Un diputado autonómico de Podemos, entre los 18 juzgados por interrumpir la emisión de TVE Extremadura
El Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida va a juzgar a un diputado autonómico de Podemos, Eugenio Romero Borrallo, por un presunto delito de desórdenes públicos cuando en febrero de 2014 interrumpieron un informativo de TVE Extremara para reclamar la implantación de la renta básica.
Junto a él pasarán por el banquillo otros 17 activistas del Campamento Dignidad, que desde entonces, y han pasado ya 17 meses, tienen que ir a firmar al juzgado los días 1 y 15 de cada mes, puesto que están en libertad provisional.
Aquel 11 de febrero, una veintena de activistas de los Campamentos Dignidad se colaron en las instalaciones de TVE en Mérida, y retrasaron durante un rato la emisión del informativo regional. Fueron detenidos por presuntos delitos de coacciones o desorden público.
Los activistas fueron filmados por la propia TVE Extremadura en pie tras la presentadora del informativo, y enseñando una pancarta a favor de la renta básica.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida ha fijado por fin, para el 5 y 6 de octubre, el juicio oral, en el que declararán el primer día los acusados (quedan 18 porque uno falleció) y al día siguiente pasarán por la sala los testigos.
De entre los propuestos por los abogados de la defensa, el tribunal ha rechazado, por no considerarlos necesarios para la causa, al expresidente del Gobex José Antonio Monago, y al exconsejero de Vivienda Víctor del Moral; a su director general de Política Social, Juan Bravo; a la actual portavoz de la Junta Isabel Gil Rosiña, o al secretario regional de CCOO Julián Carretero.
Únicamente ha aceptado el juez como testigo propuesto al sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid, que actuó en aquel entonces como mediador entre el Campamento Dignidad y la Junta.
Acusadores
La acusación la mantienen en pie el ministerio fiscal, la Abogacía del Estado, y algunos empleados de TVE Extremadura.
Para los miembros del Campamento Dignidad encausados, entre ellos Manuel Cañada, este debería ser un juicio a un “sistema social injusto”, más que un proceso sobre 18 personas que presuntamente hicieron lo que legalmente no debían.
En un escrito al Juzgado, sostienen que no usaron la fuerza para entrar en TVE Extremadura, ni impidieron el trabajo de los periodistas, y su única pretensión era que se leyera un comunicado sobre la realidad social de una renta básica que no llegaba a los más necesitados; invocan además su derecho a la libertad de expresión, y el estado de necesidad en que se encontraban.
