Mérida ha inspeccionado y pedido licencia de actividad a 25 pisos turísticos
El Ayuntamiento de Mérida y las asociaciones del sector hostelero han denunciado que en la capital extremeña hay más de 300 alojamientos “alegales” anunciados en las plataformas Booking y Airbnb, por lo que reivindican una legislación por parte del Gobierno central.
Así lo han afirmado en una rueda de prensa el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el presidente de la Asociación Hostelera de Mérida (ASHOMER), José Luis Hernández; y el vicepresidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural (FEXTUR), Genaro Garrido.
Según el alcalde, se trata de domicilios que no tienen licencia de actividad ni de establecimiento hostelero, que no declaran IVA, cuyos trabajadores no están contratados y que ejercen una actividad “fraudulenta” que perjudica al sector del turismo.
Para Rodríguez Osuna, esta actividad se ha incrementado desde junio de 2015, ya que ha pasado de 30 anuncios a unas 325 en determinadas fechas.
“Es un problema que tiene que solucionarse con una ley del Gobierno central en lo que se refiere a alquileres, pero no deja de ser una responsabilidad de la Administración regional y municipal”.
Osuna ha dado a conocer que han iniciado ya 25 inspecciones y solicitudes de licencia de actividad a los alojamientos, para sancionar a esos vecinos que realizan una competencia “desleal”.
El alcalde ha informado de que la Ley de Arrendamientos Urbanos permite el alquiler de una vivienda hasta un máximo de tres veces al año y, según ha dicho, tienen pruebas de algunos casos en los que se han arrendado en más de 200 ocasiones, por lo que los propietarios incumplen la ley.
El puente de diciembre
Esta denuncia pública se ha producido tras los “preocupantes” datos de los pasados puentes festivos, en los que la ciudad y los bares y restaurantes han estado llenos, mientras que los alojamientos hosteleros estaban ocupados al 60 por ciento.
Por su parte, el presidente de ASHOMER ha afirmado que este hecho pone de manifiesto que hay un 40 por ciento de fraude fiscal, lo que lleva a que no se ocupen unas 1.200 plazas hoteleras, un hecho que no va en beneficio de la ciudad.
Además, Hernández ha cuestionado la seguridad de estos establecimientos alegales, puesto que no existe ningún tipo de control sobre el espacio ni sobre los que se alojan en ellos, al contrario de lo que ocurre en los hoteles, en los que se registra el documento de identidad de los huéspedes.
El vicepresidente de FEXTUR ha detallado que han hecho la denuncia ante el Ayuntamiento, la Dirección General de Turismo, en la Agencia Tributaria, en la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y en la Delegación del Gobierno, que a su juicio son los que tienen que vigilar esta actividad.
Garrido ha manifestado que lo que se llamaba economía colaborativa se ha convertido en economía sumergida, por lo que se tendrá que regular de alguna manera para que cumplan los mismos requisitos que se les impone a los establecimientos oficiales.
