La Policía Nacional sigue sin tener un protocolo contra el acoso sexual 12 años después de la Ley de Igualdad
La Policía Nacional aún no tiene un protocolo de actuación frente al acoso sexual en sus filas, ni está elaborándolo, según han confirmado fuentes de la Dirección General de Policía a eldiario.es. Este cuerpo se queda así a la cola frente a la Guardia Civil, que está configurando uno, y las Fuerzas Armadas, que ya lo tienen aunque “necesita mejoras”, denuncian desde la 'Plataforma de mujeres policías y militares para impulsar su visibilización', que se presentó esta semana en Madrid. Desde 2007, la Ley de Igualdad que aprobó el Gobierno de Zapatero exige a las Administraciones públicas negociar con los representantes de los trabajadores este tipo de protocolos.
“No tenemos nada, absolutamente nada”, critica la agente Marisa Estévez, secretaria de Organización de Igualdad del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Si hay un caso de acoso, la compañera tiene que denunciarlo en una comisaría, como cualquier ciudadano, con el hándicap de que somos parte del cuerpo y siempre hay cierto corporativismo”, prosigue.
Estévez es una de las portavoces de la 'Plataforma de mujeres policías y militares para impulsar su visibilización', que se creó en octubre de 2018, y que está integrada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, el SUP, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
Estas agentes de policía, guardias civiles y militares se han unido para sumar fuerzas en varias reivindicaciones comunes frente al Estado, como aumentar la presencia de mujeres en sus respectivos cuerpos y garantizar la igualdad entre sus miembros. Según las cifras de la organización, el cuerpo más masculinizado en la Guardia Civil, con solo un 7,5% de mujeres. Le sigue la Policía Foral de Navarra (8,2%), la Ertzaintza (11%), la Policía Nacional (12%) las Fuerzas Armadas (12,5%) y, por último, los Mossos d'Esquadra (20,9%).
La Policía, a la cola tras la Guardia Civil y el Ejército
Una de las medidas prioritarias que reclama la Plataforma –y que recordarán a los partidos políticos de cara a las elecciones generales– es un protocolo de actuación contra el acoso sexual común para la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, aunque con ligeras adaptaciones según las necesidades específicas de cada cuerpo. Estas trabajadoras, recuerda la policía Marisa Estévez, afrontan un elemento de peligrosidad añadido frente a otros sectores: el acceso a armas de fuego en sus lugares de trabajo.
La organización pone el foco sobre todo en la desprotección de las agentes de la Policía Nacional, mayor aún que la que afrontan las profesionales de la Guardia Civil y el Ejército. La Guardia Civil tenía un protocolo que no diferenciaba el acoso laboral del acoso sexual y en la actualidad está elaborando uno específico contra el acoso sexual y por razón de sexo, en el que están participando las asociaciones de trabajadores.
Las Fuerzas Armadas cuentan con un protocolo frente al acoso sexual desde 2015, después de que alcanzara una gran relevancia pública el caso de Zaida Cantera. El procedimiento, no obstante, “tiene fallos” que deben ser solventados, alerta Teresa Franco, secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Según explica la militar, el procedimiento de denuncia tiene dos vías: la disciplinaria y la penal. En la disciplinaria, la víctima de acoso no puede recurrir por ninguna vía el resultado de investigación, por lo que Franco recomienda que las denunciantes acudan a la vía penal.
Mientras, la Policía Nacional no tiene en la agenda aprobar un protocolo de acoso. Según fuentes de la Dirección General, “no tenemos protocolo” y, a las preguntas de este medio sobre si se está trabajando en ello, apuntan que “en estos momento no”. Marisa Estévez confirma que a los sindicatos no les han hecho llegar ningún texto ni les han citado para elaborar esta medida de igualdad.
La Oficina Nacional para la Igualdad de Género de la Policía Nacional, creada hace un año como un órgano para “promover la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres”, aún no ha empezado a abordar este tema. La representante del SUP afirma que la Oficina les acaba de entregar una Guía de lenguaje inclusivo. “Aun reconociendo que el lenguaje inclusivo es importante, en nuestra opción hay otras carencias, como el protocolo contra el acoso sexual, que son prioritarias”, defiende Estévez.
El protocolo de la Administración General, sin aprobar
Alicia Sánchez, secretaría nacional de la Mujer de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), explicó en Madrid que la reclamación ideal de la Plataforma es que se aplique a los tres cuerpos –con pequeñas adaptaciones– el protocolo contra el acoso sexual de la Administración General del Estado (AGE), pero asegura que la dirección de la Guardia Civil les ha rechazado esta opción.
La petición de la Plataforma de mujeres militares y policías es justo lo que establece la Ley de Igualdad. Como explican a eldiario.es dos especialistas en Derecho del Trabajo, los profesores Ignasi Beltrán (UOC) y Ana Belén Muñoz (UC3M), la ley de 2007 contempla que el protocolo frente al acoso sexual de la AGE es de aplicación para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las adaptaciones que se consideren necesarias.
Aunque el protocolo frente el acoso sexual de la AGE tiene su propia problemática. Los sindicatos y el Gobierno llegaron a un acuerdo tarde sobre su contenido tarde, cuatro años después, en 2011. Quedó recogido en una resolución, que marcaba que este debía aprobarse en un real decreto. Este real decreto, ocho años después, aún no se ha aprobado, pese a las peticiones de los sindicatos durante todo el mandato de Rajoy y los meses de Gobierno de Pedro Sánchez. El texto está listo “solo falta de plasmarlo en un real decreto, pero no ha habido voluntad”, denuncia Victoria Carrero, portavoz de UGT en la Comisión Técnica de Igualdad de la AGE.
Además, “en 2015 la Inspección de Trabajo hizo un requerimiento a la Administración General del Estado por este protocolo, motivado por tema de riesgos laborales ya que no es solo una cuestión de igualdad”, apunta la profesora Ana Belén Muñoz. Ese requerimiento también cayó en saco roto.
El protocolo es foco de conflicto a día de hoy. Desde UGT y CCOO advierten de que el protocolo no se aplica, salvo en algunos ministerios y organismos públicos que lo han adaptado de manera particular. En cambio, fuentes de Función Pública aseguran que “sí se aplica” y que “muchos centros directivos lo han adaptado a sus características y lo aplican”, como “todos los ministerios”, aunque reconocen que ha quedado como tarea pendiente aprobar el real decreto en cuestión.
Carmen López, secretaria de Mujeres de la FSC de CCOO, critica la versión del Ejecutivo. “Pues si se aplica que nos digan cuántos casos y denuncias ha habido”, sostiene. El protocolo exige la información periódica de las denuncias y las investigaciones a las organizaciones sindicales, algo que no ha ocurrido, según denuncian las representantes de UGT y CCOO.
