La excepción de Sánchez Robles, único condenado del PNV en el 'caso De Miguel' que no intenta evitar la cárcel
En el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y cuyo inicio se remonta a finales de 2009, hay una condena en firme validada por el Tribunal Supremo en enero y confirmada en marzo que todavía está pendiente de ser ejecutada en lo tocante a las penas de prisión. En estas semanas, las defensas de los implicados han exprimido todos los resquicios legales para evitar la entrada en la cárcel. Indultos, problemas de salud, deseo de no abonar las multas, suspensiones extraordinarias, ... Los papeles se acumulan en la Audiencia Provincial de Álava, que es la encargada del expediente. El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y su esposa, Ainhoa Bilbao, de hecho, han cambiado de letrado y han contratado a la especialista Estefanía Rojo para intentarlo todo. Sin embargo, hay una excepción, la del exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, condenado a siete años, un mes y quince días de cárcel, a inhabilitaciones que suman 36 años y a responsabilidades económicas (compartidas) que alcanzan los 149.830,63 euros.
Sanchez Robles, que era amigo de De Miguel y de otros de los participantes de la trama de corrupción -oficialmente una “asociación ilícita”, según los tribunales- facilitó contratos 'a dedo' a las empresas controladas por su compañero de partido, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. En algunos casos, incluso, ni siquiera se realizó el trabajo asignado y se interpretó como un intento de financiación irregular de empresas pantalla que, por otro lado, también se empleaban para cobrar comisiones a cambio de contratos. Además, en el juicio, la defensa del expolítico, liderada por Javier Beramendi, presentó unos documentos aparentemente oficiales que supuestamente mostraban que todas las adjudicaciones estaban realizadas y correctamente ejecutadas. Sin embargo, eran papeles que no constaban en los archivos del Gobierno y que presentaban anomalías en los sellos. Eso sí, nunca se aclaró cuál era la razón de la participación del político en estos hechos, ya que -a diferencia de De Miguel, que se compró un Saab, joyas o viajes- no consta lucro particular por su parte.
Ahora, Sánchez Robles es el único que en este fase ha acatado la condena y no ha planteado ni suspensiones extraordinarias ni intentos de que el Gobierno de España le conceda el indulto. Su defensa, según varias fuentes judiciales, no ha presentado ni un solo escrito a la Audiencia Provincial de Álava mientras De Miguel ha buscado la medida de gracia e intentado incluso que su mujer no pague la multa que le corresponde o mientras los también exdirigentes peneuvistas Aitor Tellería y Koldo Ochandiano están pendientes de que se analice su estado de salud para lograr una exención al ingreso en un centro penitenciario. En estas semanas han brotado argumentos variopintos, desde que el caso es antiguo, que el quebranto económico es escaso, que De Miguel tiene obligaciones familias o que tuvo una gran labor social con niños del Amazonas. “Txitxo siempre ha sido muy original”, ironiza una persona del entorno del exdirigente del PNV sobre esta batería de maniobras.
En privado, el PNV tuerce el morro en plena precampaña electoral y se desmarca de estas estrategias. Empieza a asumir que cada noticia en este sentido no le favorece, particularmente por el hecho de que la oposición no renuncia a exprimirlas. Pero con Sánchez Robles es distinto. Como el resto, fue expulsado de su puesto público. En su caso era funcionario en la Diputación de Bizkaia. También el partido ha iniciado la expulsión definitiva, como fijan los estatutos tras una condena firme. Sin embargo, a diferencia del resto de condenados, su esposa sí mantiene una posición de relevancia en el partido. Josune Gorospe es diputada del PNV en el Congreso, con Aitor Esteban, y en la pandemia llevó la relevante área de Sanidad. Antes, en el Parlamento Vasco, era la responsable de presupuestos y portavoz económica. La hermana de Xabier, Isabel Sánchez Robles, también fue diputada en la primera legislatura de Mariano Rajoy y tuvo cargos en el Ayuntamiento de Bilbao y en la Diputación de Bizkaia. Ahora es gerente de una sociedad pública foral llamada Zugaztel. Xabier e Isabel son sobrinos de José Luis Robles, alcalde de Bilbao entre 1983 y 1987 y ya fallecido.
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