Colectivos sociales lamentan el auto del Constitucional que avala la reforma sanitaria del Gobierno
La noticia del aval del Tribunal Constitucional al real decreto 16/2012, el bautizado como 'decretazo de exclusión sanitaria' por algunos colectivos sociales, ha sido una mala sorpresa para la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal y Médicos del Mundo. A la espera de leer el auto del tribunal, que todavía no se ha hecho público, las organizaciones analizan los detalles que ha publicado El Español sobre el texto. “Es una terrible noticia”, resume Marta Malo, miembro de Yo Sí.
Desde los dos colectivos reconocen que hay que ser cautos hasta leer la redacción de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero en Yo Sí consideran que los detalles que han trascendido del auto ya suponen un cambio respecto a lo que el tribunal había defendido en otros autos.
Malo se refiere a las explicaciones que había dado el tribunal en el pasado al anular la suspensión cautelar de varias leyes autonómicas que garantizan la sanidad a los inmigrantes. Entonces, los autos apuntaban que el Gobierno no había justificado el perjuicio económico para las arcas del Estado que suponía atender de manera normalizada a los inmigrantes sin papeles.
Además, el TC consideraba que el derecho a la salud “así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.
Ahora, en la información que adelanta El Español, el tribunal justifica la reforma que retiró el derecho a la tarjeta sanitaria a cientos de miles de inmigrantes debido a su situación administrativa para preservar “un bien constitucionalmente protegido como es el mantenimiento del sistema sanitario público, en especial en un momento de dificultades económicas”, indica este medio.
Desde Yo Sí se preguntan si es que el Gobierno ha justificado el ahorro de excluir a estas personas del sistema normalizado, una información que no ha justificado de manera pública. “Habría que preguntar al Constitucional qué ha cambiado para que dé este giro. ¿Por qué consideraba que no estaba justificado ese ahorro para la sanidad pública y ahora sí?”, critica Marta Malo.
En Médicos del Mundo son más optimistas y confían en que el texto íntegro del auto permita “conocer el razonamiento del Tribunal porque creemos que no se puede contradecir de esta manera con sus autos anteriores”, explica Manuel Espinel, portavoz de la ONG.
“Con la información que hay hasta el momento lo que sacamos en claro es que el Constitucional le dice al Gobierno que puede regular el derecho a la salud, recogido en el artículo 43, y que es legítimo que proteja el mantenimiento del sistema sanitario público. A esto no se opone nadie, el tema es que la exclusión de los inmigrantes de la sanidad no protege el sistema sanitario. Eso es algo que ya dijo en sus autos, que no estaba probado ese ahorro”, continúa Espinel.
El portavoz de Médicos del Mundo recuerda los numerosos estudios que defienden lo contrario: apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención aumentan los costes para las arcas públicas. En Yo Sí coinciden: “Está probado que los pacientes llegan con enfermedades más avanzadas. Cuidarlas es más costoso para la salud de las personas y para la salud colectiva”, critica Malo.
“La sanidad española no es gratis”
Ambos colectivos critican también otro de los detalles que ha trascendido de la postura del tribunal: negar que el artículo 43 sobre el derecho a la salud supone el acceso al “gratis total”, a la sanidad gratuita. “No sabemos qué pensar de ello porque es que en España la sanidad no es gratuita, solo que es un sistema en el que no se paga en el punto de atención, que es completamente distinto. Pero la sanidad sí se paga a través de los impuestos”, critica Espinel.
En Yo Sí son más rotundos y denuncian que la sentencia “se fundamenta en supuestos falsos”. “Los inmigrantes sin papeles aportan a este sistema común, porque se fiancian a través de los Presupuestos Generales del Estado, que no dependen de la cotización de la Seguridad Social sino de los impuestos directos e indirectos. Un inmigrante que paga el IBI por su alquiler, el IVA al consumir, los que tuvieron papeles y los perdieron y estuvieron pagando el IRF, ... Ellos contribuyen también”, afirma Marta Malo.
Confianza en las Comunidades Autónomas
Médicos del Mundo pide al Gobierno que derogue la norma: “El Constitucional le dice que puede regular esta material, nosotros le decimos que anule el real decreto y apueste por un sistema universal de salud basado en la igualdad de condiciones”. El Gobierno ya reculó en parte de su reforma sanitaria, pero todavía no ha concretado el documento que sugirió para que los inmigrantes fueran atentidos en Atención Primaria. Aun así, el Ejecutivo se resiste a devolverles la tarjeta sanitaria.
En cualquier caso, Yo Sí y Médicos del Mundo recuerdan que las Comunidades Autónomas tienen las competencias para regular la atención sanitaria en sus regiones y ponen sus esperanzas en normas como las de la Comunidad Valenciana y el País Vasco, que amplían la atención a colectvios excluidos.
Este modelo, no obstante, está condenado a ser desigual. “Es muy preocupante porque así vamos a seguir observando un mapa de discrecionalidad, con muchas diferencias entre regiones. Incluso en las comunidades que han regulado para ampliar la atención, como Madrid, hay unos pacientes de segunda, que están condenados a un sistema burocratizado y desigual”, condena Malo. También recuerdan que hay más grupos de exclusión además del colectivo de inmigrantes irregulares que se siguen viendo afetados debido al decreto.
