La UE abre otro procedimiento de infracción a España por seguridad ferroviaria con la lucha de fondo de las víctimas del Alvia

“Los procesos de seguridad en España no cumplen los requisitos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria”. Con esa frase la Comisión Europea acaba de abrir este jueves un nuevo procedimiento de infracción contra España por no cumplir la normativa comunitaria de 2004 en materia de seguridad ferroviaria. Entre otras cuestiones, el procedimiento vuelve a poner en entredicho el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, cuyas actuaciones están bajo el foco de diversos organismos comunitarios desde que en 2014 concluyó que la única causa del accidente del tren Alvia en Santiago, en el que un año antes murieron 80 personas, había sido un despiste sufrido por el maquinista. Por el contrario, la instrucción judicial acaba de finalizar ahora y tanto el juez como el fiscal proponen juzgar también a un cargo de Adif por los defectos de seguridad que presentaba la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro, deficiencias que fueron obviadas por la CIAF, que rechaza desde hace años reabrir su investigación técnica como le viene pidiendo la Comisión Europea.

Pese a que este jueves la Comisión Europea dijo en público que no está motivado por ningún accidente concreto, todas las fuentes consultadas coinciden en que, aunque el procedimiento comunitario de infracción abarca muy diversos ámbitos, y no duda tanto de la seguridad del sistema como de la manera en que diversos organismos estatales la supervisan, su discurrir hasta ahora ha estado marcado por la lucha insistente de las víctimas del accidente de Angrois por conocer todas las derivadas de su caso, con sucesivas consultas y gestiones directas ante diversos organismos comunitarios de la mano de la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que presentó varias denuncias contra España. De hecho, la propia comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, informó hace unos meses a las víctimas, con las que se reunió en varias ocasiones, de que la Comisión estaba analizando desde el pasado julio un informe sobre “el estado de aplicación de la seguridad ferroviaria en España” que había encargado a la Agencia Ferroviaria Europea, muy crítica con la actuación española en el siniestro de Angrois. En estos últimos meses, han sido varias las reuniones de responsables españoles y comunitarios para intentar aclarar las dudas de estos últimos, que ahora deciden abrir formalmente el procedimiento de infracción.

Este no es el primer procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria. La Comisión ya mantenía desde 2012 contactos informales con el Gobierno por dudas sobre la correcta aplicación en España de la directiva europea sobre el sector que databa de 2004, pero en septiembre de 2013, dos meses después del accidente de Angrois, decidió emitir la denominada carta de emplazamiento con la que se inicia formalmente un procedimiento de infracción, paso como el dado este mismo jueves. De manera paralela, la Agencia Ferroviaria Europea analizó cómo España había investigado el accidente de Angrois y en 2016, tras varios meses de bloqueo por parte del Gobierno del PP, emitió un informe muy crítico con la CIAF que, sumado a posteriores actuaciones de técnicos comunitarios, facilitaron que la instrucción judicial pusiese el foco más allá del maquinista y analizase los defectos de seguridad de Adif.

Entre otras cuestiones, la UE consideraba que la CIAF no era independiente ya que sus miembros eran nombrados por el Ministerio de Fomento y en las investigaciones participaba personal de Adif y Renfe, empresas con intereses directos en la mayoría de los siniestros. El Gobierno central modificó la composición y funcionamiento de la CIAF (sus miembros pasaron a ser propuestos por Fomento pero aprobados por el Congreso) y en mayo de 2016 la Comisión Europea decidió cerrar aquel procedimiento de infracción por considerar que así ya se daba cumplimiento a la independencia de los investigadores que exigía la normativa comunitaria, que consideraba también ya cumplida en otros ámbitos. Igualmente, las investigaciones de la CIAF pasaron a distinguir, como exigía la normativa europea, entre causas directas, subyacentes y raíces de cada accidente, frente a la situación anterior en que solo concluía con las causas directas.

Pero a pesar de esos cambios ya introducidos, durante todo este tiempo la CIAF se ha venido negando a reabrir la investigación que había hecho sobre Angrois. Así lo viene reclamando de manera periódica la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, que se lo exige a España como estado miembro de la UE por considerar que, aunque la CIAF ya funcione de manera distinta, España aún no ha realizado una investigación técnica de Angrois como exige la normativa europea. Pero tanto el anterior Gobierno central del PP como el actual argumentan que, al ser la CIAF ya independiente, no puede darle la orden de reabrir aquella investigación o realizar otra desde cero sino solo sugerírselo y que tiene que ser la propia CIAF la que así lo decida. Y hasta ahora la CIAF viene negándose porque, frente a la visión europea, sus miembros consideran que la investigación sobre Angrois fue correcta.

La investigación judicial del accidente de Angrois también ha puesto el foco en cómo Adif autorizó la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago sin analizar correctamente todos los riesgos que en ella existían. Esas autorizaciones de puesta en servicio son ahora realizadas por la nueva Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que asumió las competencias del ministerio a la hora de supervisar esas actuaciones y cuyos procedimientos también están ahora en el foco del proceso comunitario de infracción. Así lo dice la Comisión Europea, que este jueves apuntó a “deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación [CIAF] analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad”, esto es, la AESF.

Estos hechos fueron puestos nuevamente sobre la mesa del actual ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, por las víctimas de Angrois el pasado septiembre. Fomento volvió a pedir a la CIAF, nuevamente sin éxito, una nueva investigación. Al tiempo, el ministerio anunció que está estudiando la creación de un gran órgano independiente de investigación de siniestros que agrupe los que actualmente analizan los accidentes ferroviarios, marítimos o aéreos y dotado de más medios y autonomía.

Este jueves, tras conocerse la apertura del procedimiento de infracción, Fomento aseguró que “el sistema ferroviario español es un sistema seguro” y que la normativa ferroviaria europea está teniendo “problemas de implantación en todos los países miembros”. El ministerio reitera su apuesta por reforzar los procedimientos de seguridad en diversos ámbitos así como “ahondar en el proceso de mejora continua de las investigaciones de la CIAF de acuerdo a las observaciones realizadas” y reforzar la estructura y mejorar los procedimientos de la AESF. Según Fomento, “estas medidas, entre otras, forman parte del informe sobre la mejora de la seguridad en el transporte y las infraestructuras que presentará el ministro de Fomento ante el Consejo de Ministros en fechas próximas”.

Ahora España tiene dos meses para contestar a la carta de emplazamiento que le envía la Comisión Europea y con la que se abre el procedimiento de infracción y posteriormente el órgano comunitario “podría decidir enviar un dictamen motivado”, siguiente escalón del proceso sancionador.