El techo de gasto de los primeros presupuestos de Sánchez abre un nuevo frente de batalla parlamentaria

El proceso para elegir a la cúpula de RTVE, complicado hasta límites surrealistas, podría ser preludio de las dificultades que, previsiblemente, se avecinan para el Gobierno con el nuevo frente de batalla que se le abre ahora. Los Presupuestos Generales del Estado, considerados como la ley más importante que pasa por las Cortes cada año, echan a andar este viernes con la aprobación en el Consejo de Ministros del techo de gasto. Este debería ser el pistoletazo de salida de las primeras cuentas del Ejecutivo de Sánchez, en las que se definirá su política económica, con sus ingresos y sus gastos, que prevén más expansivos.

Ya el anterior Gobierno tuvo grandes dificultades para sacar adelante sus dos últimos presupuestos con 134 escaños, y podría ser aún más complicada la tarea de hacerlo con los 84 con los que cuenta el PSOE en el Congreso. Por el momento, Sánchez gobierna con los presupuestos que tanto trabajo costó sacar adelante al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tuvo que comprometer, entre otras cosas, subidas de las pensiones en función del IPC para convencer al PNV de que le diera sus votos pese a la vigencia del artículo 155 en Catalunya.

Ahora, según marca el calendario de Bruselas, el nuevo Gobierno debe empezar por aprobar un techo de gasto y unos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto que pasarán por el Congreso y el Senado la semana que viene. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, donde se tienen que aprobar también explícitamente estos límites. Este grupo parlamentario, pendiente aún de quién será el nuevo líder del partido, aún no ha adelantado cuál será su postura. Pero la negativa a aprobar una nueva senda de estabilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la víspera podría ser indicativo de su futura negativa.

En este CPFF las autonomías han aprobado, con oposición de las del PP y la abstención de la Comunidad Valenciana, la senda de estabilidad para el periodo 2019-2021, más relajada que la negociada por el anterior gobierno. Es un paso previo a la aprobación del techo de gasto que servirá de base a los presupuestos de 2019. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “no sería explicable” que los grupos parlamentarios en el Congreso no le dieran también su apoyo la semana que viene, ya que eso supondría más recortes.

Pero por lo que pudiera ocurrir con las votaciones de la semana próxima de las bases de los presupuestos de 2019, fuentes del Ejecutivo socialista ya han advertido de que lo que realmente se aprueba en el Parlamento son los objetivos de estabilidad presupuestaria y no el techo de gasto no financiero, sobre el que el Ejecutivo se limita a informar a las Cortes. Lo que sí tienen que refrendar el Congreso y el Senado son los objetivos de déficit, deuda y la regla de gasto para las distintas administraciones, tal y como marca la Ley de Estabilidad.

Por ello, para el Gobierno, si se rechazan los objetivos de estabilidad no debería afectar a los tiempos ordinarios de presentación de los Presupuestos Generales del Estado en septiembre, porque dicho rechazo no sería sobre el techo de gasto que les sirve de base. Una opinión que deberá ser refrendada, en caso de que se dé este escenario, por la Mesa del Congreso de los Diputados, que califica los proyectos y en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría.

Según el portavoz de Hacienda de la formación que lidera Albert Rivera, Francisco de la Torre, dicho escenario de intentar aprobar los presupuestos sin tener el plácet a los objetivos de estabilidad sería como mínimo inédito. “Se están resignando a que no se aprueben los objetivos de estabilidad. Y mientras tanto, han renunciado a negociarlos con los grupos antes de aprobarlos, como se ha hecho en los últimos años”. Advierte de que “un Gobierno en minoría tiene que negociar” y remarca que “desde que hay una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en España nunca se han presentado presupuestos sin aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad”.

Un techo de gasto que subirá

El techo de gasto para los presupuestos de 2018 se elevó un 1,3%, hasta llegar a los 119.834 millones de euros. Se trató del primer aumento en el límite de gasto desde 2013, pero apenas compensaba la contracción del 4,1% anual del límite de gasto en 2017, ni el 10% de reducción acumulada desde 2014. Fue un techo inferior en un 34% (62.605 millones de euros menos) al de 2010, cuando comenzaron los recortes.

Para 2019, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado que se elevará para “reforzar los servicios públicos”. Está por ver en qué cuantía. Según el portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Segundo González, no se entendería que lo hiciera por debajo del crecimiento estimado del PIB (2,4% para 2019). Esto es, debería subir al menos en 2.876 millones de euros.

González asegura que con su grupo parlamentario tampoco ha habido una negociación sobre este techo de gasto. En todo caso, sobre las cifras de déficit ya pactadas con Bruselas, ha reiterado que considera “insuficiente” la relajación y que se podría haber sido más ambiciosos a este respecto. El Gobierno elevará el objetivo de déficit público al 2,7% del PIB este año y al 1,8% en 2019 , frente a las previsiones del 2,2% y del 1,3% que estimaba el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy y que habían sido pactadas con la Comisión Europea.

González asegura que pese a que el techo de gasto en sí no sea objeto de votación en el Congreso y el Senado, sino tan solo los objetivos de déficit y deuda, la cuantía en la que se eleve será determinante para decidir la postura de su grupo. “El techo de gasto tiene que ser suficiente para revertir los recortes del PP y para que quepan políticas sociales y de transformación de modelo productivo”, afirma. De momento, “la música de las medidas anunciadas para elevar los ingresos nos suena bien”, adelanta. El Gobierno ha apuntado a una subida del tipo efectivo del impuesto de Sociedades para grandes empresas al menos al 15%, la creación de un impuesto para las tecnológicas (en línea con el europeo) y la elevación de impuestos medioambientales, que incluirá una equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina.

Algunas de estas medidas deberían aparecer en el proyecto presupuestario de 2019, y otras en proyectos paralelos, ya que la ley presupuestaria impide la creación de nuevos tributos en esta norma.

Los límites para las CCAA y ayuntamientos

Este jueves se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que las comunidades autónomas han sido informadas de los límites que les competen. En concreto, la nueva senda de déficit público sube hasta el 0,3% del PIB la meta para las comunidades autónomas en 2019, dos décimas más que representarán 2.400 millones de euros adicionales.

También se ha reunido la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). El Gobierno ha señalado que está abierto a reformar la regla de gasto para flexibilizarlo y que los ayuntamientos puedan emplear más su superávit. Las entidades locales siguen teniendo como objetivo la estabilidad presupuestaria.