Sin noticias del instituto de memoria histórica, un órgano necesario para ejecutar la ley
El Instituto de la Memoria Histórica es un instrumento administrativo necesario para la puesta en marcha de todas las políticas incluidas en la Ley extremeña de Memoria Democrática.
La norma regional contemplaba un plazo de seis meses para su puesta en marcha y transcurrido este tiempo “nada se sabe de ella”. Así lo denuncia la Coordinadora Memorialista de Extremadura, que advierte de que este instituto resulta esencial para consolidar el texto y avanzar hacia una sociedad más democrática, más libre y más justa.
La coordinadora, que agrupa a ocho colectivos memorialistas, explica que el instituto aportará todo el carácter jurídico y el articulado del texto necesario para impulsar las políticas públicas sobre exhumación de fosas y la retirada de símbolos. También permitirá avanzar hacia la reparación o el reconocimiento de indemnizaciones a las víctimas encarceladas por la dictadura en Extremadura.
Falta de presupuestos
Por otro lado critican la ausencia de una dotación presupuestaria suficiente para la Ley extremeña de Memoria Histórica en los presupuestos de 2020. Es un texto novedoso, avanzado, “pero de nada sirve si luego no tienen un respaldo financiero que lleve a cabo todos sus preceptos”, lamentan.
En un comunicado denuncian que las cuentas regionales para el próximo año sólo recogen dos partidas presupuestarias para esta norma por valor de 100.000 euros. Una ‘irrisoria’ cantidad si se tiene en cuenta que el Ejecutivo regional contemplaba en la ‘Memoria económica’ del anteproyecto de Ley de Memoria Histórica hasta dos millones.
Subrayan que con una dotación insuficiente no se pueden ejecutar las indemnizaciones para las víctimas de prisión durante la dictadura, “fijadas en el plazo de doce meses desde su puesta en marcha”, entre otras muchas cuestiones.
“Dada la perentoriedad de que se repare a las víctimas del franquismo, quienes llevan esperando más de cuarenta años, queremos mostrar nuestra profunda preocupación por el prácticamente inexistente desarrollo de una Ley absolutamente necesaria para reconciliar a nuestra sociedad con su pasado y los fundamentos de nuestro régimen democrático, que no son otros que los derechos humanos”.
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