El límite a la subida de los alquileres señala los posibles cambios de la futura Ley de Vivienda

El Plan de choque económico de respuesta a la guerra en Ucrania aprobado este martes por el Gobierno cambia algunas de las directrices esenciales que hasta ahora se había fijado el Ejecutivo de coalición al regular sobre vivienda. Y pueden marcar la dirección de la tramitación parlamentaria de futura Ley de Vivienda, que acaba de iniciarse en el Congreso.

Dentro de ese Plan de respuesta al impacto de la guerra, que prevé movilizar hasta 16.000 millones de euros, se incluye una medida “histórica”, que no implicará ni un euro de aumento del gasto público y dedicada a proteger “a las personas que alquilan sus viviendas”. Se trata de la limitación al 2% de la revalorización de las rentas durante tres meses. Un tope que se aplicará a los contratos de alquiler que se actualicen desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-Ley que lo contiene hasta el 30 de junio.

Esta limitación busca lanzar “un mensaje a las personas propietarias” y también “a quienes viven de alquiler'', en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La vivienda es ”un derecho fundamental“ y ”pagar la renta, a veces, resulta imposible“, recalcó Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Grupos parlamentarios que piden más ambición

Para poder pagar, en un entorno de IPC disparado –al 7,6% en febrero y al 9,8% en marzo, según se ha publicado este miércoles– el Gobierno ha incluido dos medidas de protección a los inquilinos que van más lejos de lo recogido en el Proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que se elaboró en Moncloa y que, en parte, recoge pretensiones de colectivos sociales, sindicatos de inquilinos y de grupos parlamentarios cuyos votos son necesarios para sacar adelante la ley.

Más aún porque la negociación no puede atascarse en el tiempo. La intención del Gobierno es que la Ley esté aprobada antes de que acabe el año porque así se le prometió a Bruselas dentro del Plan de Recuperación al que está ligada la recepción de fondos europeos. 

ERC, por ejemplo, no solo exigió al Gobierno que se comprometiera por escrito a respetar las competencias autonómicas en materia de vivienda –son las comunidades las que tienen capacidad de legislar–, sino que también instó a ir más allá durante la tramitación, respecto a la limitación de los precios de los alquileres. 

También el líder de Más País, Íñigo Errejón, criticó el proyecto por estar “tan descafeinado que es un vaso de agua”. A pesar de esa crítica, votó en contra de las enmiendas de devolución presentadas por PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts, lo que permitió seguir con la tramitación del texto y modificarlo en el Congreso. En la misma línea, el diputado de Compromís, Joan Baldoví. “No es la ley que nos gustaría”, aseguró. “Vamos a ser muy exigentes”, durante la tramitación.

Topes a los alquileres para grandes propietarios, personas y empresas

Una de las líneas que el Gobierno ha traspasado en el Plan de medidas extraordinarias en respuesta a la guerra es la concreción de quién es un gran tenedor de vivienda, al que se le pueden limitar las rentas que fijan a sus inquilinos.

El proyecto de Ley de Vivienda define a los grandes propietarios como aquellas personas físicas y jurídicas que tienen más de 10 inmuebles en propiedad o que superan los 1.500 metros cuadrados de superficie residencial, excluyendo, en todo caso, garajes y trasteros. Sin embargo, limita a los segundos, a los dueños de pisos que sean fondos o empresas, la limitación de las subidas de precios. 

Alzas que, además, en el texto que tramita el Congreso solo se contemplan para determinadas áreas geográficas, las que tengan alquileres tensionados –con subidas de precios un 5% superiores al IPC de la comunidad autónoma donde estén– y que, además, estarán ligadas a un índice de precios que aún está por definir.

En cambio, el Plan de choque que limita las subidas de precios al 2% –en principio, hasta junio– está previsto para todos los grandes tenedores, independientemente de si son personas físicas o jurídicas; y no hay limitaciones territoriales, ni de zonas con precios más o menos tensionados. 

La limitación de las subidas al 2% es también una de las cuestiones que los Sindicatos de Inquilinos y Llogateres han reclamado incluir en la Ley. Precisamente, este jueves, los sindicatos presentarán en el Congreso de los Diputados las enmiendas que proponen al texto. Entre ellas, indican, incluyen ese tope del 2%. 

Además, los sindicatos ya han propuesto ese tope en otras ocasiones. Por ejemplo, en la reunión que hace unas semanas mantuvieron, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la ministra Raquel Sánchez, y con el secretario de Vivienda, David Lucas.

Esa aplicación del IGC sería una alternativa, por tanto, al índice de precios que contempla la Ley y que no se sabe cómo se va a diseñar, si tendrá en cuenta datos de Hacienda, del INE; o también los de las comunidades autónomas, de las que dependen los registros de fianzas de alquileres. De entrada, el Gobierno se ha dado hasta 18 meses después de la aprobación de la ley para diseñar y aprobar ese índice. 

Un límite con dos velocidades

Técnicamente, el límite de subida del 2% tendrá dos velocidades: estará ligado de forma automática al Índice general de competitividad (IGC), en el caso de los grandes tenedores; y tendrá que ser renegociado con los inquilinos en el supuesto de los pequeños propietarios. Es decir, estos últimos podrán pactar una revisión superior a ese 2%. Aunque siempre, con un tope del 2% si no hay acuerdo, el mismo que tiene el propio IGC.  

En la mayoría de contratos de alquiler, la actualización anual está ligada actualmente al IPC general, que a su vez es el límite máximo al que se puede revisar al alza una renta, aunque no es el único indicador al que la ley permite indexarlas. Los contratos de arrendamiento pueden, de hecho, no actualizarse jamás mientras están vigentes, si no queda especificado lo contrario. 

Cuando sí se prevé, se hace respecto al IPC general, o, en algunos casos, los menos, según reconocen distintas fuentes del sector inmobiliario, respecto al IPC del alquiler de vivienda, que apenas se ha tensionado en los últimos meses, o respecto al IGC, que también calcula el INE, si está recogida la actualización anual pero no la referencia.

Este último índice será la única referencia desde que se publique el Real decreto ley hasta el 30 de junio. 

Como ejemplo, un alquiler medio en España, que ronda los 700 euros, subirá solo 14 euros en los próximos meses (un 2%), y no los 53,2 euros que lo hace si la referencia es el IPC de febrero, el citado 7,6%. Y es que la medida aliviará a los inquilinos que actualicen sus rentas en los próximos tres meses, aunque los alquileres revisados desde octubre ya vienen sufriendo subidas de más de un 5%, mientras han aumentado también los principales suministros: luz, gas... 

Otro ejemplo acorde al IPC de febrero, si se tiene en cuenta un alquiler medio en Madrid o Barcelona, que según el índice que calcula un portal inmobiliario asciende a cerca de 1.200 euros: implicaría un incremento de 91,2 euros al mes, casi 1.100 euros en todo el año siguiente. Prácticamente otra mensualidad extra. Bajo el Plan de choque, esta subida se limitaría a 24 euros al mes o 288 euros al año.