigo social, una fórmula que se antoja “muy difícil” en estos momentos. Además, fuentes jurídicas del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierten que como indocumentados podrían ser expulsados del país “en cualquier momento” si se les incoa expediente. Para poder quedarse en España necesitan acreditar por la vía del empadronamiento haber estado viviendo un mínimo de tres años “de manera continuada”, por lo que aún tienen que esperar un año y cuatro meses, remarca Abdelali, según le ha explicado su abogado de Cruz Roja al que este medio ha tratado de contactar sin éxito.

Pero la odisea no acaba aquí. Para lograr el informe favorable del Ayuntamiento como familia que cumple con el arraigo social, tanto él como ella requieren presentar en Extranjería un contrato de trabajo de un año de duración y para ello la empresa debe cumplir el requisito de estar al día con Hacienda y de no haber despedido a parte de su plantilla recientemente, algo que con la crisis económica que se está generando con el coronavirus “es prácticamente imposible” encontrar a una mercantil que reúna estos requisitos, aduce CEAR.

De lucha en lucha

Abocados a la indigencia en los próximos meses, a las ayudas que les puedan facilitar las ONG o a las que puedan lograr de la administración pública de manera puntual, pero no regular al ser indocumentados en España, la historia de Abdelali y Meryem es una historia de lucha por estar juntos.

Se fueron de su Casablanca natal en 2017 después de que la familia de ella la obligara a casarse con otro hombre más pudiente, explican ahora. Ante la negativa de Meryem, se encontraron con la hostilidad de su padre, “un hombre muy poderoso que dirige una mafia de droga”, explica su marido. Así que tuvieron que elegir, o vivir separados en Marruecos, o vivir juntos en otro país.

Marcharon a Túnez primero y de allí continuaron la huida hasta Libia, un infierno para las personas migrantes donde las torturas, abusos, tráfico sexual y esclavitud están a la orden del día, según denuncia ACNUR. En medio de esa trampa mortal nació Miral y a los seis meses sus padres decidieron embarcarse en una patera rumbo a Europa. “Libia era una guerra donde mi hija no tenía futuro, en Europa sí”, esgrime Abdelali.

Tras pagar dos mil euros por tres pasajes a la mafia libia, se subieron a la endeble embarcación sin ropa ni alimentos, prohibidos por el patrón, recuerda ahora, hasta que el Aquarius, barco de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée, les rescató al quedar a la deriva y comenzó su otra aventura, la de España.

Criterios

Defiende CEAR que, como otras personas rescatadas del Aquarius que han quedado ahora en situación irregular, el Gobierno podría otorgar a esta familia marroquí la autorización de residencia por razones humanitarias de protección internacional, “como está sucediendo con las personas que lo solicitan y que llegan de Venezuela”.

Abdelali ya no puede volver a su país, explica él mismo, porque correría peligro su vida, como también ha peligrado en Libia, motivo suficiente para que de nuevo el Ejecutivo de Sánchez regularice a estas personas. “Por la violación de los Derechos Humanos que se está produciendo en Libia España autorizó la entrada al país del barco por no ser un puerto seguro”, recuerdan estas fuentes.

“A las personas denegadas de protección se les está abocando a una situación de exclusión y vulnerabilidad que, después de haber pasado por un sistema de acogida que les ha permitido tener seguridad, acceso a formación, al idioma, a cobertura de necesidades, les obliga a abandonar este sistema de acogida quedando en situación irregular sin posibilidad de acceder a recursos sociales normalizados, viviendo situaciones dramáticas que en muchas ocasiones derivan a situaciones de calle”, añaden.

Por su parte, el Ministerio del Exterior remarca que “lo que ofreció el Gobierno” a los rescatados del Aquarius “fue un puerto seguro en una situación en la que se encontraban a la deriva y con un potencial peligro para sus ocupantes”. “Se cumplió -añaden- con esa labor humanitaria y se les trajo a puerto seguro. Una vez aquí, los expedientes de aquellos que solicitaron protección internacional, como no podía ser de otra forma porque la Ley prohíbe resoluciones genéricas, fueron estudiados individualmente con todas las garantías y están siendo resueltas de acuerdo a la Ley de protección internacional”.

Por último, fuentes gubernamentales señalan que Ley de Protección Internacional “es un ámbito muy tasado donde no caben arbitrariedades o voluntades políticas en un sentido o en otro. Se cumple con lo que se establece en ella. Lo contrario sería ilegal”. Una afirmación cuestionada por CEAR, que recuerdan que en 2019 el gobierno de Sánchez solo aprobó el 5% de las solicitudes de asilo (poco más de tres mil personas), lo que sitúa a España muy por debajo de la Unión Europea, cuya media es del 30%. Cuestión de voluntades.