Los presupuestos vascos de 2022 recogerán la primera subida en diez años de las ayudas al alquiler

El Gobierno vasco presentará este martes el proyecto de presupuestos para 2022, cuya aprobación está asegurada por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco. Según ha podido saber este periódico, una de las grandes novedades de las cuentas será la subida de las ayudas para el alquiler de viviendas en todas sus modalidades. A falta de que se precise la cantidad exacta, será la primera mejora desde que en 2011 quedaran establecidas en 250 euros mensuales después de un recorte generalizado de las ayudas sociales acordado con el PP por la entonces consejera socialista Gemma Zabaleta. Hasta entonces el máximo era de 320 euros.

En Euskadi existen dos tipos de prestaciones económicas destinadas al alquiler, aunque ya se trabaja en un decreto que las unifique, que podría estar listo en 2022. Por un lado, la denominada Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) se abona a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI, el salario social para quienes no tienen recursos o acreditan pensiones o nóminas bajas) que precisan de un apoyo adicional para acceder al mercado de la vivienda. Fue creada en 2008. Por otro lado, está la Prestación Económica de Vivienda (PEV), que fue instaurada en la Ley de Vivienda de 2015 como alternativa a quienes veían reconocido su derecho a acceder a un piso protegido en régimen de alquiler social pero para los que no había disponibilidad.

Al estar reguladas de manera separada, los requisitos para una y para otra son diferentes. Los de la PCV son los mismos que para cobrar la RGI (tres años de antigüedad en el padrón sin necesidad de permiso de residencia, en esencia) y los de la PEV dependen de la concesión del derecho a la vivienda. También se tramitan en ventanillas diferentes, ya que la RGI y la PCV las gestiona el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y la PEV compete al área de Vivienda. Según los datos oficiales de Lanbide, a 30 de septiembre eran 24.855 los perceptores del complemento de vivienda, el 47% del total de beneficiarios de la renta básica. De ellos, 14.501 viven solos y, por sexos, hay 13.377 mujeres y 11.474 varones. En una reciente entrevista, el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, calculaba que entre ambos sistemas 27.000 familias eran atendidas, por lo que la PEV tendría unos 2.500 beneficiarios en la actualidad frente a las 6.000 que están disfrutando del derecho a la vivienda con un piso protegido.

Al margen de estas prestaciones, existe igualmente un programa específico para apoyo de la emancipación de jóvenes llamado Gaztelagun. Según los datos ofrecidos esta semana en el Parlamento Vasco por el consejero del ramo, el socialista Iñaki Arriola, en respuesta a una pregunta de Eraitz Sáez de Egilaz (EH Bildu), en lo que va de 2021 se han destinado 4,5 millones de euros. También esta ayuda está limitada a un máximo de 250 euros mensuales. En los dos primeros cuatrimestres han sido 1.726 las solicitudes de personas de hasta 35 años. De ellas, 222 (el 12,86%) han resultado rechazadas. El motivo más común es que estos jóvenes no tienen un mínimo de ingresos para hacer viable un contrato de arrendamiento de una vivienda.

Al margen de las cuestiones propias de Vivienda, tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, han adelantado ya que el presupuesto vasco de 2022 será el más alto de la historia y que tendrá un marcado carácter inversor. Es un objetivo similar a la propuesta realizada por el Gobierno central, que en el caso vasco promete que la alta velocidad estará operativa en 2026. La dotación económica de las cuentas autonómicas superará los 13.000 millones de euros, según se ha explicado en las últimas semanas. Como es habitual, este martes se ofrecerán las líneas generales y las principales cifras y el detalle no se conocerá hasta que todos los tomos sean enviados al Parlamento. A diferencia de lo ocurrido el pasado año, en el que las elecciones autonómicas motivaron retrasos, será posible que estos presupuestos entren en vigor el mismo 1 de enero de 2022. Por adelantado, eso sí, ya se han presentado algunos proyectos estratégicos que aspiran a captar los primeros 650 millones de euros en fondos europeos.