Oferta de lujo y coto al alquiler turístico: cómo la izquierda y el PP han afrontado la masificación en Balears

En Balears, los debates sobre la necesidad de buscar un equilibrio económico y medioambiental sin dejar de lado a su principal motor económico, el turismo –representa más del 45 % del Producto Interior Bruto (PIB) y genera más de 16.000 millones de euros en ingresos anuales–, nunca han dejado de estar sobre la mesa. Y es que el archipiélago es, junto a Canarias, el territorio cuya masificación turística tiene un mayor impacto sobre los ecosistemas y recursos naturales. Las históricas manifestaciones llevadas a cabo la pasada semana contra esta problemática han supuesto un punto de inflexión a la hora de abordarla y, a las medidas impulsadas en las últimas legislaturas por los gobiernos de izquierdas, se suman ahora las propuestas recientemente lanzadas por el PP, que en la actualidad gobierna las islas con el apoyo de Vox y que está haciendo suyas varias de las propuestas contra las que antaño se alzaron con severidad.

La historia del turismo en las Illes Balears dio un giro radical durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015) como presidente del Govern. En 2012, Carlos Delgado (PP), conseller del ramo, aprobó la nueva ley turística que cambió la imagen y el ocio de las islas a través de la introducción de la oferta de lujo. La nueva norma promovió que las grandes cadenas aumentaran de categoría, por lo que los grandes hoteles reformaron sus negocios para ofrecer un servicio de cinco estrellas o superior.

Este cambio estructural se mantuvo intacto durante las dos legislaturas de la socialista Francina Armengol (2015–2023) que, no obstante, trajeron consigo también nuevas modificaciones en el devenir turístico del archipiélago balear. Por un lado, cabe mencionar la aprobación del Decreto Ley 3/2017, cuando Biel Barceló (MÉS) era conseller de Turismo, y que en realidad solo introdujo cambios en los artículos 49 y 75 de la ley turística del PP. En lo que se refiere al artículo 49, el cambio progresista implicaba que el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares se permitía siempre que contara con el apoyo mayoritario de la comunidad de vecinos –así como del permiso de la Conselleria de Turismo–. El cambio también fijaba las condiciones en que se podían destinar las casas unifamiliares al alquiler turístico reglado. 

En cuanto al artículo 75, se llevaron a cabo algunas modificaciones con la finalidad de establecer una zonificación –competencia de los Consells Insulars y ayuntamientos–, es decir, un instrumento que definiese cuáles son las zonas que podrán ser destinadas al alquiler turístico en cada isla. Básicamente, la ley explica que serán aquellas en las que “la administración competente (...) considere que esta utilización extraordinaria de las viviendas residenciales resulta compatible con el uso ordinario de vivienda que las caracteriza”.

En los casos de Eivissa y Formentera no está permitido el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, mientras que en Menorca se prohibió en los cascos urbanos a partir de la zonificación de 2018 –excepto para aquellos propietarios que poseyeran una licencia anterior a los cambios–. El artículo incluyó otro punto que matiza que, además de las condiciones establecidas, los “instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de vivienda o ambiental” pueden introducir otras nuevas. En lo que se refiere a las islas menores los cambios podrían estar consolidados, ya que las restricciones se mantuvieron tras las elecciones de 2019 y 2023, en las que el PP recuperó instituciones que había perdido tras la ola progresista de 2015.

Emergencia en el acceso a la vivienda

Asimismo, la ‘Ley Barceló’ introdujo un nuevo artículo: la posibilidad de declarar la “emergencia” en materia de vivienda de un municipio o isla “si se verifican objetivamente graves dificultades de la ciudadanía en el acceso” a la misma. Para ello, se establecieron una serie de parámetros. En caso de que se declarara un municipio o isla en “emergencia habitacional” se requería previamente la tramitación del procedimiento correspondiente por parte de la Conselleria de Vivienda; así como se hacía preceptivo el informe favorable del Consell Insular o ayuntamiento –en el ámbito de la zona de declaración y de las competencias respectivas–.

Finalmente, correspondía al Govern aprobar un plan de actuación con medidas concretas para abordar la problemática: ello incluía ayudas económicas específicas para facilitar el acceso a la vivienda y la suspensión de nuevas comercializaciones de estancias turísticas en edificios plurifamiliares, entre otras. Cabe recordar que en 2017, todavía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), las comunidades autónomas no disponían de la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, y que permite la declaración de zonas tensionadas y establecer topes a los precios del alquiler. Después de desbancar a Armengol como presidenta del Govern tras las elecciones de 2023, Marga Prohens (PP) cumplió con lo que prometió en campaña electoral: no hará uso de la legislación estatal en materia de vivienda para intervenir los precios.

Nueva ley con criterios de circularidad

Pese a que el primer Ejecutivo progresista de Francina Armengol introdujo algunas modificaciones en la ley turística del PP de 2012, fue en su segunda legislatura cuando se hicieron efectivos cambios de mayor calado. La Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo, congeló las plazas turísticas durante cuatro años (del 2022 hasta el 2026) e incorporó criterios de circularidad en materia de agua, materiales, alimentación, energía y residuos. Asimismo, introducía la condición de reducir en un 5% el número de plazas para realizar reformas y modernizaciones en los establecimientos turísticos, excepto en aquellos con menos de 150 habitaciones.

La aprobación de la ley no estuvo exenta de polémica. Juan Pedro Yllanes (Unidas Podemos), entonces vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, se ausentó durante el debate que aprobó la nueva norma. Yllanes justificó dicha decisión como “gesto de concienciación” al considerar que la transición energética debería haber tenido mayor peso en la nueva ley.

Fuentes de la Vicepresidencia señalaron que Yllanes compartía “la esencia” de la norma y agradeció el trabajo de Iago Negueruela (PSOE), entonces conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, aunque consideraba que dicha ley debería haber estado más comprometida con el cambio climático y la transición energética. “Es una ley exigente, completa, integral y ambiciosa”, defendió Negueruela y añadió que es una normativa que definirá “el marco turístico y en buena parte social” de Balears en los próximos años.

En este sentido, la nueva ley pone el foco en cuatro puntos: sostenibilidad social y económica; circularidad y sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad territorial y modernización y simplificación administrativa. En el plano social, la norma obliga a que todas las camas de los hoteles sean elevables con el objetivo de facilitar las condiciones laborales de las camareras de piso. En el medioambiental, exige a los hoteles un plan de circularidad: cada año tendrán que realizar una evaluación de la gestión de los recursos y los residuos generados, que incluya el consumo de agua, energía y alimentos. Además, las calderas de fuel–oil deben ser sustituidas por alternativas más sostenibles, como las eléctricas.

La oposición del PP

La actual norma en vigor, aprobada por el segundo Ejecutivo de Armengol, fue criticada por el PP, que consideraba que la moratoria suponía “un ataque a la libre competencia, al libre mercado y a los pequeños empresarios” y recriminaba que la ley “dispara contra el principal ascensor social de Balears y generador de grandes oportunidades”, en referencia al turismo. “No hay que penalizar al que invierte, al que paga impuestos y crea empleo”, añadió el PP. Juan Manuel Lafuente, entonces diputado conservador, afirmó que el Govern progresista, con la nueva ley, trataba de “perseguir” a los negocios legales porque “es más fácil perseguir y poner multas” que plantear un estudio sobre la oferta ilegal –una cuestión que, por otro lado, es competencia de los Consells Insulars–.

Durante su primer año de legislatura al frente del Govern, Marga Prohens (PP) ha mantenido que realizará cambios en la ley turística y ha asegurado que seguiría la senda del anterior Ejecutivo conservador, cuando Carlos Delgado era conseller de Turismo. En este sentido, la línea a seguir para Prohens es la “excelencia”. Así, la presidenta manifestó durante los primeros meses que velará por que el turismo “siga siendo un ascensor social”. Para ello, levantará la actual moratoria que congela las plazas turísticas hasta 2026 y anunció que frenaría “el camino hacia el decrecimiento”. “Esto no quiere decir crecer ilimitadamente. Somos conscientes de que no se puede crecer sin límites y que el éxito turístico debe gestionarse para garantizar el bienestar de los ciudadanos de nuestras islas”, puntualizó. De momento, solo es una declaración de intenciones, y habrá que esperar a ver cuál es la línea que seguirá Jaume Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes.

Contra los pisos turísticos ilegales

Uno de los problemas más graves que atraviesa el archipiélago balear es la oferta turística ilegal, especialmente ligada a los pisos que se alquilan a turistas –normalmente a través de plataformas digitales como Airbnb o Booking– pese a que es una práctica que está prácticamente prohibida en Balears, excepto en algunas zonas de Mallorca y Menorca. José Marcial Rodríguez, conseller insular de Turismo en la mayor de las Balears, sacó pecho durante el pasado mes de marzo debido a los resultados conseguidos por su departamento en la lucha contra la oferta ilegal.

“Desde septiembre de 2023, el número de expedientes abiertos en viviendas donde se realizaban alquileres ilegalmente ha aumentado un 248,5% en Mallorca, de los 95 que se abrieron en el mismo periodo del año anterior a los 239 actuales”, aseguró Rodríguez. “Las sanciones han supuesto la propuesta de multas por valor de 16,9 millones de euros. Desde la puesta en marcha del plan en los últimos seis meses la recaudación por este tipo de sanciones se ha disparado hasta los 2,353 millones de euros, frente a los 1,09 millones del mismo periodo del año anterior.

En Menorca, el Consell Insular ha abierto 20 expedientes por alquiler turístico ilegal, según anunció Núria Torrent, consellera insular de Ordenación Territorial y Turística, en una rueda de prensa de este mes de mayo. Los siete inspectores de los cuales dispone la institución insular podrían haber detectado otros 40 posibles casos que se están estudiando en estos momentos. De hecho, el alquiler turístico de viviendas en los cascos urbanos está prohibido desde 2018 –excepto para aquellas viviendas que tuvieran en vigor una licencia anterior a la zonificación– aunque en las plataformas digitales se siguen anunciando ilícitamente.

En Eivissa, el Consell Insular apunta varios frentes en los que actuar “para asegurar la convivencia entre residentes y el sector turístico”, entre ellos, la lucha contra los pisos turísticos, la saturación de carreteras y el estudio de la capacidad de la isla (que se determinará a través de un estudio, el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos –PIAT–). La máxima institución insular asegura que está haciendo “todos los esfuerzos posibles para acabar con el problema” de la masificación turística y, concreta, que la principal causante de la misma es la falta de vivienda residencial provocada por el intrusismo. Así lo puso de manifiesto el pasado 24 de mayo Vicent Marí (PP), presidente del Consell Insular desde 2019, cuando hace una semana alrededor de un millar de personas exigieron frente a la sede del gobierno insular medidas urgentes para acabar con los problemas del actual modelo turístico, ligados a la inaccesibilidad de la vivienda, así como al alza de los precios.

Anuncios en Booking

El Consell Insular asegura que el origen de la saturación está provocada por la comercialización de viviendas residenciales como turísticas, “lo que provoca que los precios suban y haya dificultades en el acceso”, explicaba en ese momento Marí. Para solucionar este problema, el departamento insular de intrusismo trabaja en la localización y sanción de estos alojamientos turísticos ilegales.

“Lo importante –aseguran fuentes de la máxima institución insular a elDiario.es– es el acuerdo con Booking”, que se firmó el pasado mes de enero en la feria madrileña de turismo, Fitur. “Ya ha tenido su resultado: han quitado todos los anuncios que le hemos pasado en un primer listado”, aseguran desde el Consell. Sin embargo, a pesar de este y de otro acuerdo con la plataforma Airbnb, la oferta de vivienda turística ilegal se sigue desplegando en grupos de Facebook, Whatsapp o Telegram en las que los particulares alquilan por días o semanas todo tipo de alojamientos, desde “una hermosa cama bajo las estrellas”, una tienda de campaña con vistas al mar, cámpers, habitaciones, casas enteras, villas, etc.

Del mismo modo, el Consell Insular pone el foco en la recaudación por multas a los infractores “que ha aumentado hasta alcanzar el récord”. “El tema de los expedientes sancionadores va a un ritmo potente. Además, se han aumentado las cuantías de las sanciones, pasando la mínima de 20.000 euros a 40.000 y quedando la máxima en 400.000 euros”, afirma.

En estos momentos en Eivissa existen, según el Consell, 18.500 licencias turísticas a particulares, a las que habría que sumar otras 80.000 plazas de las que disponen los establecimientos hoteleros. Si las comparamos con las 162.000 personas residentes en Eivissa, según datos del INE hechos públicos en enero de este año, y el overbooking que se da prácticamente durante toda la temporada turística, los números hablan por sí solos. Hay que tener en cuenta que, según el Índice de Presión Humana (IPH) que calcula el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), Eivissa sobrepasa ampliamente las 300.000 personas diarias durante todo el mes de agosto. En lo que respecta a Formentera, fuentes del Consell Insular aseguran que “en materia de alquileres se va a contratar a un inspector de turismo para que detecte los alquileres turísticos ilegales”, pero aún no está cerrada la contratación.

La necesidad de fijar límites

A pesar de la evidencia de los datos, el Ejecutivo ibicenco está elaborando un estudio de capacidad de carga de la isla. Tanto el Consell como el Govern aseguran que deben basar sus medidas en “datos concretos”, según ha reiterado la presidenta autonómica Marga Prohens. Este estudio se articula dentro del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), cuya fase de participación se inició el 23 de mayo con una reunión del Ejecutivo insular con todos los ayuntamientos de la isla y la participación de “agentes turísticos, sociales, medioambientales y expertos”, a los que coordina la empresa privada Exquiaga Arquitectura, en colaboración con el servicio de Ordenación Turística del Consell, según aparece en la web oficial insular.

Otro escenario existe en Mallorca, que ya aprobó su propio Plan de Intervención en julio de 2020 con un límite máximo de plazas turísticas de 430.000, cuando gobernaba Catalina Cladera (PSOE). Un número de plazas que ha sido reducido un 4,2%, hasta las 412.000, según ha anunciado recientemente Llorenç Galmés (PP), presidente del Consell de Mallorca desde 2023. De este modo, el Ejecutivo insular da un giro de guion, ya que el PP se había opuesto un año antes a la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que proponía eliminar 17.000 plazas de la bolsa de vivienda; votó en el Parlament, junto con Vox, en contra de la moratoria de nuevas plazas turísticas y rechazó la eliminación de las plazas del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

Menorca, con una población de 96.467 habitantes, dispone de 84.058 plazas turísticas, según datos del departamento de Ordenación Turística del Consell Insular. Esto significa que en la última década han aumentado un 25%, pues en 2014 la ocupación turística reglada se fijaba en 67.300, según recoge Menorca.info. 

Formentera, con 11.511 residentes, fue la primera isla en poner un techo de plazas turísticas dentro de su PTI. “Lo hizo en el 2019 cuando gobernaba Gent per Formentera con mayoría absoluta”, explica a elDiario.es Rafa González, portavoz de la formación insular. De hecho, el techo se fijó en 20.585 plazas, de las cuales 12.081 son para hoteles y 8.504 para comercialización de estancias turísticas.

Saturación de carreteras

Después de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2023, la izquierda fue desplazada a la oposición en el Consell de Mallorca, mientras que PP y Vox pasaron a gobernar en coalición. El nuevo Ejecutivo conservador está elaborando un estudio de carga para evaluar de dónde proviene la saturación de las carreteras de Mallorca “y por dónde nos entran los coches, con datos de Autoridad Portuaria y las IMd’s (intensidad media diaria de las carreteras)”, aseguran fuentes de la Conselleria insular de Territorio, Movilidad y Carreteras.

“El estudio propondrá una serie de medidas”, según ha explicado el presidente insular Llorenç Galmés. “Si hay que tomar medidas valientes, tipo Formentera, se hará. Pero primero queremos tener los datos. En un par de meses estará elaborado. Sabemos que tenemos muchos coches pero tenemos que analizar donde están”, matizaron las mismas fuentes. “Las carreteras de Mallorca ya disponen desde hace años de un indicador de seguimiento que podría dar mucha información en relación a esta cuestión”, afirma, en cambio, Margalida Ramis, presidenta del grupo ecologista GOB.

Los presupuestos aprobados esta semana invertirán gran cantidad de dinero en la mejora de la red viaria mallorquina, en su mayoría para descongestionar la Vía de Cintura y los accesos al aeropuerto, puerto y a localidades como Llucmajor, Andratx, Calvià o Sóller, con grandes problemas de saturación vial debido a la afluencia de turistas. Estas inversiones se llevarán a cabo, según especifican fuentes de la conselleria insular de Carreteras, “sin consumo de territorio”. La Via de Cintura es  una de las carreteras más saturadas de España “con 175.000 vehículos al día”, concretan. Así, el departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras dispondrá de un presupuesto de 131,5 millones de euros para 2024. Un 20% del presupuesto total de la institución. Destaca la inversión de 54,2 millones de euros para la mejora y el mantenimiento de la red viaria de la isla, así como los 14 millones de euros para el Plan de Accesos a Palma.

En cuanto a Formentera, es la única isla del archipiélago que cuenta con una limitación de entrada del número de vehículos que funciona desde el año 2019 y que se aplica entre junio y octubre. El Consell Insular dispone de la web www.Formentera.eco donde se puede gestionar la autorización para circular. Cualquier vehículo no autorizado tendrá que pagar una sanción de 1.000 euros. Las tarifas oscilan entre 6 euros y 9 euros al día, dependiendo de los meses, con una estancia mínima de 5 días. En Eivissa, el presidente del Consell Insular, Vicent Marí (PP), se comprometió ya en su discurso de investidura a limitar la entrada de vehículos en la isla –previa aprobación de una ley en el Parlament balear–, una medida que finalmente se deberá posponer al menos hasta 2025. A diferencia de Eivissa, el Consell de Menorca sí tiene las competencias para limitar dicha entrada, a través de la Ley de Reserva de la Biosfera aprobada en el Parlament, pese a que no ha utilizado dicho instrumento todavía.