La Operación Zeta retorna en plena precampaña municipal
Gerardo Crespo vuelve en precampaña. La treintena de personas imputadas en la Operación Zeta han comezado este lunes a desfilar ante la jueza para ser interrogadas por sus presuntas implicaciones en la supuesta trama de falsos cursos de formación para la captación y gestión irregular de fondos públicos. La jueza intentará esclarecer la presunta comisión de delitos de fraude de subvenciones, estafa y malversación y comenzará los interrogatorios por el que es apuntado como líder de la trama. El empresario, militante del PP y antiguo líder vecinal coruñés se convierte así un incómodo invitado para la precampaña electoral de los populares no solo en A Coruña, sino en el conjunto de Galicia.
Más allá de defender su inocencia, desde el estallido de la operación el pasado octubre Crespo se manifiesta especialmente interesado en subrayar las complicidades que lo unieron durante lustros con destacados dirigentes políticos para sacar adelante sus negocios. Para iniciar y extender lo que la Policía define como una “caza de dinero público”, Crespo tejió una red en la que no faltaban los regalos para los políticos y tampoco, según declaró en comisaría su ex contable, las donaciones en metálico para el PP. Para engrasar la maquinaria de la red, siempre atendiendo a los informes del sumario, el propietario de la academia Azetanet, que ya no está autorizada para impartir cursos de la Consellería de Trabajo, habría contado con la ayuda del empresario Pachi de Lucas, el amigo del presidente de la Xunta a quien Crespo le abonaba cantidades periódicas para gratificar sus labores de intermediación, según los agentes.
La intención de que los políticos con los que antaño se relacionaba caigan consigo es la que manifestó el pasado domingo el propio Crespo en declaraciones a La Opinión de A Coruña. Al modo de otros implicados en casos de presunta corrupción, caso de Luis Bárcenas, el empresario asegura tener “pruebas” de la implicación en el caso de, al menos, la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, y también del presidente, pero afirma que no las presentará todas de una vez. “A la jueza se lo voy a dar todo”, pero “me voy a reservar el derecho de jugar”, toda vez que “tengo derecho a hacer varias declaraciones”. “Iré poco a poco”, advierte desde el periódico coruñés, en el que explica que actuará “como creo que tengo que actuar” y eso implica, afirma, dejar claro que “pagaba” para que “me adjudicaran” cursos de formación.
“Los políticos están implicados, están mintiendo” y “aún no han caído los que tienen que caer”, advertía Crespo veinticuatro horas antes de pasar por el juzgado. Al llegar la hora, este lunes, el empresario se negó a declarar ante la jueza porque, asegura, todavía no está disponible un informe de Hacienda clave para el caso, pero sí lo hizo ante la prensa, a viva voz y por escrito. Además de proclamar su inocencia volvió a repetir acusaciones de calibre grueso contra su partido y, muy especialmente, contra el Gobierno de la Xunta.
Partiendo de la base de que el amplio sumario es “una gran cantidad de calumnias” y está “hinchado”, Crespo aprovecha para asegurar que “la conselleira y el presidente mienten”. Feijóo y Mato, afirma, faltan a la verdad en las declaraciones sobre él y también cuando afirman que fue el Gobierno gallego el primero en denunciar el caso ante el Ministerio público. Los responsables autonómicos, afirma el propietario de Azetanet, remitieron el caso a la Fiscalía para “desmarcarse” de él “cuando se enteran de que nos investigan”.
En el caso concreto de Mato, a la que en 2010 nombró Coruñesa del año a través de la asociación vecinal que dirigía, Crespo y su abogado, José Ramón Sierra, la acusan de lanzar “calumnias” sobre su persona y por eso “presentamos un acto de conciliación para presentar una querella”, aunque “en el juzgado nos la están frenando”. Después de décadas engrosando las filas conservadoras Crespo cree ahora que “el PP es la corrupción crónica y la deslealtad generalizada” y en ese contexto vuelve a avisar: “Todo está documentado y probado con grabaciones y con testigos, iremos poco a poco, pero el juezo lo va a tener todo”.
La tormenta política
La reactivación de la vertiente judicial del caso puede traer consigo la resurrección de su vertiente política, que desde el partido en el Gobierno se intenta calmar, cuando menos en parte, con la presentación del paquete de medidas de “impulso democrático” y de lucha contra la corrupción publicitadas por Feijóo en los últimos días. A pesar de este movimiento, desde la oposición parlamentaria se sigue reclamando que el propio presidente ofrezca explicaciones sobre el caso y sobre los fragmentos del sumario en los que figura mencionado, comenzando por aclarar si su amistad con De Lucas le sirvió a la presunta trama corrupta para lograr fondos públicos o para prevenirse de posibles investigaciones policiales, y siguiendo por la supuesta financiación irregular del PP coruñés.
En el blanco de la investigación y ahora también de Crespo está también el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, para quien, según la Policía, el propietario de Azenanet ejerció labores de “intermediación”. Gerardo Crespo pasó de sentirse “amparado” por el también líder de los populares en la provincia coruñesa a reprocharle que dejara de cogerle el teléfono cuando comenzó la investigación. “Me ha dicho Carlos que nos defendamos, que nos defendamos a muerte, que él quiere que nos defendamos y que tengamos cuidado, que hay mucha piraña suelta”, dice uno de los mensajes intervenidos por la Policía.
Los otros dos responsables políticos señalados más directamente en la investigación son José Manuel Romay Beccaría y la própria conselleira Beatriz Mato. En el caso del actual presidente del Consejo de Estado, la Policía cree que medió para que la red lograra una adjudicación de la Diputación de A Coruña, además de para contactar con otros dirigentes del PP. La conselleira de Trabajo, que acabó admitiendo haber recibido un bolso de la trama, como recoge el sumario, niega haber tenido relación alguna con las irregularidades o con los movimientos de los ex cargos de su consellería imputados en el caso.
