Solo se han recuperado los cuerpos de un 25% de las 1.020 personas fallecidas en la frontera española, según Caminando Fronteras
Al menos 1.020 personas han muerto o desaparecido en su intento de llegar a España de forma irregular durante todo el 2018 y el primer cuatrimestre de 2019, según los datos publicados este martes por Caminando Fronteras. Los cuerpos de la gran mayoría de víctimas, 816, no han sido localizados.
La ONG ha publicado este martes su informe “Vida en la necrofrontera”, donde recopila la información obtenida a través de su sistema de alertas de vidas en peligro en el mar y el contacto directo con familiares de las personas fallecidas o desaparecidas durante su proceso migratorio.
Durante el periodo de tiempo analizado, del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019, Caminando Fronteras ha monitoreado 70 naufragios. La mayoría, 46, se han producido en la ruta migratoria del Mar de Alborán, donde han muerto 823 personas. Por su parte, en el cruce del Estrecho han tenido lugar 23 naufragios, con 189 víctimas mortales, a pesar de tratarse de una de las travesías marítimas hacia España más cortas.
En el periodo de tiempo analizado por Caminando Fronteras, seis personas perdieron la vida tras el único naufragio registrado en la ruta de Canarias. A pesar de producirse un destacado aumento de las llegadas a las islas en los últimos años, el flujo migratorio se mantiene en niveles bajos.
Entre las diversas causas de los fallecimientos expuestas por la ONG, algunas apuntan a las deficiencias detectadas en los servicios de rescate de España, Marruecos y Argelia, cuando las vidas en peligro pertenecen a migrantes en situación irregular. La “demora de tiempo” en la activación de servicios de rescate desde la llegada de la información, los “medios insuficientes” de salvamento de España y Marruecos, la “falta de coordinación” entre los Estados implicados, y el hecho de que Salvamento Marítimo no sobrepasa la línea que separa aguas españolas de las marroquíes a pesar de que la Marina del país vecino no haya activado ningún operativo.
En cuanto a las “deficiencias” del servicio de rescate español, la organización destaca el retraso en la reparación de los radares de los aviones de Salvamento Marítimo, la reducción del personal, “el cese de cargos de marinos” de amplia trayectoria, la reducción de búsquedas nocturnas “cuando las vidas en riesgo corresponden a personas migrantes”. Según denuncia el informe, el Gobierno despliega “mayores medios si la alerta corresponde a un ciudadano europeo”.
Por su parte, Caminando Fronteras cuestiona que el Centro de Coordinación de Rescate (CCR) de Marruecos “no dispone de medios marítimos y depende de la Marina Real marroquí, que carece de patrulleras de rescate especializadas. Tampoco cuentan, apunta, con recursos aéreos de rastreo de embarcaciones.
La falta de coordinación entre las autoridades de rescate de Marruecos, España y Argelia también es otras de las trabas al salvamento de personas en riesgo en las aguas fronterizas. Uno de los factores clave destacados por la ONG se centra en que los servicios de rescate españoles “no sobrepasan la línea jurisdiccional del 35,50 millas [que separa las aguas españolas y marroquíes] aunque ”no haya otros servicios de rescate en la zona“. La falta de medios aéreos de rastreo por parte de Marruecos requiere de ”más agilidad en el apoyo“ de los aviones de salvamento españoles ”que pudiesen entrar en zonas“ alauíes, recoge el estudio.
Además de aquellas causas ligadas a la posible “insuficiencia” de los servicios de rescate, Caminando Fronteras destaca la propia inseguridad relacionada con las travesías irregulares. La ONG menciona la sobrecarga de las pateras, los motores estropeados, las salidas con meteorología complicada, los traslados de migrantes en barcas dedicadas al transporte de droga o situaciones de pánico despertadas dentro de las pateras.
Desaparecidos no reconocidos por los Estados
De las 1.020 víctimas documentadas por la ONG, un 76,86% se encuentran desaparecidas: sus cuerpos se quedaron en el Mar Mediterráneo. “La ausencia de sus cuerpos invisibiliza el relato de la violencia que llevó a su desaparición y crea profundas brechas en las vidas de sus familias y en las comunidades de origen”, reza el informe.
“Una organización nos dijo que Salvamento había dicho que estaban rescatados y que esperásemos 48 horas porque estaban con la policía, pero han pasado varios días... Ahora no sabemos si siguen en el mar, nadie ha llamado”, lamentaba el hermano de una de las 12 personas desaparecidas en el Estrecho el 21 de diciembre de 2018. “Es horrible, no sabemos a quién creer es muy difícil ponerse en nuestra situación, nadie entiende lo complicado que es, necesitamos creer que están vivos. El audio de la asociación que dijo que estaban vivos se ha difundido por todos los grupos de Whatsapp y ha llegado hasta a la familia en Senegal. Es mi hermano, sé que no está en España que sigue desaparecido pero ahora es muy difícil que mi madre me crea después de haber escuchado ese audio”, sostiene en un testimonio recogido por Caminando Fronteras.
La ONG condena que “el estado español” se encuentre “muy lejos de cumplir con el respeto de los derechos de las personas muertas y desparecidas en sus fronteras, así como de sus familiares”. A pesar de existir mecanismos para protocolarizar la recopilación de información en relación a las personas desaparecidas, como el sistema informático PDyRH y el Centro Nacional de Desaparecidos (CD), las personas desaparecidas en la ruta migratoria hacia España no constan en listados oficiales de desaparecidos.
Por esa razón, critican desde Caminando Fronteras, “las familias de las víctimas de la frontera sur española con las que trabajó nuestro colectivo no lograron respuestas de las Fuerzas de Seguridad ni de otro organismo público del Estado español cuando pidieron información sobre sus muertes y desapariciones de sus seres queridos”.
La Ley de Extranjería obliga a trasladar a comisaría durante un máximo de 72 horas a los migrantes llegados a territorio español de forma irregular con el objetivo de identificarles, iniciar los trámites de expulsión y someterles a un interrogatorio. Por lo general, si no requieren atención hospitalaria, son enviados de forma directa a dependencias policiales.
Los allegados de las víctimas de naufragios han destacado el dolor que les provocó la privación de libertad de los supervivientes dado que “demoraba la información sobre quiénes habían muerto o desaparecido”. Los familiares no tuvieron acceso a listados de víctimas ni del lado marroquí ni del español en ninguno de los casos documentados por la ONG. Caminando Fronteras destaca que “Hay que decir que ”los tiempos de retención de los supervivientes en Marruecos fueron menores que en el estado español“.
