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La Inspección de Trabajo propone un recargo de las prestaciones del 30% a Altuna y Uria por un accidente mortal en Arrasate

Una concentración de protesta contra los accidentes laborales.

elDiario.es Euskadi / Europa Press

Donostia —

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa ha emitido un informe en el que se propone un recargo de prestaciones del 30% a pagar por la empresa Altuna y Uria SA por no haber implantado medidas de seguridad en el caso del accidente laboral mortal acontecido en Arrasate (Gipuzkoa) el pasado 26 de febrero. Según ha recordado el sindicato CCOO en un comunicado, el accidente costó la vida a un trabajador y tuvo lugar en una obra promovida por el Ayuntamiento de Arrasate para la instalación de ascensores en la vía pública.

La Inspección de Trabajo también ha extendido igualmente actas de infracción por incumplimiento grave en materia de seguridad contra Altuna y Uria SA, contratista principal de la obra, y contra Proyectos y Obras Garci SL, empresa subcontratada y radicada en Pontevedra a la que pertenecía el trabajador fallecido.

El informe concluye que “el accidente sobrevino cuando el trabajador quiso recuperar un cubo que había caído a una arqueta de la que estaba achicando agua y quedó atrapado en la misma y sumergido en el agua”.

Así, hace responsable a Altuna y Uria SA del siniestro por no adaptar el plan de seguridad de la obra a los riesgos reales de la actividad, debido a que “no se previó de manera suficiente las labores que se debían efectuar en las instalaciones a fin de garantizar el correcto mantenimiento de los ascensores, hasta la puesta en funcionamiento de las bombas de achique”, bombas que aún no estaban instaladas.

Por su parte, el informe elaborado por Osalan concluye que el citado plan de seguridad y salud “no contempla el riesgo que generó el accidente” e incide en que “no se contempla un procedimiento en el cual se definan trabajos y medidas de seguridad específicas para el mantenimiento del foso de los ascensores ni de las arquetas de impulsión en el periodo previo a la instalación de las bombas de achique”. Para Osalan, tampoco queda acreditado que Altuna y Uria SA hubiesen proporcionado al trabajador fallecido formación e información sobre los riesgos de la obra, “algo que se considera muy importante para garantizar que el trabajador tenga claro las medidas preventivas a aplicar”.

CCOO ha criticado que las empresas de construcción “llevan años dando vueltas de tuerca constantes a la subcontratación como mecanismo para el ahorro de costes y la externalización de implantación de medidas preventivas”, como es esta que implica a una empresa de Pontevedra.

El sindicato entiende que la subcontratación “en muchas ocasiones genera problemas de coordinación en materia de prevención de riesgos laborales”, pero si la empresa subcontratada “es de un lugar tan alejado, estos problemas están garantizados, siendo esta falta de coordinación una de las causas directas de este accidente”.

El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerado “fundamental” que la Inspección de Trabajo entre a valorar el contenido del plan de seguridad y salud, puesto que tanto este documento como las evaluaciones de riesgos “se realizan habitualmente de forma muy deficiente”.

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