El relator de la ONU sobre pobreza recomienda que España explore el control de los precios del alquiler

Dos semanas de visita en España que han dejado “sorprendido” al relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. “Me ha quedado muy claro que hay dos Españas”, ha concluido el australiano, la más conocida y que visitan millones de turistas cada año, y otra a los márgenes de la luz pública caracterizada por una “pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección completamente inadecuado”.

El representante de Naciones Unidas se ha mostrado “sorprendido” por el nivel de pobreza en España: “He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país”. Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión, que en el caso de la población infantil alcanza casi al 30% de los menores.

Abordar la “crisis de la vivienda” es una de las cuestiones prioritarias que ha marcado el relator de la ONU al nuevo Gobierno de coalición en sus recomendaciones de 20 páginas, ya que es un problema que ha comprobado que afecta a todos los colectivos con los que se ha entrevistados en estos días.

Desde las personas en situación límite que tiene que abandonar sus hogares por no poder pagarlos y carecen de una alternativa habitacional, hasta las personas jóvenes que no pueden independizarse y residen en casa de sus padres a edades adultas por falta de recursos. “El derecho a la vivienda está en la Constitución”, ha enfatizado Alston, pero en la práctica no se está garantizado, ha aseverado.

Entre las medidas que España puede implementar en esta materia, el relator apuesta por explorar la implantación del control de los precios de los alquileres para combatir esta crisis. Alston ha explicado que es consciente de esta iniciativa genera una “gran controversia”, pero ha advertido de que el discurso público sobre la materia está “dominado” principalmente por la industria inmobiliaria y de vivienda.

“París, Berlín y muchas ciudades de EEUU están introduciendo controles sobre el alquiler y en muchos sitios está funcionando”, ha subrayado el relator, que se ha mostrado partidario de que el Ejecutivo explore esta medida, “tenerla encima de la mesa”, y comprobar si funciona o no.

En Francia han decidido experimentar durante cinco años la medida. Las ciudades que quieran acogerse (treinta ayuntamientos, entre ellos París y Lille ya han anunciado que lo harán) limitarán las subidas del alquiler a un 20% sobre un precio medio que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones.

Por su parte, Berlín ha aprobado la introducción de un tope al precio de la vivienda de alquiler según el cual los arrendamientos quedarán congelados durante cinco años y a niveles acordes a los arrendamientos de referencia en sus respectivas zonas.

Una iniciativa que está en el aire

El control de precios del alquiler es una medida que pactaron el PSOE y Unidas Podemos la pasada legislatura, pero que los primeros se resistieron a concretar. Para configurar el Gobierno de coalición, los socialistas han vuelto a adquirir este compromiso, con la intención esta vez de cumplirlo, según ha prometido Pedro Sánchez a Ada Colau. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha mostrado por su parte en contra de la medida, de cuya eficacia duda.

Lo que consta en el pacto entre socialistas y Unidas Podemos es que –cuando se apruebe de manera efectiva la medida– los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar “de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente”, una zona urbana de mercado tensionado. Esta última condición se considerará cuando se haya producido un “incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda”.

La Comunidad de Madrid ya ha dicho que, en lo que concierne a sus competencias sobre la materia, ellos no aplicarán estos límites, según su vicepresidente, Ignacio Aguado, porque prefieren dejar actuar a la “mano invisible” del mercado.

Más vivienda social: necesario, pero insuficiente

Lo que está claro, en opinión del representante de Naciones Unidas, es que la hoja de ruta que el Ejecutivo tiene en estos momentos es insuficiente. Philip Alston ha sostenido que la construcción de viviendas gracias a la colaboración público-privada y la ampliación de la más que insuficiente red de vivienda social, que son las dos medidas que le ha traslado el Gobierno en este problema, se quedan cortas para resolver el problema.

“Ningún Gobierno puede construir las viviendas que se necesitan en España”, ha apuntado el relator sobre la carencia del parque de vivienda social en el país, que ha cifrado en el 2%, cuando en otros países europeos se sitúa alrededor del 20%. Aumentar estas viviendas más asequibles es fundamental, ha enfatizado el relator, pero hace falta algo más para solventar el problema de la vivienda en el país.

A este respecto el Gobierno tiene intención de establecer acuerdos de colaboración público–privada que incluya la cesión de suelo público durante 50 años a empresas promotoras a cambio de que pongan en el mercado viviendas de alquiler asequible. En el pasado experiencias de este tipo han acabado con el suelo en manos privadas. La promesa del Ejecutivo es construir 20.000 viviendas a precio asequible durante la legislatura. Alston ha sostenido que es “escéptico” respecto a la colaboración público-privada.