La ley de Unidos Podemos para ampliar la protección por desempleo supera su primer examen parlamentario

El Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú-En Marea sobre protección de desempleo, que prevé ampliar su cobertura e incrementar las cuantías de las prestaciones. La iniciativa pasa su primer examen parlamentario con 169 votos a favor, 132 votos en contra y 39 abstenciones. Algunas de las medidas que incluye la ley consisten en facilitar el acceso a la protección para los menores de 30 años, aumentar las cuantías de prestaciones y los subsidios, así como reconocer el derecho a la protección a las empleadas domésticas, por el momento excluidas.

La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz ha sido la encargada de defender la proposición de ley en el pleno del Congreso este martes. Díaz ha asegurado que la iniciativa se refiere “del principal problema que tiene nuestro país”, e intenta combatir el doble castigo que, en su opinión, han sufrido los desempleados: la pérdida del empleo y los recortes en la protección aprobada en 2012 por el Gobierno. La parlamentaria de En Marea ha recordado que en 2010 la cobertura de la protección por desempleo estaba en torno al 80% de los parados, mientras que en la actualidad es del 56%. “No es un regalo a los desempleados”–ha espetado– “cotizamos para tener ese derecho.

Los representantes del PSOE, ERC y Compromís han explicado en la tribuna del Congreso su voto a favor de la toma en consideración de la proposición de ley. La socialista Rocío de Frutos ha comenzado su intervención afeando la ausencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la Cámara durante el debate. De Frutos ha considerado la iniciativa como una “buena oportunidad” para una reforma integral del sistema de protección de desempleo, en la que el PSOE presentará “grandes aportaciones”. La diputada ha recordado que el sistema actual no está preparado para tan elevado paro de larga duración ni para “los trabajos precarios” que aumentan en la actualidad.

Desde Ciudadanos y PNV han argumentado sus abstenciones. El diputado de C's Sergio del Campo ha afirmado que la ley supone mantener el sistema actual. “Se empeñan en centrar todas las inversiones en las políticas pasivas de empleo” en lugar de políticas activas, ha criticado. Iñigo Barandiaran (PNV) ha advertido de que la proposición mantiene el vigente sistema de protección, “corrigiendo al alza las prestaciones y subsidios” y ha criticado que “obvie a los parados de larga duración” y la unificación de ayudas asistenciales que está en la actualidad en discusión entre el Gobierno, las Comunidades y los agentes sociales.

El PP ha argumentado su voto negativo a través del discurso del diputado Joaquín Albadalejo, que ha defendido las medidas aprobadas por el PP en 2012 por su intención de “concentrar la protección en las situaciones de pérdida de empleo” y que impulsó “la motivación de los desempleados” para la reincorporación al mercado laboral.

Tras este primer respaldo de la Cámara, la Mesa del Congreso acordará su envío a la Comisión de Empleo y la apertura del plazo de presentación de enmiendas.

Facilitar el acceso a los jóvenes

Los jóvenes, como uno de los colectivos más afectados por el desempleo, forman uno de los grupos que se beneficiarían de algunas de las modificaciones que propone esta iniciativa. La ley plantea rebajar el período de cotización para acceder a la prestación por desempleo a la mitad para los menores de 30 años: de 360 días a 180. Unidos Podemos justifica esta rebaja ya que los trabajos precarios, con bajos salarios, y la mayor incidencia de la temporalidad en este grupo de población perjudica a los trabajadores jóvenes en su acceso a la protección cuando pierden el empleo.

Además, también se elimina la escala de duración de la prestación por tramos en función del tiempo trabajado. La duración general sería de un tercio de la ocupación cotizada, salvo en los menores de 30 años (que se amplía a un medio), con el máximo de 720 días para ambos casos.

Incrementar las prestaciones y subsidios

La proposición incluye modificaciones en la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación para parados. Unidos Podemos plantea que se vuelvan a incluir las horas extraordinarias en el cómputo de la base reguladora y que la cuantía de la prestación sea del 70% de la base reguladora desde el primer día (en la actualidad es del 50% a partir de los seis meses).

Las cuantías mínimas y máximas de la prestación de desempleo también se elevan: Unidos Podemos propone que las más bajas sean del 127% o del 100% del IPREM –un indicador que sirve de referencia para ayudas sociales–, según se tenga o no hijos a cargo. En la actualidad es del 80 y 107%.

La proposición apuesta también por elevar los subsidios por desempleo, menos cuantiosos y que están dirigidos a personas que agotan la prestación o que pierden su empleo y no tienen acceso a ella. El texto plantea increntar del 80% del IPREM hasta el 100% o 127% en función de si los beneficiarios tienen cargas familiares o no. Además, el grupo confederal plantea que se suprima el plazo de espera de un mes para percibir la ayuda.

Retorno del subsidio para mayores de 52 años

El texto contempla recuperar el “subsidio de prejubilación” a los 52 años, que en 2012 el Gobierno aplazó su acceso a los 55. Unidos Podemos añade además que el requisito de “carecer de rentas” vuelva a tener el cuenta la renta individual del beneficiario y no las familiares. El texto reconoce también el derecho a este subsidio a los trabajadores fijos discontinuos.

Protección para trabajadoras domésticas

La extensión de la protección de desempleo a las trabajadoras del hogar, actualmente sin acceso a este derecho por ley. La proposición considera que estas empleadas –mayoritariamente mujeres y con un alto porcentaje de migrantes– deberían poder acceder a la protección por desempleo sin esperar al dictamen de la comisión de expertos para abordar el tema que exigió la ley que regula el sector (de 2011).

Además, la proposición incluye el cómputo de todo día trabajado para la prestación de las personas trabajadoras a tiempo parcial, modificando la interpretación sancionada por la Justicia Europea en la que se condicionaba ese cálculo al reparto del trabajo.

Por último, la ley también plantea la adopción de un programa especial para jóvenes desempleados sin cualificación profesional, introduciendo criterios para valorar su eficacia, priorizar la formación a la orientación y fijando itinerarios de inserción. Todo ello financiado con el presupuesto dedicado a los incentivos al empleo, que según la coalición suponen un 0,20% del PIB.