La interventora del Consell de Ibiza pide una orden de alejamiento contra el presidente insular Vicent Marí (PP)

La defensa de la interventora del Consell de Eivissa, personada como acusación contra el presidente electo de la institución insular, Vicent Marí (PP), investigado por presuntos delitos de prevaricación, conflicto de interés, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, coacciones y trato denigrante, ha asegurado que va a solicitar una orden de alejamiento contra el investigado.

“Vamos a pedir una orden de alejamiento, aunque sabemos que no nos la van a dar”, ha declarado el letrado David Salvà ante los medios de comunicación, reiterando que la van a solicitar “a la vista del historial médico [de su clienta], que es demoledor”. Marí estaba citado a declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, si bien su comparecencia ha sido aplazada al 12 de junio a raíz de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia.

El letrado ha manifestado que “por experiencia judicial” saben que no les van a conceder esta orden, aunque ha subrayado “hay que proteger a las mujeres de personas que, quizás, se presumen inocentes, pero que están causando un daño inadmisible hoy en día”.

Según el letrado, su clienta está en tratamiento psicológico porque ha sido sometida a “un delito de lesiones psíquicas y coacciones”. Salvà también ha recordado que la interventora se ha dedicado a realizar su trabajo, que es “controlar y fiscalizar” que el gasto del erario público se haga como corresponde.

“Va a contar la verdad”

“Ella va a contar la verdad, especialmente sobre el delito de lesiones psicológicas que está sufriendo. Está en tratamiento psiquiátrico. Es inadmisible en los tiempos que corren”, ha insistido.

El letrado ha asegurado, además, no entender “cómo no ha habido una dimisión” y ha reiterado que se tiene que “proteger a las mujeres frente a personas que supuestamente las están coaccionando”.

En caso de concederles la orden, Salvá ha indicado que ya buscarán la fórmula para que él siga desempeñando su labor, puesto que Marí ocupa una de las plantas superiores del Consell, mientras que la interventora está en la primera.

“Queremos proteger a la mujer trabajadora, a la interventora, y nos basaremos en los documentos médicos que obran en el expediente. Vamos a solicitar al forense que los acredite”, ha afirmado, insistiendo que, según los médicos, el trastorno que sufre ella está directamente relacionado con la actuación del presidente. “Ella va a trabajar con una tensión impresionante, con ataques de ansiedad y psoriasis derivada de ello”, ha afirmado el letrado.

Orden de alejamiento

En el documento de solicitud de la orden de alejamiento, el representante de la interventora pide la prohibición de acercarse a ella, a su domicilio o a su lugar de trabajo. También que se le prohíba comunicarse con la víctima, impidiendo a Marí establecer con ella, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

Sobre el lugar de trabajo, dado que el querellado es el presidente del Consell y su despacho está en la quinta planta, y la interventora tiene su despacho la primera planta, se especifica que la prohibición sea de acceso a la primera planta y al parking subterráneo en el que ambos aparcan los coches.

Ante la prohibición de comunicación, se reclama además que la víctima quede exonerada de su asistencia y sea sustituida por un funcionario en las comisiones informativas y los plenos del Consell.

Los hechos por los que está siendo investigado Marí se remontan a junio de 2020 –durante la primera ola de la pandemia–, en el marco de una campaña turística ('La vida islados') que se adjudicó por un total de 745.000 euros en la modalidad de tramitación de emergencia, es decir, 'a dedo', sin pasar por concurso público ni negociado. 

El presidente de los populares niega las acusaciones, que atribuye a una “campaña mediática” de los socialistas en su contra, ya que fueron ellos quienes denunciaron los hechos ante la Oficina Anticorrupción, que a su vez envió el caso a la Fiscalía, la cual terminó presentando una denuncia ante el juzgado.