6,7 millones para las ayudas con cargo al IRPF, que sólo cubrirán proyectos de interés general

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El presupuesto previsto para estas ayudas se cifra en 6,7 millones.

Las subvenciones están dirigidas a financiar, total o parcialmente, los programas de interés general que desarrollen las entidades del Tercer Sector de Acción Social y Cruz Roja Española en Extremadura.

Fueron gestionadas por el Estado hasta el año 2016 y, tras una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, la competencia pasó a las comunidades autónomas. En 2017 fue la primera vez que los gobiernos autonómicos gestionaron estas ayudas.

Nueva regulación 

Ahora la Junta de Extremadura ha considerado oportuno establecer una nueva regulación con la finalidad de subvencionar exclusivamente la financiación de programas de interés general, a diferencia de la anterior, en la que se incluían también reformas, rehabilitación y adquisición de equipamientos de centros de intervención social destinados al desarrollo de estos programas.

Por otra parte se establece que la cuantía individualiza máxima a conceder para la financiación de un programa será del 2,70% de los créditos disponibles en la convocatoria (antes, del 3 por ciento) y la cuantía máxima de subvención a conceder a una misma entidad será del 6% de los créditos disponibles en la convocatoria (antes, del 20 por ciento).

Más cobertura

Se financiarán el mayor número posible de programas de interés general con objeto de ofrecer una mayor cobertura a las necesidades de los diferentes colectivos sociales que se encuentran en situación de pobreza o exclusión, o que se encuentran en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

En especial, estos programas van dirigidos a aquellos grupos de población más vulnerables como las personas que no tienen sus necesidades básicas cubiertas, personas con problemas de salud mental, personas con problemas de conductas adictivas, personas mayores, personas con deterioro cognitivo o personas con discapacidad, entre otros muchos colectivos sociales.