Piden un pacto en los procesos selectivos públicos para evitar un nuevo ‘caso Mejuto’
La justicia ha dado la razón a la exconsejera María Jesús Mejuto y desestima que tuviera trato de favor y conociera las preguntas antes de examinarse en las pruebas del SES. La sentencia determina que es posible seguir con el proceso y adjudicar las plazas, aunque haya otros opositores que presenten recurso contra la sentencia.
No es la primera vez que se producen situaciones como esta, en las que las impugnaciones se desestiman en sede judicial. Sin embargo provocan una evidente pérdida de confianza entre aquellos que concurren a las pruebas.
Lo cierto es que en este proceso ha paralizado el devenir no solo de la exconsejera, sino del resto de opositores, y el sindicato CSI-F cree que es el momento de marcar las pautas que mueven a los tribunales de las convocatorias públicas. Advierte que el caso Mejuto se podría haber evitado con unos criterios claros, marcados en un pacto de los procesos selectivos públicos extremeños.
El objetivo es que las decisiones no sean aleatorias y que el protocolo sea siempre el mismo para poner fin a nuevos capítulos ‘enturbiados’ por acusaciones, declaraciones enfrentadas y dudas de todo el proceso.
CSI-F pidió en dos ocasiones un cambio de tribunal
Antes del examen CSI-F ya reclamó hasta en dos ocasiones, en octubre de 2012 y otra en mayo del año siguiente, que se modificara el tribunal. El Ejecutivo de Monago no tomó cartas en el asunto. “No obtuvimos respuesta oficial, más allá que una respuesta verbal de que no había una base que demostrara una amistad íntima entre la consejera y el responsable del tribunal”, explica Emilia Montero, responsable de Sanidad de CSI-F Extremadura.
Apunta la organización que no hizo una recusación porque dudara de la discrecionalidad técnica del tribunal, “pero sí había una sombra de dudas que había que despejar para evitar problemas y dar seguridad a todas las personas que se presentaron a las pruebas sobre este proceso en sí”. Era en torno al presidente del tribunal, el doctor Luciano Santonja, que fue nombrado jefe del área de Cirugía de Mérida durante su mandato.
“Queríamos aportar soluciones antes de que viniera el problema, como finalmente ha sido”, apunta la dirigente sindical, que recuerda que han hecho este tipo de reclamaciones también por ejemplo en el caso de la Atención Continuada.
Contenido del pacto
Emilia Montero aboga por unos calendarios claros de las pruebas selectivas, pero también por determinar el papel que tienen los tribunales en las decisiones que se toman, ajustadas siempre a la la base legal.
Es por ello que piden que estos tribunales tengan precisamente el respaldo y la tutela de los propios servicios jurídicos de la administración para resolver las incidencias. También que actúen para determinar el tiempo que tienen para la contestación de recusaciones.
Recursos de opositores
Fuentes medicas han confirmado a este diario que hay varios opositores que recurrirán la sentencia que da la razón a Mejuto, entre ellos facultativos que pertenecen al sindicato SIMEX. No obstante no lo harán con los servicios jurídicos de esta organización, sino a título individual.
Mientras tanto el consejero de Sanidad José María Vergeles transmitió este martes la decisión de la Junta de no recurrir la sentencia judicial que da por válida la nota de la consejera a la oposición de cirujana, y estudiará si es posible seguir con el proceso y adjudicar las plazas aunque haya otros opositores que presenten recurso contra la sentencia.
Ha reprochado que la resolución del anterior gobierno regional del PP, el Gobex, de invalidar la nota de Mejuto y obligarla a examinarse de nuevo pero no el resto de opositores, “fue desde el primer momento una persecución política absoluta a la que ahora con esta sentencia se hace justicia”.
Unas palabras que comparte el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que dijo a la prensa que lo de María Jesús Mejuto “ha sido un montaje. Fueron contra ella para ir contra mí”.
Apunta así el Ejecutivo de Vara que la sentencia es inapelable y contiene abundante argumentaciónque demostraría que no había entre Mejuto y el presidente del tribunal calificador una relación de suficiente confianza como para dudar de la limpieza del proceso.
Además es “sospechoso” lo que hizo el Gobex en esta oposición ya que rechazó dos recusaciones del tribunal y dejó que se hiciera el examen y se puntuaran los ejercicios.
Si había dudas sobre un posible favoritismo a la consejera de Sanidad, el mismo Servicio Extremeño de Salud podría haber cambiado el tribunal, “como hizo con otros tribunales de estas oposiciones sanitarias”, o haber hecho caso a la reclamación de un vocal que recusó a otro miembro del tribunal por relación profesional con un opositor, e incluso a la del sindicato CSI-F que también reclamó por posible incompatibilidad del presidente, el doctor Santonja, que era el jefe en el hospital de Mérida de la opositora y consejera Mejuto.
“Pero no, dejaron que siguiera adelante la operación Mejuto”, sigue criticando Vergeles, en línea con lo dicho ayer por el presidente Fernández Vara, de que fue una operación política contra él pero usando a la entonces todavía consejera de Sanidad.
