Las milicias brasileñas se pasan a la ocupación ilegal de espacios protegidos y al negocio inmobiliario

“¿Usted cree que yo no tengo miedo? Lo tengo. Ellos saben quién soy. Ahora, no soy solo yo la que tiene miedo”, cuenta la profesora Marlucia Santos de Souza mientras se inclina sobre la mesa para acercarse a la grabadora. Actúa como si tuviese temor de que alguien la escuche, pero no hay nadie alrededor.

“Todo el mundo sabe, es público y notorio, que São Bento está controlado por las milicias. Entonces nosotros, los habitantes, tenemos que lidiar con esa falta de alternativas, pero también tenemos que defender los derechos. Denunciar es un camino hacia la solución”, añade. Marlucia es una mujer de baja estatura y aire valiente: sus gafas azules contrastan con el cabello negro, liso y hasta el hombro y la ropa larga, neutra.

El 7 de marzo de este año, agentes de la Policía Federal (PF) le pidieron que los acompañase en una diligencia policial dentro de un área de protección ambiental. Además de ser profesora de enseñanza media en una escuela pública de la Baixada Fluminense, en Río de Janeiro, Marlucia es coordinadora del Centro de Referencia Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias, municipio de la región metropolitana de Río de Janeiro, y actúa también como secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de Defensa del Medio Ambiente (Comdema).

Los policías querían investigar una trama de ocupación ilegal de tierras denunciado por los habitantes de Guedes, comunidad también conocida como Novo São Bento, en Duque de Caxias. Desde agosto de 2015, los habitantes reclaman a los órganos públicos que las milicias avanzan en la comunidad donde viven más de cien familias, según líderes locales.

Las milicias brasileñas, localizadas principalmente en la región metropolitana de Río de Janeiro, son grupos formados por agentes activos y retirados de seguridad pública que controlan militarmente áreas geográficas bajo el pretexto de combatir bandas de narcotraficantes y extraen ganancias de ello, cobrando comisiones y vendiendo servicios y bienes urbanos como terrenos, agua y vertederos. En Guedes, el objetivo de la ocupación en curso por los milicianos sigue la misma línea: lucrarse con la venta ilegal de terrenos.

Cercado por los ríos Iguaçu y Sarapuí, Guedes parece que brota de un oasis verde, ya que el área está rodeada de manglares y taboas [espadaña tropical], una planta que crece en regiones pantanosas. La venta de lotes y las nuevas construcciones no están permitidas en toda el área de São Bento, que es pública. De acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), del Gobierno federal, el terreno fue adquirido por la União en 1931.

Por otra parte, la comunidad queda dentro del Área de Preservación Ambiental (APA) São Bento, con más de mil hectáreas, que abriga uno de los últimos remanentes de mata atlántica próxima al centro urbano de Duque de Caxias. La APA fue establecida como espacio ecológico en 1997 por decreto municipal –cuando ya existía la comunidad de Guedes allí–, según la cual “no están permitidas actividades que degraden o causen impacto medioambiental”.

Aunque ilegales, las subdivisiones y la venta de terrenos en el lugar persisten desde hace casi tres décadas.

En cuatro meses de investigación, Agência Pública ha obtenido, ha escuchado testimonios y ha conversado con los órganos públicos al frente de las pesquisas. El reportaje ha revelado que los habitantes conviven con el miedo y el vaivén constante de camiones utilizados por la milicia para las obras en terrenos ilegales. Además, el Ayuntamiento ha construido un puente que facilita la entrada de los camiones a la zona.

Además, el Ministerio Público Federal (MPF) ha archivado una investigación policial que seguía el avance de la ocupación ilegal de tierras en Guedes. Un despacho emitido por la Fiscalía afirmaba que la policía no consiguió a lo largo de los últimos cuatro años “localizar el lugar de la subdivisión ilegal de terrenos y a las personas envueltas con el ilícito”. Sin embargo, Agência Pública ha obtenido un informe de la diligencia de la Policía que contradice ese despacho.

“Se trata de un área con puestas a tierra (toma electricidad), en la cual ya existen edificaciones de mampostería e indicios de avance en sentido a los márgenes del río”, sostiene el informe de la Policía.

El documento relata incluso que “fue posible obtener informaciones de que el área está controlada por milicianos y que los mismos tienen influencia en el Ayuntamiento y notarías de la región para legalizar las áreas invadidas y que hay otras áreas de la reserva en proceso de conseguir otras tomas de electricidad”.

Las revelaciones fueron tan alarmantes que el fiscal Julio José Araujo Junior pidió en abril la reapertura de las investigaciones. “Esa práctica [de subdivisión ilegal de tierras] se retomó y ahora nosotros tenemos otra investigación a partir de los datos de la investigación”, explica el procurador.

Engañados y en área de riesgo

El propio Guedes fue fundado por milicianos. A lo largo del final de la década de 1990 y el inicio de los años 2000, las milicias subdividieron y vendieron los terrenos a cerca de 80 familias, que permanecen desde hace casi tres décadas en el lugar.

Las familias que viven en el lugar dicen haber sido engañadas por los milicianos cuando adquirieron sus casas. “Ustedes no lo creen, ¿no? Nosotros fuimos a la notaría, a la primera oficina, que reconoció la firma. Para nosotros todo era legal”, dice un habitante de Guedes que no quiere revelar su identidad. Muchas de ellas son familias pobres que vinieron del Nordeste en busca de trabajo a Río de Janeiro y llegaron con el sueño de construir una casa propia. Hoy, conviven con el miedo en una zona controlada y con planes de expansión.

Además de que la venta de las tierras es ilegal, el terreno donde hay obras y construcción sobre la vegetación nativa ha sido considerada área de riesgo, ya que Guedes queda encima de un pólder –área de inundación natural por desbordamiento de los ríos Sarapauí e Iguaçu–. Cuando llueve, el agua de los ríos se desborda hacia Guedes, inundando las casas de los habitantes. Aparte de estar en riesgo, las personas que construyen en estas tierras aumentan el peligro de inundaciones en el resto de las áreas ya ocupadas del barrio de São Bento y en barrios vecinos.

En 2012, el órgano de fiscalización ambiental del Estado, en colaboración con el Ministerio de Ciudades, prometió integrar a los habitantes de Guedes en el programa de viviendas Proyecto Iguaçu, reubicándolos en un lugar más seguro. El programa preveía el reasentamiento de 2.500 familias que viven en áreas de riesgo de inundación en los márgenes de los ríos y la realización de obras para contener los desbordamientos. Sin embargo, en junio de 2017, los habitantes recibieron la noticia de que el proyecto había sido cancelado.

El fiscal Julio Araújo afirma que el Ayuntamiento no parece interesada en reubicar a los habitantes. “Intenté revertirlo llamando a el Ayuntamiento y fue un diálogo muy difícil porque no quisieron cooperar. Tenían otros planes para el área. Y ahí, cuando no puedes lograr la concreción de ese derecho, entras en el campo de la rendición de cuentas y de buscar la responsabilidad por lo que sucedió, que es lo que estamos haciendo hoy en el campo civil”, dice el procurador.

Mientras continúan los planes para la expansión ilegal de Guedes, el Ayuntamiento parece estar más interesado en adelantar otra obra: un puente de acceso cuya construcción está siendo investigada por la Fiscalía.

Se trata de la ampliación de un puente dentro de la APA São Bento, construido por los habitantes para facilitar el paso a la comunidad de Guedes. Después de las mejoras llevadas a cabo por el Ayuntamiento, el puente permitió el paso de vehículos mucho más grandes. La obra, según el informe de la diligencia hecha por la policía en marzo de 2019, “posibilitó el acceso de camiones” para la construcción.

“El Municipio de Duque de Caxias se presenta como un notorio violador de las normas ambientales”, destacaba la Fiscalía en una recomendación emitida el año pasado. El documento apunta incluso que Duque de Caxias tiene al menos seis causas por la violación de normas medioambientales que involucran inmuebles.

Acorralados en la fiesta de los lobos

La suspensión del proceso de reubicación por el Ayuntamiento mandó un mensaje claro a las milicias, denuncia Marlucia. “Entonces creo que empezó la fiesta de lobos”.

Para la profesora, la reubicación de los habitantes habría ayudado a imponer el control del poder público sobre el lugar, dejando el recado de que las nuevas construcciones no serían permitidas de ahora en adelante. Pero, como el traslado de los habitantes no se concretó, ella dice que se abrieron las puertas para un nuevo avance.

“Las milicias vienen y no tienen ningún freno a sus proyectos de expansión. Y eso se consolida. Cuando la policía vino aquí, una de las cosas que preguntaron fue cómo es que esos tipos consiguieron postes de luz para acá si esta tierra es del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y es área de preservación medioambiental. Aquí las milicias son los gobernantes del lugar. Ellos ponen placas y abren calles”, denuncia Marlucia.

El nuevo proceso de ocupación y construcción sucede desde hace dos años y continúa a toda velocidad, según ha destapado Agência Pública. Comienza con la quema de la vegetación para abrir espacio para la subdivisión de los terrenos. “primero [los milicianos] prenden fuego porque hay bosque, hay vegetación, hay manglares, hay taboas [espadaña tropical]”, explica Marlucia, que es una de las autoras de la denuncia. La práctica ya constituye por sí sola un crimen medioambiental, porque ocurre en plena área ecológica protegida por ley.

Todos los días de madrugada, los residentes se despiertan con el bullicio de camiones vertiendo escombros alrededor de sus casas. Según los residentes, la acción ocurre de madrugada para pasar desapercibida y el objetivo de los escombros sería construir la base de nuevas casas en el área.

Los camioneros que llegan diariamente no se identifican al entrar en Guedes y, debido a las condiciones de seguridad, habitantes y policías no saben decir cuál es la fuente de los escombros, pero el informe de la Policía Federal confirma la versión de los habitantes de que el flujo de los vehículos, así como el lugar, está controlado por la milicia, que estaría cobrando por cada cubo de escombros descargado en el sitio.

Durante el día, la población de Guedes está obligada a convivir con basura, polvo y caos. “Para mí es un escenario de guerra. Parece que cayó una bomba ahí. Muy feo. O se convirtió en un basurero”, dice un habitante. “Nos da vergüenza invitar a personas a casa. Porque cuando llegas, ya ves los escombros y la basura”, añade otro residente.

La cristalización de las milicias

La trama es un ejemplo de cómo se va construyendo un territorio dominado por las milicias, según el sociólogo José Cláudio Souza Alves, que estudia la expansión de estos grupos en Río de Janeiro desde hace 26 años.

A pesar de ser más conocidas por prácticas como ejecuciones, tráfico y extorsiones a los habitantes de las comunidades que controlan, Alves defiende que la principal práctica de las milicias en Río de Janeiro es la venta de terrenos e inmuebles. “La venta de terrenos e inmuebles es la gran práctica de las milicias que ya existe desde hace mucho tiempo. No es de hoy. Solo que ahora se volvió una cosa incontrolable, monstruosa”, dice. Alves afirma que las milicias cariocas son más poderosas que los narcotraficantes, ya que mantienen lazos estrechos con el mundo político, sin los cuales no tendrían la actuación y la fuerza actuales.

En el caso de Guedes, la actuación de las milicias estaría todavía en su fase inicial, pero, para él, la tendencia es la expansión. “Para vender casas, tienes que tener un terreno para construir. Entonces el camino es mediante la propiedad. Es la lógica de mayor extracción para poder obtener una ganancia mayor”, dice José Claudio.

En Guedes, la milicia acaba de comenzar con la venta de servicios clandestinos como la distribución de agua, luz, gas y hasta señal de TV por pago robada. Según los habitantes, aunque la gama de ofertas de servicios venga aumentando, ellos todavía no se sienten obligados a utilizarlos.

“Por ahora solo ofrecen servicios. Después pasarán a cobrar comisiones y a obligar a usar el servicio”, dice un habitante. “El futuro ahí va a ser que tengas que pagar por entrar en casa. Ese futuro está bien cercano, está muy cerquita”, complementa otro.

Un residente dice sentirse completamente abandonado por el poder público. “Nosotros nos sentimos como un bicho. Como si fuésemos un bicho al que nadie escuchase su gemido. Porque la realidad es esa: nosotros estamos pidiendo ayuda”.

“Nosotros soñamos con un proyecto para São Bento de reforestación, de recuperación del río Iguaçu y del río Sarapuí. Tiene potencial turístico, de investigación, de calidad de vida para los habitantes. Soñamos con tener agua y luz, sin intervención de la milicia, pero ¿cómo vas a mover multitudes para detenerlo si hay miedo?”

A pesar de eso, Marlucia ve esperanza en la insistencia de los habitantes en continuar denunciando los ilícitos que persisten desde hace décadas en Guedes. “Aquí hay varios que presentaron denuncias a la Fiscalía. Son muchos. Eso fue una cosa buena”, dice.

Traducido por Diajanida Hernández