España, a la cola del mundo desarrollado en la regulación de 'lobbies' y protección de los chivatazos
España está en el vagón de cola del mundo desarrollado en lo que se refiere a regulación de los lobbies y protección de la figura de los chivatos (whistlebowers, en inglés) en el sector público y privado, según se desprende del informe El Gobierno de un vistazo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicado recientemente y que cada dos años (y desde 2008) ofrece una panorámica del desempeño del sector público en los países miembros de ese club (que agrupa al llamado mundo desarrollado) desde un amplio abanico de indicadores.
En el apartado de integridad en el sector público, España suspende en algunos aspectos. Por ejemplo, está quedándose atrás en la regulación de los lobbies, un asunto para el que en 2014 ya existían normas específicas en 15 países de la OCDE, según el documento.
La organización apunta que, a escala global, la tendencia en la regulación de esta materia es de “clara aceleración”. Desde el año 2000, once países han adoptado normativas para poner orden en las relaciones entre gobiernos y grupos de presión: México, Eslovenia, Austria, Italia, Holanda, Chile y Reino Unido (a partir de 2010), y Polonia, Hungría, Israel y Francia, en la pasada década. Los pioneros fueron Estados Unidos (desde los años 40), Alemania (desde los 50) y Austria y Canadá (en los 80).
A pesar de la entrada en vigor de la tan cacareada Ley de Transparencia, la gran apuesta de regeneración del Gobierno de Mariano Rajoy, España no ha hecho nada en esta materia, tampoco en esta legislatura. Se ha quedado en un amago de regulación de los grupos de presión con una ponencia en el Congreso de los Diputados que se quedó en nada: se cerró en marzo pasado sin acuerdo entre los grupos y no se ha adoptado ninguna medida al respecto.
Delatores sin protección
El informe de la OCDE también refleja que España está a la cola en la protección de los soplos en el sector público y privado. Y en este aspecto está cada vez más sola: es uno de los cuatro países de la OCDE que no ofrece amparo legal a esta figura. Los otros son Suecia, Finlandia y Polonia. El 88% de los países miembros de la OCDE analizados tienen algún tipo de protección legal para los delatores y, muchos de ellos, lo han hecho en fechas recientes (Bélgica, Grecia, Irlanda y Suiza, a partir de 2009).
El único mecanismo que en España encaja con esta figura (aunque la OCDE no lo menciona) es el denominado Programa de Clemencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desde su puesta en marcha en 2008 permite a los participantes en un cártel librarse de multas a cambio de denunciar su existencia ante el regulador de los mercados. Pero esta herramienta, que ha permitido al organismo desarticular más de una veintena de cárteles en estos siete años, está dirigido a empresas y centrado exclusivamente en cuestiones de competencia.
El regulador bursátil español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha anunciado la puesta en marcha de un buzón de denuncias para que cualquier persona le proporcione detalles que ayuden a detectar uso de información privilegiada o manipulaciones de cotizaciones. Un sistema que permitiría al supervisor dar incentivos económicos a los confidentes, tal y como hace desde 2012 el regulador estadounidense (la SEC).
La situación de España contrasta con la de Estonia, Francia, Hungría, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda y Eslovenia, los países que, según la OCDE, más garantías ofrecen a quienes deciden denunciar irregularidades en sus empresas: su normativa protege a empleados, consultores, suministradores, empleados temporales, extrabajadores y voluntarios, tanto del sector público como del privado.
El informe subraya que “la protección de los empleados que revelan malas prácticas en el contexto de su lugar de trabajo (whistleblowers), está en el corazón del marco de integridad de una organización”. “En los gobiernos, es reconocido como un elemento esencial para salvaguardar el interés público, promover una cultura de rendición de cuentas, y en muchos países se está demostrando crucial para la revelación de malas conductas, fraude y corrupción”, señala la OCDE.
